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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 233 | Agosto 2001
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México

Plan Puebla-Panamá y Ley Indígena: un mismo sello

Mientras las ilusiones con que la nación recibió a Fox se desvanecen, y mientras Fox proclama el PPP como su principal plan económico, el proceso de aprobación de la Ley Indígena -que insulta y agravia a los pueblos indios de México- mostró a un país profundamente dividido.

Jorge Alonso

México marcha sin rumbo y a tumbos. Las divisiones y heridas internas se acrecientan. El Presidente está más preocupado por lo que reflejen las encuestas sobre su imagen, que por la realidad. El prestigio presidencial se va deteriorando rápidamente.

Se diluyen las simpatías y las primeras ilusiones

Fox presentó un plan nacional de Desarrollo, que es más bien un listado de buenas intenciones, entre las que no se encuentra la autonomía de los pueblos indígenas. México necesita que se creen 1 millón 300 mil empleos anuales. El año pasado, con un 6.9% de crecimiento económico, apenas se logró la mitad de esa meta y en lo que va de la presente administración se han perdido 201 mil empleos. Mientras en el gobierno no se ponen de acuerdo, se anuncia que el país crecerá sólo un 2.5-3%. Hay agencias internacionales que pronostican un crecimiento menor al 1%, debido en gran parte a la crisis de Estados Unidos, principal socio comercial de México.

Muchas empresas de capital extranjero han ido cerrando sus fábricas en México trasladándolas a lugares donde los salarios son mucho más bajos. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) señaló que las posibilidades de crecimiento en México eran bastante limitadas por la caída de los precios del petróleo, por problemas fiscales derivados del rescate bancario y por la fragilidad del sistema financiero. El Banco de México ha utilizado el tipo de cambio para mantener controlada la inflación, pero esa medida ha sobrevaluado al peso, ha vuelto menos competitivas las exportaciones mexicanas y ha agravado el déficit en cuenta corriente. Hay peligro de un desequilibrio financiero. Cada día se hace más urgente que se impongan restricciones a los flujos internacionales de capitales especulativos, pero el gobierno mexicano no los quiere tocar, argumentando que la afluencia de estos capitales ha permitido una moneda fuerte.

En los últimos tres meses ha habido masivas manifestaciones de maestros que protestan por sus precarios salarios, y de agricultores que exigen mejores precios y que los empresarios les paguen lo que les deben. Un estudio de académicos ha revelado que hoy el campo mexicano se encuentra más deprimido que en tiempos del porfiriato, antes del estallido de la Revolución Mexicana. Existe el riesgo de un desbordamiento social por la catástrofe en el sector agropecuario. Para el gobierno foxista el agro es sólo un espacio de negocios para las grandes agroindustrias y los campesinos mano de obra para maquiladoras y para que se vayan a trabajar a Estados Unidos como migrantes. Sólo se administra el ritmo de su expulsión.

En el gobierno foxista se van consolidando las tendencias conservadoras y la simpatía inicial que había tenido el gobierno se ha ido diluyendo. La desilusión tiene en la cuestión de la legislación indígena una de sus bases más sólidas. Así, al cumplirse un año de las elecciones que sacaron al PRI de la Presidencia de la República no hay claridad en el nuevo gobierno y demandas urgentes y vitales siguen insatisfechas. El Congreso de la Unión tampoco ha estado a la altura de los reclamos ciudadanos. Los partidos políticos se encuentran desprestigiados, y la sociedad civil de "los de abajo" camina por su lado, alejada y hastiada de políticos y empresarios, unidos en una estrecha alianza antipopular.

Plan Puebla-Panamá: "el jaguar americano"

El Presidente Fox ha privilegiado la promoción de sí mismo y del país en el extranjero. Uno de los planes que ha presentado como fundamental en su proyecto es el denominado Plan Puebla Panamá (PPP). En el viaje que realizó a mediados de junio a Centroamérica, y acompañado por los nueve gobernadores del sur mexicano, Fox presentó este plan a los siete mandatarios centroamericanos. Argumentó que se trata de romper con la transmisión generacional de la pobreza y de convertir la región en un polo de desarrollo mundial. Punto central de la cumbre centroamericana de mandatarios de la región con Fox fue un diseño de las bases de financiamiento del PPP y una calendarización de sus proyectos de infraestructura.

