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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 157 | Marzo 1995
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Nicaragua

Huelga de cúpulas, hambre del pueblo

No podemos continuar soportando políticas recesivas en el corto plazo prtendiendo que creceremos en el futuro. El largo plazo comienza en el corto plazo. Y las cúpulas políticas deben entenderlo.

Equipo Nitlápan-Envío

A principios del siglo pasado, después de los fracasados intentos de la Federación Centroamericana, y hasta que los conservadores empezaron a consolidar el Estado Nacional -aprovechando el rechazo exitoso de la expedición de Walker- transcurrieron tres décadas durante las cuales las continuas disputas inter-oligárquicas permitieron el desarrollo económico del campesino nicaragüense, recién liberado de la organización colonial orientada a explotar el trabajo indígena.

Ese desarrollo -visible en el auge de los mercados locales y en el crecimiento poblacional- daba razón al dicho popular: "Cuando los zorros pelean entre ellos, las gallinas se ríen". Hoy cuando las élites gobernantes se olvidan de gobernar y se dedican a pelearse, cuando confunden la política con el pleito, el pueblo se hunde en el decaimiento. La anarquía desanima las inversiones, el apoyo internacional se hace cauteloso y la burocracia administrativa se vuelve más ineficiente que nunca por falta de motivación cívica. Todo esto no puede contribuir ni a aumentar el empleo ni a fomentar el desarrollo social, sino todo lo contrario.

Reformas vs administración secretista

A diferencia de lo que sucedió en México recientemente, donde el aparente éxito del programa de ajuste neoliberal entró en crisis simultáneamente a la crisis en el corazón del sistema político y a la rebelión en Chiapas, en Nicaragua la crisis política ni siquiera permite que se aplique el ajuste. Pese a ello, el control de la inflación y el retroceso del Estado siguen siendo los únicos altares sobre los cuales sacrifica la tecnocracia gubernamental, con el beneplácito de sus mentores financieros internacionales.

Para pagar la deuda externa, el gobierno está dispuesto a sacrificar hasta los ingresos fiscales obtenidos con los impuestos pagados con el hambre del pueblo. Para servir a su obsesión antiinflacionaria, está dispuesto a prometer a los financiadores internacionales que el país seguirá fiel a una política monetaria y fiscal que profundiza la recesión y el desempleo.

Mientras tanto, los activos, las fincas, las empresas descapitalizadas y arruinadas, cambian de mano. Mientras muchos pierden y están obligados a vender, otros compran barato y acumulan, esperando el retorno de las vacas gordas. La concentración del capital avanza, a costa de la "piñata" en la privatización de los bienes estatales. Después de la piñata sandinista, la piñata chamorrista...

Y el "premio gordo" de esa piñata: las telecomunicaciones. Generan al Estado ingresos modestos pero en crecimiento y se van a privatizar en nombre de dudosos argumentos. ¿Por qué tiene tanto interés el Banco Mundial en convencernos de las ventajas de esa transacción? ¿Qué es lo que impide al Banco Mundial que nos ha otorgado muchos préstamos imposibles de reembolsar porque nunca fomentan ni desarrollo ni exportaciones financiar la necesaria inversión pública en las telecomunicaciones?

Viendo a los funcionarios del gobierno presionar a los representantes del pueblo y tratar de chantajearlos para forzar la aprobación de la ley de privatización de TELCOR una medida de tan dudoso interés para la nación se entiende mejor la gran necesidad que tiene el país de reforzar sus instituciones para lograr una mayor transparencia en el proceso de las decisiones gubernamentales.

Un mayor equilibrio entre los poderes del Estado facilita la regulación que necesita toda economía de mercado y la conducción democrática que exige una economía de mercado en proceso de formación. Por el contrario, la consolidación de una administración todopoderosa y secretista lleva a un exceso de reglamentaciones que impide el desempeño de la economía. En cuanto a ese equilibrio y en cuanto a la reorganización estatal, las reformas constitucionales van por el buen camino. Pero su aplicación, y hasta su misma vigencia, están hoy en tela de juicio por la falta de escrúpulos de personajes y grupos políticos que ven lesionados con ellas sus intereses inmediatos. Muchas de las soluciones que se plantean como especulación o como proyecto expresan que las cúpulas han decidido no trabajar por Nicaragua. ¿Hasta cuándo su huelga seguirá teniendo en vilo al país y al pueblo?

El "ejemplo" de México

¿Qué lecciones debemos sacar de la crisis mexicana? Lo que acaba de suceder en México nos concierne por varias razones. Porque México fue elevado al rango de ejemplo como exitoso modelo en la aplicación de las políticas de ajuste estructural desde hace más de una década. Durante la Presidencia de Salinas y con la integración de México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se quiso ejemplificar en México el camino por el que un país del Tercer Mundo ingresa en las filas del Primer Mundo.

Nos concierne también la crisis mexicana porque el TLC no ha sido más que la primera jugada de una partida donde Estados Unidos pretende hacer de todo el continente americano "su" bloque económico para enfrentarse a Europa y a Asia del Este.

Finalmente, nos concierne porque su ejemplo bueno o malo puede influenciar a quienes en Nicaragua deciden políticas. Y no tanto porque el efecto tequila pueda tener repercusiones en nuestro mercado financiero como es el caso en Canadá, Brasil, Argentina, Chile o Perú , porque no tenemos mercado financiero, sino porque las economías vecinas pueden reaccionar frente a acontecimientos de este tipo de una manera que haga más difícil aún la integración centroamericana, pese a que es vital para las economías de Centroamérica conformar un sub bloque en vez de dejarse integrar, país por país, al mercado continental. El primero en romper filas ha sido El Salvador. El gobierno de ARENA está planeando una total dolarización de la economía con la introducción de un nuevo colón igual al dólar, intentando así jugar solos y al margen de Centroamérica.

Tras la fragilidad financiera

El modelo mexicano ha fracasado. Enfrentado a la obligación de pagar un servicio de la deuda pública y de los bonos del Tesoro por un total de 26 mil millones de dólares en este primer semestre de 1995, comenzando el año con apenas 5 mil millones de reservas en divisas, enfrentando una importante deuda privada externa (con una deuda de 300 millones de dólares, las empresas mexicanas presionan fuertemente por la compra de dólares) y con un déficit comercial de 18 mil millones de dólares, el gobierno mexicano decidió devaluar el peso, renunciado a la imagen ficticia de una moneda fuerte y estable y libremente convertible con el dólar.

Un gobierno no puede impedir la especulación contra su moneda cuando los grandes capitales buscan plazas financieras más seguras porque sienten que la situación comienza a ir mal. La situación en Chiapas y la incapacidad del gobierno para negociar políticamente este conflicto y la crisis interna en el partido Estado expresada hasta en asesinatos llevó a los grandes capitales a protegerse, precipitando la caída del sistema. Detrás de la fragilidad financiera que ha expresado la crisis mexicana está una tremenda fragilidad económica. Mientras una década de políticas de ajuste estructural han multiplicado por diez el número de multimillonarios mexicanos, las sucesivas recesiones internas supuestamente destinadas a reducir los déficit externos, como proclama siempre la retórica del ajuste han colocado a las empresas nacionales en una situación financiera insostenible. Al no poder resistir la baja de sus acciones en la bolsa, aumenta el número de empresas en quiebra y en el caso de las empresas públicas, aumentan las privatizaciones.

La crisis provocará una mayor transnacionalización de la producción mexicana, dado que pocos son los capitalistas mexicanos que, como un Carlos Slim el hombre más rico de México, con una fortuna personal estimada en 8 mil 500 millones de dólares podrán comprarlas. Slim dedicó varias decenas de millones de dólares a comprar acciones en la bolsa de México después de la crisis del 11 de enero.

Dos bueyes en la carreta

La otra cara de la moneda que es a la vez producto de la recesión financiera y factor que conspira para mantener las empresas al borde de la quiebra es la contención de los salarios. Gracias a los arreglos PRI Estado Sindicatos, el poder de compra del salario en México ha venido disminuyendo en un 60% desde 1982. La quinta parte de los mexicanos vive en la extrema pobreza.