Se fijaron también las líneas estratégicas del plan, entre las que destaca la consolidación de una relación de socios comerciales de estos países con México para incrementar el comercio y el turismo. También se habló de lograr una integración vial y de impulsar una interconexión energética y se anunció que se creaba la Comisión de Ingeniería Financiera, presidida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en tres meses presentaría un diagnóstico para arrancar el PPP. El BID ofreció 2 mil millones de dólares al PPP. El plan incluye propuestas relativas a la seguridad, de manera especial en el combate al narcotráfico y al robo de autos y la llamada "cláusula democrática": "Cualquier alteración o ruptura del orden democrático en un estado mesoamericano constituye un obstáculo para la participación del gobierno de dicho estado en el PPP."

Por lo que se puede apreciar, el PPP constituye una pieza más dentro del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) tal como fue planteado en Québec en abril 2001. Eufóricamente se proclamó que para el año 2025 la región sería el nuevo "jaguar americano", pronosticando Fox que el PPP convertiría a México y Centroamérica en un polo de desarrollo "de clase mundial" en América Latina. Invitando a los inversionistas a sumarse al proceso de desarrollo económico del PPP, el Presidente mexicano hizo una confesión que su práctica gubernamental ha ratificado ya con creces: su gobierno era de, por y para los empresarios.

Los globalicríticos han develado que el PPP no es ninguna novedad y que su paternidad no es mexicana. El PPP tiene que ver con el viejo diseño geopolítico de seguridad nacional ideado en la Casa Blanca, con apoyo tanto de los republicanos como de los demócratas. Con él se busca asegurar trabajadores baratos y la explotación de los recursos de la región, consolidar en ella a las compañías transnacionales para así conformar un área que compita con los llamados "tigres asiáticos". Se pretenden los más bajos costos de producción industrial en base a la sobreexplotación de la mano de obra y al subsidio al capital privado, lo que atraería a industrias trasnacionales que recibirán subsidios e inversión externa directa. El financiamiento proveniente del BID está en concordancia con los lineamientos del Banco Mundial. En el plan, a México se le ha asignado el papel de capataz mayor.


Demagogia, colonización y contrainsurgencia

El escritor Carlos Fazio calificó el PPP como el proyecto "de los amos de México". Al promover la entrada masiva de capitales extranjeros sin regulación y con subsidio estatal de infraestructura, se pretende transformar a la región en un enclave maquilador y monoproductor de cultivos de plantación y en un lugar privilegiado para la exportación con base en la mano de obra deprimida y en la rapiña de los recursos locales.

Un análisis del PPP -el principal plan económico del foxismo- y de sus patrocinadores internos y externos no puede dejar de examinar las clases que se benefician de él y las que se sacrifican por él. El PPP intenta la "americanización" de la región en el sentido de que quede a merced de los designios y del "destino manifiesto" de Estados Unidos y se inscribe en el denominado "consenso de Washington", apuntando a una colonización salvaje del sureste mexicano y de toda Centroamérica. La "modernización" neoliberal que propone el PPP busca legitimar una rapiña que acentuará el carácter dependiente de nuestras economías, aunque se presente como un instrumento para impulsar el desarrollo con la intención de remediar la pobreza y la marginación invirtiendo en la generación de empleos. Lo que no se dice es que serán empleos mal pagados que puedan competir con la mano de obra de otras regiones del mundo. El investigador Armando Bartra ha advertido que el PPP combina demagogia, contrainsurgencia y llamados a una nueva colonización. Y si en cualquier convenio internacional se deben tener en cuenta las asimetrías, el PPP no lo hace. Tan sólo sigue los pasos de todos los tratados comerciales, que no han sido sino patentes de corso para los inversionistas, sin tener en cuenta los derechos laborales, migratorios y ambientales.

Se podría decir que, en un mundo globalizado, no hay otro camino. No obstante, los críticos también presentan alternativas. Lo primero es poner al descubierto las verdaderas intenciones de este plan. Después, no sólo hay que llamar a resistir, sino a presentar opciones. Un PPP de la sociedad civil de "los de abajo" debería privilegiar el autogobierno regional, en donde un punto clave sería la autonomía de los pueblos indios y la autogestión económica, encarnada en los pequeños productores sureños.

Un desafío: el PPP pasa por Chiapas

Un verdadero plan que beneficiara el desarrollo de los pueblos implicados sólo podría darse a partir de potenciar las experiencias autonómicas autogestionarias desarrolladas de manera colectiva y solidaria en esa región mexicana para devolver a la población la subsistencia alimentaria y la soberanía laboral. Esto es difícil, pero posible. No hay que dejarse llevar por las ilusiones democráticas -limitadas a la democracia electoral- que contiene el PPP. La meta es lograr una democracia social y cultural que implemente una lógica de mercado subordinada a fines humanos.