El resultado de todas estas políticas monetaristas recesivas era el que se podía esperar. El afán de controlar la inflación en el supuesto de que es un impuesto que grava al pueblo, pero en la realidad porque es una traba que impide el libre juego de las especulaciones financieras internacionales , lleva a mantener contraídas la inversión real y el empleo y esto contribuye a mantener bajos los salarios, lo que compensa la pérdida de ganancias de las empresas por falta de actividad. Pero sólo en el corto plazo. A la larga, tanto el capital industrial como la fuerza laboral pagan los costos, aunque los Ministros de Finanzas enarbolen con su despreocupada suficiencia los resultados gloriosos de la "baja inflación" y del "reducido déficit fiscal".

No es que sea malo en sí mismo el tener baja inflación y ahorro fiscal. El problema es si estos resultados se obtienen a partir de ilusorias políticas monetarias o si son el producto de una economía sana, equilibrada, en crecimiento, donde el trabajo está bien remunerado y el capital se invierte sin temor. Lo que demuestra México es que no se puede poner la economía de un país en una senda de este tipo a partir de políticas monetarias y crediticias recesivas.

La carreta del ajuste estructural tiene dos bueyes: uno es el control de la inflación, el otro es la reducción del Estado. La reducción del Estado es necesaria porque el gasto del Estado es supuestamente factor de inflación. Y la reducción de la inflación es necesaria porque las políticas inflacionarias facilitan el abultamiento del Estado. Lo malo es cuando en el camino cada buey ayuda al otro a tirar una carreta en la que no sabemos lo que hay. Cada buey se justifica por el otro, pero la carreta no justifica a ninguno de los dos. Lo peor es que ni siquiera sabemos si hay carreta.

El "agua sucia"

Con la crisis política provocada en Nicaragua a raíz de las reformas constitucionales se ha vuelto a especular sobre la inflación y una gran devaluación de la moneda. Cuando en marzo/91, Antonio Lacayo empeñó su palabra y la del gobierno prometiendo que ya no se fabricaría más "agua sucia", tenía la suerte de que en la Asamblea Nacional no había nadie que lo emplazara a mantener esa promesa. Y más suerte aún: el Legislativo no podía provocar la renuncia del gobierno por la práctica del retiro del voto de confianza en caso de que faltara a su promesa.

Lo primero que hay que definir es qué cosa es "agua sucia". Si el Ministro se refería a "una oferta monetaria que no provoque inflación", se estaba metiendo en un serio problema. Primero, porque en una economía como la de Nicaragua existen muchas fuentes de inflación y la inflación en sus diferentes formas puede guardar muy poca relación con la oferta monetaria y con sus variaciones. Segundo, porque en una economía dotada de un sistema financiero independiente, la oferta de dinero y particularmente de crédito escapa en parte a las autoridades centrales, que se ven en la situación de constatar la oferta de crédito y, a menudo, de redescontarla. Es decir, de prestar temporalmente a los bancos comerciales para mantener su equilibrio a corto plazo.

La verdad es que, a la larga, todo crédito que no se traduce en oferta de bienes o de servicios, cuya venta permite cancelar el fondo prestado, es generador de inflación. En este sentido, es generador de inflación el crédito a la producción que no se emplea en producir, que no se reembolsa y que luego se condona en una posterior reestructuración de cartera del banco emisor de dicho crédito. Los recursos financieros fáciles que los bancos estatales han otorgado a grandes productores morosos a menudo funcionarios gubernamentales son, como lo fue el crédito fácil a las empresas estatales y a los grandes productores "patrióticos" en la década pasada, fuentes de inflación. No importa que el banco sea estatal o privado ni que la empresa receptora sea estatal o privada. Las relaciones jurídicas de propiedad no tienen que ver nada en este asunto.

Obviamente, en la década pasada este fenómeno era más generalizado que ahora. Ahora es más selectivo y los beneficiarios son más "notables". Al principio de los 80 no se tradujo inmediatamente en inflación porque existía racionamiento y un control de la distribución y de muchos precios. Pero a la larga, el control fue cada vez más ineficiente y la inflación se enraizó. En contra de las leyes económicas elementales y en nombre de la soberbia política de un Estado que pretendió controlarlo todo, las tasas de interés no aumentaron igual y se volvieron poco a poco negativas "en términos reales". (Si yo recibo un crédito al 18% y la inflación es del 12% en el mismo período, cuando reembolso sólo estoy devolviendo el capital más un interés con una tasa "real" de 1.18/1.12 = 1.05=5%). Las tasas reales se hacen negativas cuando el capital devuelto vale menos que el recibido.