Salta a la vista que en el plan presentado por Fox no pueden entrar indígenas con autonomía que decidan sobre los recursos de sus territorios, como se demandaba en el proyecto de ley COCOPA, aspecto suprimido en la nueva legislación indígena. En este contexto habría que ubicar las declaraciones foxistas en Centroamérica, según las cuales el zapatismo ha entrado a un proceso de desactivación. Por eso, Fox consideró que no había que dar más espacios o poder al zapatismo, afirmó que en Chiapas ya no existía conflicto y que había paz, y que el PPP era "mil veces más que el EZLN o una comunidad chiapaneca". Al tratar de minimizar al movimiento zapatista, Fox destacó que aunque no había pláticas tampoco había violencia. Retador, aclaró que si hubiera algún proyecto del PPP que se quisiera instalar en la zona zapatista y no era aceptado, se ubicaría en otro sitio. Siguiendo esta orientación, el coordinador en México del PPP ha anunciado que allí donde los grupos sociales no acepten los proyectos no se echarán a andar, queriendo ocultar que en el actual proceso mundial de globalización, globalizadores y globalizados son realmente ganadores y prescindibles.

Tanto el PRD como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro criticaron los pronunciamientos de Fox en Centroamérica con respecto a Chiapas. El Centro Miguel Agustín Pro advirtió que el zapatismo no era sólo un movimiento local, y que no era cierto que se estaba desactivando. El PRD calificó las declaraciones de irresponsables y hasta provocadoras, pues parecían querer incitar al EZLN a retomar el camino de las armas. El PRD señaló que, cuando Fox dijo que no se debían abrir más espacios a los zapatistas, apuntaba a cercarlos y a utilizar contra ellos la represión. Está claro que mientras no haya una reforma constitucional que respete auténticamente los derechos de los pueblos indios, el PPP representará solamente un nuevo despojo y saqueo de los recursos de estos pueblos.

Proceso de la Ley Indígena: tensos inicios

Una vez que la alianza del PAN y del PRI logró hace unos meses en el Congreso de la Unión una modificación constitucional en contra de las demandas de los pueblos indios, el problema se trasladó a los Congresos de los Estados de la federación mexicana. La reforma constitucional necesitaba la aprobación de la mayoría de estos Congresos locales. Si en 16 Congresos se aceptaba la reforma, ésta podía pasar a ser parte de la Carta Magna. Este proceso fue mostrando un México profundamente dividido.

A principios de junio el coordinador presidencial para la alianza ciudadana, Rodolfo Elizondo, aceptó que las autoridades federales respaldaban la reforma a la Ley Indígena tal como la había aprobado el Congreso de la Unión, añadiendo que si la reforma no era aceptada por el EZLN ni por el Congreso Nacional Indígena ése no era asunto que el Ejecutivo pudiera resolver. Este enfoque provocó preocupación en la COCOPA: ¿era esta la posición presidencial o era una opinión particular? La Secretaría de Gobernación planteó dos escenarios: si los Congresos locales aprobaban la Ley Indígena se harían cambios a 30 dependencias gubernamentales, si la Ley era rechazada se replantearían encuentros con actores principales. Gobernación volvió sobre un enfoque muy usado por el zedillismo: el gobierno quería ver "la voluntad" del EZLN para avanzar en el proceso de pacificación.

Con esto quería responsabilizar al zapatismo de la ruptura del diálogo olvidando la burla que representó la reforma a la Ley sobre derechos y cultura indígenas. Elizondo puntualizó que se estaba esperando a que las legislaturas locales se pronunciaran sobre la ley para diseñar acciones en Chiapas. El diputado del PT Félix Castellanos argumentó que lo único claro era que la reforma constitucional no había contribuido a la paz. El Senador del PRD -el único en defender la nueva ley ante las renovadas impugnaciones- respondió que en las leyes secundarias se podían resolver las objeciones levantadas por su propio partido y las que presentaron los Congresos locales que no aprobaron la Ley. Precisó que en los ordenamientos locales se podía ir más allá de la reforma y que lo que les estaba prohibido a los congresos locales era quedarse por debajo de la normatividad federal. Tanto diputados del PRD como del PT refutaron este enfoque. Cualquier ley reglamentaria no resolvería el problema porque no podía estar por encima de la reforma constitucional y la única salida sería una reforma de la reforma.

Los integrantes de la COCOPA plantearon al Secretario de Gobernación y al titular de la oficina para la alianza ciudadana su preocupación por la tensión que se vivía en las zonas de Chiapas desocupadas por el ejército. En Guadalupe Tepeyac la población, en muestra de rechazo a la propuesta gubernamental, había clausurado las instalaciones destinadas al centro de desarrollo, no queriendo recibir atención a través de dependencias federales. El coordinador presidencial de la alianza ciudadana señaló que al margen del resultado de la decisión final de los Congresos locales sobre la Ley indígena, el problema de Chiapas no consistía en una ley, e indicó que Fox se había comprometido a tomar una posición estratégica atacando y resolviendo las causas que habían originado el conflicto: problemas de tenencia de tierra, justicia, salud y educación. No se refirió nunca a la demanda de dignidad ni al derecho de los indígenas a decidir por sí mismos. El comisionado gubernamental para la paz, Luis H. Alvarez, se quejó de que en sus zonas de influencia los zapatistas impedían la aplicación de los proyectos sociales del gobierno y pidió a la COCOPA que revisara su marco legal, insinuando la desaparición de este organismo, aunque esto iría en contra de la vigente ley de pacificación. El gobernador chiapaneco tuvo que recomendar al comisionado presidencial para la paz que tuviera prudencia en sus opiniones.

Chiapas: expediente abierto

Una vez que los zapatistas declararon su oposición a una reforma que no los tuvo en cuenta mantuvieron silencio. El Congreso Nacional Indígena no ha dejado de objetar que, si bien la reforma habla de la autonomía de los pueblos, no establece los mecanismos por los cuales se pueda ejercer, no admite el territorio de las comunidades, y no reconoce a los indígenas como sujetos de derecho público.

La red de defensores comunitarios de derechos humanos en Chiapas denunciaron a principios de junio la reaparición de la tensión en la zona de conflicto. Puntualizaron que desde hacía un mes se habían incrementado los patrullajes militares en varios sitios. También mostraron su inconformidad con movimientos del ejército que intimidaban comunidades, sobre todo en el municipio autónomo Flores Magón. Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron el que paramilitares del grupo sarcásticamente denominado Paz y Justicia hubieran sido liberados con fianza a pesar de haber cometido delitos graves.

En este caso fue obvia la impunidad: el Ministerio Público Federal al consignarlos, a pesar de tener muchas pruebas, con mala fe no las incorporó al expediente, lo que demostró que se les había encarcelado sólo para dar la imagen de que se perseguía a los paramilitares, cuando en el fondo se les protegía. El periódico "La Jornada" hizo público que kaibiles guatemaltecos -integrantes del cuerpo militar que impunemente violó derechos humanos durante el conflicto guatemalteco- estaban ofreciendo adiestramiento a soldados mexicanos, privilegiando las tácticas de contrainsurgencia. El 24 de junio, el gobernador de Chiapas aclaró que los paramilitares se encontraban debilitados porque su gobierno les había quitado cobijo y sustento y rechazó que hubiera hostigamiento de militares contra las comunidades. Pero, difiriendo con el gobierno federal, reconoció que en Chiapas no había paz sino un expediente abierto y subrayó que respetaba la resistencia del EZLN.

"Nada ha cambiado"

A principios de julio Fox visitó Chiapas. Allí dijo que México y Chiapas no estaban para confrontaciones, y presentó los proyectos gubernamentales Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo y Programa Nacional de Salud. Nunca se refirió a los zapatistas, dando a entender que los problemas de la región se solucionarían con ese tipo de programas gubernamentales. En la segunda quincena de julio se incrementaron las denuncias de las comunidades zapatistas sobre el aumento de la amenaza de los paramilitares: en el municipio autónomo El Trabajo y en la comunidad Roberto Barrios había personas amenazadas de muerte, casas saqueadas, animales sacrificados, asaltos, presiones para que aceptaran el programa gubernamental Progresa, y hasta un catequista fue hostigado por hablar mal del Plan Puebla Panamá. Entre los paramilitares, los principales activistas pertenecen al grupo criminal denominado Paz y Justicia. En Polo, donde viven once mil desplazados, se encuentran rodeados de 25 campamentos del ejército. Los indígenas manifestaban que nada había cambiado con el nuevo gobierno.