Actualmente, las tasas de interés no se quedan atrás, pero el hecho de que muchos "productores" que reciben crédito lo usan para comprar tierra en vez de hacer producir lo que ya tienen, es "agua sucia" en el sentido que Lacayo le dio a esta metáfora. Obviamente, no se produce tanta inflación porque el fenómeno es más elitista y más restringido a un selecto grupo de amigos, y porque hay otras fuerzas "deflacionarias" en la economía, que compensan.

La economía de una nación es como un organismo complejo y tener los pies en agua caliente no quiere decir que se nos quema la cabeza. Pero a la larga, como es fácil aumentar los precios y casi imposible bajarlos cada empresario que quisiera hacerlo perdería frente a sus competidores, a menos que esté seguro de quitarles su parte de mercado, lo que supone que los compradores tienen todos el mismo poder de compra y las mismas preferencias, pero ninguna de estas condiciones, libre competencia entre empresarios y distribución equitativa del ingreso, se cumple en Nicaragua , entonces los precios terminan siempre subiendo un poco, uniéndose así al cauce de las alzas de precios que constituyen la inflación.

¿Por qué "fabricar" dinero?

A menudo, y en países abiertos y dependientes como Nicaragua, los economistas convencen a los tecnócratas y a los políticos de que la principal forma del "agua sucia" es la llamada "emisión inorgánica", la puesta en funcionamiento de la "maquinita" de fabricar billetes. Hay que recordar que la emisión de dinero es la actividad "señorial" del Estado. Por ella, un gobierno fabrica signos monetarios, de papel o de metal, que sirven de equivalente al valor de los bienes y servicios y de medio para intercambiarlos.

¿Por qué hace esto el Estado? Porque la economía lo requiere: para transar bienes ya producidos, para adelantar el valor de bienes por producir, o simplemente para guardar en la bolsa o en el banco cierta reserva de poder de compra, determinada cantidad de dinero. Nunca se ha visto que un banco central fabrique dinero y vaya a la calle a pregonar. "A ver amorcito, ¿no le gusta mi dinero? ¿Va a querer?" Obviamente, si el banco emite dinero es sobre todo para responder a la demanda de circulante y de crédito de la economía. Las empresas y los hogares también quieren comprar dólares, sea para importar insumos o máquinas, sea para mandar al extranjero o para comprar algún bien para el hogar, sea para ahorrar con miras a un viaje, sea simplemente para ahorrar cuando no tienen confianza en el sistema bancario nacional.

El error habitual es hablar de los hogares y de las empresas en general, como si todos tuvieran el mismo nivel de patrimonio. Quien tiene 5 mil córdobas al año para vivir los gasta día a día sin poder ahorrar y con costo puede querer unos cuantos dólares para que le compren en el exterior un medicamento que no encuentra en el país. Quien tiene 50 mil córdobas al año puede querer ahorrar cierto porcentaje 10% a lo sumo y preferir hacerlo en dólares. Y quien tiene 500 mil o 5 millones sólo puede gastar una mínima parte en el país y necesita convertir casi todo en dólares para hacer fructificar su capital, a menudo en países donde muchas transacciones financieras que son controladas en la mayoría de las naciones que se respetan no pagan ningún impuesto.

En cuanto a la producción de bienes o de servicios, cada empresa necesita según su actividad una cantidad diferente de dólares. Producir soya con tractores e insumos químicos en Chinandega requiere de más dólares que producir frijol con bueyes en la montaña. Cada actividad tiene su "componente importado", como se dice. Todas estas consideraciones nos llevan a entender las complejas relaciones que existen entre las múltiples actividades para las cuales los agentes económicos demandan dinero y las razones por las cuales demandan dólares.

Tres errores en uno

Sin embargo, los ignorantes y los malintencionados que pretenden avasallar la economía de países indefensos como Nicaragua afirman: "Estos son los dólares que les damos y que entran al Banco Central este año y si ustedes emiten más córdobas que los dólares que tienen, será emisión `inorgánica' y esto es prohibido, esto provocará inflación". Triple y funesto error. Primero: la oferta de dólares no es sólo la del Banco Central. El sector privado aporta dólares a la vez que los demanda. Segundo: no se emiten córdobas caprichosamente sino en función de la demanda de la economía. Tercero: esta demanda puede ser inflacionaria si el crédito requerido no se transforma en producción y esto no depende del monto en dólares que tenga el Banco Central.