"Que la Virgen de Guadalupe perdone a los mestizos"

Voces nacionales e internacionales han seguido apoyando la causa zapatista. El 19 de junio destacados intelectuales y grupos sociales de todo el mundo reiteraron su respaldo a la lucha del EZLN con un comunicado titulado "Por el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígena". En él se denuncia que la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión modifica sustancialmente la propuesta inicial de la COCOPA. Previendo que el acuerdo suscrito por la alianza PRI-PAN fuera ratificado por una mayoría de Congresos locales, por lo que alcanzaría el rango de ley, advertían que esa ley no sería aceptada por el EZLN ni por el CNI por vulnerar los acuerdos de San Andrés. "Reconocemos a los pueblos indios sus derechos, quienes aunque la ley no los reconozca, han abierto espacios en todo el mundo de dignidad, democracia y justicia para todos y todas".

Cuando el 20 de junio Pablo González Casanova recibió el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Complutense de Madrid expresó que la filosofía de los zapatistas era una de las expresiones más elevadas del ser humano, pues hacía confluir la cultura maya con la española y con la universal, tanto en sus manifestaciones modernas como postmodernas.

El 1 de julio el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, y personalidades como Pablo González Casanova, Conchita Calvillo viuda de Nava, y miles de firmas más -religiosos, académicos, intelectuales, artistas, ONGs- pidieron a los Congresos locales que rechazaran la reforma aprobada en el Congreso de la Unión por ser contraria a los pueblos indios y porque constituía una amenaza para la paz. El 22 de julio en la Basílica de Guadalupe el obispo Raúl Vera -quien fuera auxiliar de Samuel Ruiz, y no confirmado por el Vaticano en la diócesis de San Cristóbal de las Casas sino enviado a Saltillo, al otro extremo del país-, preocupado porque la paz "pende de alfileres", pidió a la Virgen de Guadalupe que perdonara a los mestizos por haber aprobado una reforma contraria a los intereses de los pueblos indios.

Congresos locales: no oyeron "la voz del Sur"

Mientras el gobernador príista de Oaxaca exhortó a los legisladores locales a no votar a favor de esa reforma porque no satisfacía la condición de servir como instrumento para alcanzar la paz, el senador príista Bartlett y el senador panista Fernández de Cevallos, cada uno por su lado, se dedicaron a presionar a los diputados locales de sus partidos para que acataran la reforma que ellos mismos habían impulsado. Durante junio y julio los congresos locales se fueron pronunciando frente a la Ley indígena reformada. Los panistas la apoyaron. Los príistas se dividieron según intereses locales.

El PRD fue unánime en el rechazo. Las diversas combinaciones en los distintos escenarios locales crean un escenario de división. A mediados de julio, 15 Congresos ya habían aprobado la reforma y faltaba sólo una aprobación más para hacerla ley.

En una tercera parte de los Congresos la ley había sido rechazada. Entre ellos, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, donde se concentra la mayoría de la población indígena de México. En Guerrero indígenas de cuatro etnias se tomaron simbólicamente el Congreso para demandar a los diputados que no votaran a favor de la Ley Indígena por ser "facciosa, racista y discriminatoria". En Chiapas los indígenas hicieron manifestaciones frente al Congreso para exigirle que votara en contra. El Congreso chiapaneco rechazó la reforma argumentando que no lograba la disolución del movimiento beligerante puesto que el EZLN ha insistido en que la reforma traiciona los acuerdos de San Andrés en los puntos sustanciales de autonomía y libre determinación. Tanto los gobernantes de Chiapas y de Oaxaca como el obispo de San Cristóbal de las Casas llamaron a los Congresos y a los ciudadanos a valorar el hecho de que en donde se concentra la mayoría de la población indígena se rechazaba la reforma.

También en los Estados en donde la reforma indígena fue aprobada hubo manifestaciones de repudio de representantes de pueblos indios. Indígenas huicholes y nahuas se tomaron el Congreso de Jalisco, y en sesión simbólica, sentados en las curules de los diputados, votaron en contra de las reformas promovidas por el Congreso de la Unión.

Finalmente, el 12 de julio el Congreso de Michoacán y el de Nayarit aprobaron las modificaciones constitucionales. 17 congresos locales habían aprobado la reforma. Hay que destacar que los legisladores michoacanos sesionaron a puerta cerrada para impedir que grupos indios ingresaran al recinto legislativo a repudiarlos. En ese estado, el Congreso ignoró el rechazo manifestado en cinco foros a los que acudieron las etnias de esa entidad convocadas por los mismos legisladores. El encargado de la comisión michoacana de asuntos indígenas reconoció que la reforma representaba una afrenta a todos los pueblos indios de México. Ese mismo día por la mañana había sido difundido un comunicado de los gobernadores y de los representantes de los Congresos de Chiapas y de Oaxaca en el que llamaban a los Congresos que faltaban por votar a que oyeran "la voz del sur", resaltando que el rechazo de los indígenas a la reforma era una muestra de que esa ley no era la adecuada para ellos y que no beneficiaba la paz. Tampoco fueron oídos.

Nuevos debates por la mayoría calificada

En el Estado de Morelos hubo un voto mayoritario en contra de la nueva legislación. Pero un elemento invalidó el proceso: la votación en contra no había contado con las dos terceras partes de los legisladores. El caso de Morelos dio pie a que se entablara una nueva discusión acerca de si había sido o no constitucional la aprobación en otros congresos locales: en Aguascalientes, Durango, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala la aprobación no se atuvo a la norma constitucional de las dos terceras partes. Esto tampoco se había tenido en cuenta en Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí y Sinaloa, que habían votado en contra. En los Estados con mayor población indígena el repudio sí había tenido el respaldo de la mayoría denominada "calificada".

El PRD argumentó que, como la aprobación de 8 congresos no había sido con las dos terceras partes de sus integrantes, la reforma constitucional sólo llevaba el voto aprobatorio en 9 congresos; y como sólo faltaban 4 por resolver la cuestión, la aprobación de legislaturas locales no alcanzaría a llegar al número requerido por la ley. Senadores príistas respondieron que la mayoría calificada no se necesitaba en los congresos locales. Y legisladores federales del PAN y del PRI mostraron la intención de cerrar rápidamente el caso y dar por terminado el proceso con un recuento de los Congresos locales que aprobaron la Ley Indígena. El PRD los acusó de que pretendían evitar las impugnaciones legales.

En Tlaxcala el gobernador vetó la aprobación que hizo el Congreso local. En Puebla un municipio inició una controversia constitucional en contra de la reforma y la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió esta controversia para su estudio, siendo la primera vez que la Corte admite una controversia que pone en tela de juicio la legitimidad de una reforma a la Constitución. El municipio argumentó que durante el proceso de modificación constitucional se ignoró el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La Suprema Corte precisó que, en caso de que el municipio ganara la sentencia, sólo se beneficiaría ese municipio y no el resto del país.

El PRD declaró que la reforma había nacido muerta. No respetaba el espíritu de los acuerdos de San Andrés y contravenía disposiciones emanadas del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indios. Se dispuso entonces a preparar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las legislaturas en donde la aprobación no había sido por mayoría calificada. La controversia implica la suspensión provisional de la reforma, hasta el pronunciamiento de la Suprema Corte. El PRD anunció movilizaciones populares para exigir que se reabriera el debate sobre el tema indígena.

La legislación ha multiplicado las muestras de inconformidad de los pueblos indios y de los gobernantes de entidades con mayoría indígena. El gobernador de Chiapas insistió en que el rechazo a la Ley Indígena en los Estados con mayor presencia de etnias era un dato "traumático" para el Congreso de la Unión, que debería discutir de nuevo el tema, pues si los destinatarios de esa Ley eran los indios y ellos no la aceptaban, la ley no serviría.

18 de julio: insólita consumación

Ante la evidencia de la división causada en todo el país por la reforma de la Ley indígena, se sugirió que el Congreso federal reflexionara y solucionara la crisis absteniéndose de emitir la declaratoria final para que la reforma no se consumara. En diversos foros se levantaron voces de indígenas que demandaron el veto presidencial a la Ley. Pero en el equipo de Fox se adujo que no era posible dada la correlación de fuerzas con el Congreso.

El 18 de julio volvieron a destacarse dos personajes que cuentan con un condenable historial político. El panista Diego Fernández de Cevallos, quien fue un operador del desprestigiado Carlos Salinas de Gortari cuando fue presidente de la República; y el príista Manuel Bartlett, quien consumó el escandaloso fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, impulsaron en el Congreso de la Unión lo que el PRD, el PT y el Partido Verde calificaron de un "albazo legislativo". A pesar de que no estaba en la agenda, la dupla Fernández-Bartlett se impuso para realizar, con dispensa de trámite y por encima de los acuerdos parlamentarios, el cómputo de los Congresos locales que avalaron la cuestionada reforma indígena. En el debate se recordó que Fernández de Cevallos hablaba despectivamente de los indígenas como "esos descalzonados" y se le achacó ser un obstáculo para la paz. Prepotente, el panista retó a los opositores a verse en los tribunales, y se fue a una cantina para celebrar la consumación de la reforma constitucional en materia indígena. Bartlett se ufanó de que la ley ya estuviera consumada.