Una receta absurda

Esta receta de política monetaria absurda y burda que equivale a la de una empresa que fabricara zapatos y los hiciera todos a una misma medida estándar diciendo `que los demás busquen cómo acomodar sus pies' tiene un objetivo disfrazado. Para que las autoridades monetarias nacionales crean que deciden sobre la cantidad de dinero, hay que darles una norma sencilla y fácil de aplicar, ya que las reservas internacionales aumentan poco en los países pobres que viven agobiados por el yugo de la deuda, la baja de los precios internacionales de sus productos y la disminución de la ayuda al desarrollo. Con una receta sencilla y simplista se garantiza que la política monetaria cumpla su pervertido pero "verdadero" fin: fomentar la recesión y la contracción de la economía interna.

Prueba de esto es que cuando "por suerte" suben los precios de algún producto de exportación lo que ocurre hoy con el café nuestras "autoridades monetarias", desautorizando a los fundadores de la ciencia económica, se ponen en alerta: en 1995 van a entrar 100 millones de dólares suplementarios y si el gobierno hace "emisión orgánica" en base a este dinero equivaldría a duplicar la masa monetaria, lo que provocaría mas inflación... Se contradicen desvergonzadamente. ¿Cómo es que esto provocará más inflación si ese dinero está como dice la receta de ellos mismos "respaldado" por dólares? ¿No será que lo del tal "respaldo" no era más que un engaño y un pretexto?

Los hacedores de políticas recesivas en los países pobres tienen, además de sus toscos instrumentos monetarios, un método más seguro para mantener la demanda nacional muy baja y así disponer de fondos para pagar más deuda externa y tratar de disminuir el déficit comercial. Como les molesta la idea de constreñir al sector privado por razones ideológicas tan poderosas como las de los "socialistas", a quienes les molestaba apoyarlo , lo hacen con métodos "monetaristas" indirectos es decir, falsamente neutrales recurriendo al único instrumento monetario eficaz: el crédito dirigido. Pretenden no usarlo, pero lo aplican con todo gusto contra el único agente económico contra el cual es legítimo aplicarlo según su credo: el gobierno mismo.

¿85 millones de córdobas?

Los técnicos que integran las misiones negociadoras de los organismos financieros que aportan fondos en condiciones blandas para países pobres como Nicaragua como es el caso del ESAF exigen que se renuncie al financiamiento del banco central al gobierno para así compensar el déficit. Como ya hemos explicado, un financiamiento es inflacionario cuando no provoca una oferta de bienes y servicios, independientemente de que el agente receptor sea público o privado. El que la mayoría de los servicios ofrecidos por el Estado se vendan o no, no cambia nada el asunto. Estos servicios son condición necesaria para aumentar la oferta privada de bienes y servicios mercantiles. A veces pueden constituir un impedimento, claro está. Pero el que la burocracia sea eficiente o no, no depende de la fuente de su financiamiento, sino de la eficacia de los mecanismos sociales de evaluación y control de su desempeño.

No existe una relación causa efecto obligado entre el financiamiento del déficit público con recursos del Banco Central y la inflación. Esto depende de la eficiencia del gasto público para impulsar la economía en su conjunto. Donde sí hay una relación obvia es entre un buey y el otro buey: para obligar al Estado a reducirse de tamaño supuestamente así se mejora su acción , hay que cortarle los fondos.

Ahora bien, cuando como ocurrió a lo largo del año 94, el Banco Central paga con sus dólares la deuda de la cual es responsable el gobierno, y luego se reembolsa con los préstamos o donaciones externos que van entrando al país, se da un crédito de facto del Banco al gobierno sin que esto tenga ningún impacto inflacionario.

Luego si como también ocurrió en 1994 al llegar al final de diciembre, no han entrado suficientes recursos externos para compensar los pagos efectuados, el gobierno tiene una deuda pendiente con el Banco es decir, ha recibido un crédito , esto tampoco significa inflación. Luego, como las cuentas del tesoro público las maneja directamente el Banco Central, es fácil reducir un activo en los libros para cancelar un pasivo, también en los libros.