Inconformidad y rechazos

La Presidencia de la República comunicó que acataba lo que el Congreso había decidido. La encargada presidencial de la oficina para el desarrollo de los pueblos indígenas aceptó que no era viable el veto presidencial, aunque reconoció que había descontento entre los pueblos indígenas. Cárdenas se reunió con el comité ejecutivo del PRD para iniciar los preparativos de la controversia constitucional que el PRD va a promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conectado con este tema también analizó el PRD lo relativo al Plan Puebla Panamá, declarando que el gobierno foxista no estaba dando respuesta a las demandas populares. Los gobernadores de Chiapas y de Oaxaca evaluaron la opción de presentar una controversia constitucional conjunta contra la Ley indígena.

En Chiapas varios presidentes municipales presentarán ante la Organización Internacional del Trabajo una denuncia por la violación a sus garantías colectivas e individuales derivadas de la aprobación de las reformas a la Ley indígena y por incumplimiento por parte del gobierno mexicano del Convenio 169 de ese organismo. Al conocer que en el Congreso se había hecho ya el cómputo de votos, Congresos locales, gobernadores, legisladores locales y municipios opuestos a la ley manifestaron su inconformidad y su rechazo. Diversas organizaciones indígenas aseguraron que no acatarían la Ley y llamaron a un encuentro nacional para analizar estrategias a fin de oponerse a las modificaciones. Pablo González Casanova resaltó las dos contrarreformas a la Constitución ocurridas en México: la que modificó el artículo 27 que defendía los derechos campesinos, y la realizada en materia indígena, consumada el 18 de julio de forma insólita. La COCOPA criticó la aprobación del nuevo marco constitucional indígena y señaló que la forma apresurada y poco prudente con que se había llegado a la etapa final promovería mucho ruido en la discusión. La COCOPA anunció que el organismo buscaría alternativas ante la nueva situación.

Ni una voz indígena a favor de la Ley

Una vez que se dio la legalmente dudosa aprobación por los Congresos locales, el comisionado por la paz y la COCOPA anunciaron que examinarían lo ocurrido. El PRD acusó a Fox de haber promovido en exceso su propuesta de reforma fiscal y, en cambio, de no haber defendido consecuentemente su iniciativa de reforma en materia indígena. En una entrevista, el sociólogo francés Alain Touraine consideró que los grupos parlamentarios que dejaron de lado la iniciativa de la COCOPA y elaboraron otra, totalmente diversa, lo habían hecho no tanto por su confrontación con Marcos sino con el Presidente Fox. Alertó sobre el peligro que representa que el gobierno no de prioridad a la cuestión indígena.

Es obvio que no tiene sentido mantener un ordenamiento que resulta contrario a lo que pretendía resolver. El PAN, con su inocultable ideología adversa a los intereses de los indígenas, se ha convertido en un enorme obstáculo para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios. Resulta agraviante que una legislación para los indios haya sido elaborada y promovida por quienes son enemigos de que los indígenas mexicanos defiendan sus derechos tanto a la igualdad como a la diferencia. Con la reforma, la alianza de legisladores panistas y príistas ha pretendido desconocer la lucha que durante siete años han llevado a cabo importantes grupos de la sociedad.

El abogado especialista en legislaciones indígenas, Francisco López Bárcenas, llamó la atención sobre el hecho de que una reforma constitucional implica modificar el pacto político a través del cual la sociedad establece las normas generales que deben regir la conducta de sus miembros. Lo paradójico es que esta Ley de derechos y cultura indígenas tiene el repudio del EZLN, del Congreso Nacional Indígena, de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía, del Movimiento Indígena Mexicano, del Poder Legislativo y Ejecutivo en los Estados donde se asientan gran parte de los indígenas mexicanos, y de los especialistas en derecho indígena que han estudiado el caso. López Bárcenas destaca que en el mundo indígena no ha habido ni una voz a favor de esta ley.