El quid del asunto es: dada la importancia de la suma en juego (85 millones de cordobas), ¿cómo es posible que el gobierno que ha tenido mayores gastos en relación a lo previsto durante el año (factura energética más alta para compensar fallas en la generación hidráulica, poca acogida del plan de movilidad laboral para reducir los funcionarios) tenga a principios del año, en enero/95, 85 millones de córdobas en caja, el 3.5% de sus ingresos de todo el año 94? Una vez más se pone en evidencia el manejo secretista que las autoridades hacen del erario público y la falta de transparencia hacia los representantes del pueblo, que deberían legítimamente solicitar una explicación debidamente soportada y convincente.

83% en la pobreza

Mientras que nuestros tecnócratas "cocinan" a su gusto y sin darnos la receta, el plato cuyos ingredientes paga el pueblo o la ayuda externa, el buey que impulsa la reducción del Estado sigue en marcha. Como lo muestra un estudio recién realizado en Nitlapán, en las ciudades de Nicaragua, el 37% de los hogares vive hoy bajo el umbral de la indigencia. Ni siquiera acceden a los alimentos básicos. Otro 30% tiene ingresos per cápita por debajo de 335 dólares por año. De acuerdo con criterios de los indicadores del nivel de vida, el 83% de los hogares vive en situación de pobreza, sea por tener un ingreso bajo, sea por no poder acceder al menos a uno de los servicios básicos. Según la encuesta de nivel de vida de INEC de 1993 cuyos resultados eran tan dramáticos que el gobierno tardó mucho en hacerlo circular , casi la mitad de los hogares urbanos que tienen acceso a la energía eléctrica han hecho conexiones ilegales porque no pueden pagar la factura de la luz.

La necesaria presión social

No es secreto para nadie el nivel de pobreza, de desempleo y de insatisfacción de las necesidades más elementales que existe hoy en Nicaragua. El problema central está en la actitud de una parte de la sociedad y del mismo gobierno respecto a esta realidad. Como reveló una encuesta realizada en diferentes países de la región en 1994, los nicaragüenses lo esperan generalmente todo del Estado, pero consideran hoy su actuación como mala, a diferencia de otros más resignados, como los guatemaltecos, que ni aprecian al Estado ni esperan mucho de él, o de los costarricenses, que no esperan mucho de su Estado, pero valoran como positiva su acción. Si los nicaragüenses esperan mucho del Estado, ¿por qué no concentran sus energías en exigir de él no que dé más pero sí que mejore?

Hay que multiplicar las formas de control social sobre la calidad de los servicios del Estado y abandonar el discurso miserabilista de "nuestro subdesarrollo" como excusa cómoda. Los Estados son por naturaleza prepotentes y poco dispuestos a rendir cuentas. Cuando la sanción electoral no es muy tangible, y eventualmente postergable, cuando se promueve a ministros inescrupulosos e ineficientes a embajadores o a otros cargos, o cuando las autoridades creen demasiado en su capacidad de convencer a los ciudadanos de que el camino escogido es el único posible porque creen que el pueblo es ignorante, no hay que esperar debates ni decisiones democráticas, no hay que esperar que el Estado haga esfuerzos para mejorarse a sí mismo.

Pero de esto a pretender como lo hacen los neoliberales que la solución está en la "flexibilización" del mercado laboral, en la eliminación de impuestos y de subsidios a las tarifas, en la no fijación de salarios mínimos, en la supresión de las barreras arancelarias como si fuera suficiente que los Estados dejen de intervenir para que todo se arregle , existe una enorme diferencia.

Contradicciones neoliberales

Los neoliberales suelen agregar que para que todo este paquete no de medidas, sino de ausencia de medidas funcione en los países pobres, los países ricos deben abrir sus fronteras, no sólo al capital y a las mercancías, sino también a la mano de obra.

Como en sus modelos matemáticos elementales y perfectos a fuerza de ser idealistas "la libre movilidad de productos y factores conduce a la igualación de las remuneraciones entre países", ¿creerán estos "economistas" que existe alguna posibilidad de que el sistema económico mundial evolucione hasta borrar las diferencias naturales de productividad y de capital humano que dan a cada país su fisonomía propia?