Un error histórico

A mediados de julio integrantes de la COCOPA se reunieron con especialistas en materia indígena, que hicieron ver que, en lugar de servir para construir acuerdos en torno a los derechos y cultura indígenas, la Ley había dividido. Los especialistas demandaron a la COCOPA, instancia de coadyuvancia para la paz, que adopte una actitud más firme y valiente para elaborar una nueva propuesta de paz. De persistir la soberbia de los supuestos ganadores, su "error histórico", aseguraron que la situación de las etnias -y no sólo en Chiapas- se tornaría más conflictiva. Señalaron que se debía hacer conciencia al Presidente de que la reforma había dividido profundamente a la nación, para que acudiera al recurso del veto. El director del Instituto Nacional Indigenista y la responsable de la oficina presidencial para el desarrollo de los pueblos indios declararon que aún era tiempo de rectificar. Si uno de los objetivos de la iniciativa había sido la reanudación del diálogo para avanzar en la construcción de la paz, eso no se había logrado, y el Congreso tenía el deber de escuchar todas las voces.

De la gran esperanza a la gran desilusión

El grupo del obispo emérito Samuel Ruiz, Servicios y Asesorías para la Paz, hizo un diagnóstico pesimista a raíz de la nueva legislación indígena, en el que se afirma que, pese al cambio electoral, el viejo régimen no ha desaparecido, concluyendo que la nueva Ley introduce a Chiapas en una de las peores crisis desde 1994, acrecentándose el riesgo de un retroceso a condiciones y criterios de las estrategias aplicadas durante el tiempo de Zedillo. El diagnóstico afirma que el gobierno foxista no ha cumplido las tres señales demandadas por el EZLN, que la ruta de las armas ha quedado abierta como única viable para muchos grupos, y que de la gran esperanza por la Marcha zapatista se ha pasado a la gran desilusión por la actuación de la clase política dominante. Así, es previsible el recrudecimiento del conflicto, pues el gobierno foxista ha anunciado que intentará soluciones sociales, que se harán sin diálogo, verticales y al margen de las comunidades, existiendo el peligro de que crezca la alternativa militar. El grupo del obispo Ruiz llamó a buscar una nueva estrategia civil de paz, planteando la conveniencia de realizar un encuentro internacional por la paz en México.

"No es derrota, es el principio de una batalla"

Pablo González Casanova llamó a actuar en contra del desánimo y de la idea de una derrota, resaltando que lo ocurrido es el principio de una batalla que ganarían "los indígenas y la sociedad civil de los de abajo". La especialista en derecho indígena Magdalena Gómez comentó que, a pesar del descalabro que significa la contrarreforma, los pueblos indios siguen activos y han cerrado filas contra el Congreso de la Unión. Señaló que la COCOPA se había deslegitimado al no haber cerrado filas en defensa de su propia iniciativa. El Ejecutivo -escudado en la división de poderes- dejó pasar y no asumió una postura coherente con la iniciativa que envió, con lo que queda esperar la actuación del Poder Judicial ante las controversias constitucionales contra la nueva ley. El investigador Luis Javier Garrido objetó: sí había una derrota, pero era la del nuevo gobierno. Advirtió que no podía prosperar una modificación constitucional impuesta por la clase política en contra de los intereses de los pueblos indios y que si el gobierno apostaba a vencer las resistencias de los pueblos indios se encontraría con otra lección de la historia, porque ellos buscarían hacer valer sus derechos, estén o no reconocidos.

PPP y Ley Indígena. El mismo sello

En México se está viviendo una aguda crisis política al ser tan grande la brecha entre las expectativas de la gente y lo que los gobernantes y legisladores hacen y han mostrado que seguirán haciendo. La mayoría de los ciudadanos se ven impedidos de hacer efectivos derechos básicos en lo económico y sobre todo en lo cultural. Cada día son factibles los estallidos sociales. La nueva legislación en materia indígena abre la puerta a desalientos y descontentos. El zapatismo sigue siendo tanto una defensa de las culturas amenazadas y una exigencia de democratización económica y social. Se requiere, ahora más que antes, una capacidad creativa de los organismos de la sociedad civil para acotar a los políticos, para sacarlos de sus círculos elitistas y obligarlos a rendir cuentas, a escuchar a la gente, a dar respuesta convincente a las necesidades planteadas, y a incluir a los ciudadanos en el diseño y el control de las decisiones.

El sentido de la nueva Ley Indígena concuerda con el del Plan Puebla Panamá, constituyéndose en dos piezas fundamentales del neoliberalismo en la región. Urge un fuerte movimiento cívico que proponga una alternativa viable y que sea capaz de construir condiciones para que la utopía libertaria se haga realidad.

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