Predicando esta utopía regresiva e ilusa, sólo le hacen el juego a las grandes empresas del Norte, que realizan todavía la gran mayoría de sus intercambios comerciales entre ellas y entre los países del Norte y requieren para contrarrestar la disminución de su tasa de beneficio eliminar los salarios elevados nacidos del pacto social forjado en varias generaciones. Como los Estados del Norte todavía se resisten un poco a dar la espalda a su electorado una vez que han llegado al poder salvo el experimento Thatcher, que contó con la "estabilidad" (¿pasividad?) proverbial de la sociedad inglesa , las transnacionales cuentan mucho con la competencia laboral miserablemente pagada del Sur para erosionar los salarios del Norte e inaugurar un nuevo ciclo de expansión para el capitalismo.

Está muy claro lo que está en juego en la Cumbre de Copenhague. Entre las políticas recesivas de los financieros internacionales y de sus adeptos locales y las políticas sociales compensadoras de las Naciones Unidas y sus brazos nacionales (MAS, FISE y otros) hay una clara contradicción.

Educación primaria: la base

¿Y Nicaragua? Un país tan pobre, con una deuda externa tan alta y con una historia social y natural tan atormentada, podía convertirse en valioso experimento para el resto de las naciones. Son compatibles una política social y de crecimiento. Si las élites nicaragüenses quisieran por un instante dejar de pelear entre sí como lo han hecho desde 170 años encontrarían en la comunidad internacional mucha acogida para una acción concertada y original. Obviamente, quedaría pendiente el problema del capital humano, especialmente el de su formación, que sólo se puede resolver a largo plazo. Pero el largo plazo comienza en el corto plazo. No podemos continuar con políticas recesivas en el corto plazo pretendiendo que creceremos en el futuro.

Los maestros reclaman con justa razón una revalorización de su nivel de vida y de su estatus social. ¿Cómo seguir cerrando los ojos a la pobreza de nuestra educación primaria, que es todas las experiencias históricas lo demuestran la clave más importante para el desarrollo, antes de la educación técnica y superior?

En una sociedad profundamente desigual como la nuestra es más fácil encontrar 15 alumnos cuyos padres pueden pagar 5 mil dólares por una maestra particular que lograr que todos los alumnos de primaria paguen 120 córdobas al año y con eso duplicar el sueldo de los maestros. Resultado: la base de la educación masiva es pésima y después, la formación en secundaria se divide entre colegios públicos con malos alumnos y malos profesores pero gratuitos y colegios privados caros. En las universidades, la divergencia es la misma, aunque la relativa posibilidad de pago de los alumnos, las becas, los subsidios y las economías de escala, permiten competir con pequeñas universidades privadas que tienen carreras de hasta 1,500 dólares mensuales ¡Mas de 3 veces el ingreso anual promedio per cápita!

Sólo la concertación entre el magisterio, el poder público y los padres de familia puede resolver el problema. No se trata simplemente de una reivindicación gremial. Se trata de la base de la pirámide del desarrollo del futuro. Muy diferente fue el caso de la huelga de los ganaderos, que los pequeños productores con toda razón no apoyaron, porque la protagonizaba un gremio que durante mucho tiempo ha luchado por el crédito fácil e inflacionario y que pretendió ahora utilizar al conjunto del sector para defender sus propios intereses.

¿Público o privado?

Ni un Estado reglamentador en extremo y dedicado a utilizar el poder burocrático para competir deslealmente con el sector privado ni un Estado ausente, limitado a la represión. Los servicios sociales la salud, la educación y la asistencia social no pueden ser dejados en manos de una iniciativa privada que se mueve por la búsqueda del beneficio. Podría ser privada si fuera caritativa. El problema es que las instituciones caritativas han perdido más capacidad de cobrar los diezmos que los Estados de recaudar impuestos. El conflicto no está entre lo privado y lo público. Los fondos de la educación primaria pueden ser públicos y su administración ser descentralizada, municipal o privada. Lo que importa es la transparencia del mecanismo y la evaluación de la eficiencia, no la procedencia de los fondos.

Privatización de Telcor

En el caso de los servicios que son mercantiles por naturaleza como las telecomunicaciones la situación es diferente. Porque, en principio, el mercado es indicador de la calidad del servicio prestado. Pero esto supone que existe competencia. No es el caso en Nicaragua, donde las telecomunicaciones son un monopolio. Su explotación por parte del Estado constituye una actividad muy rentable: 100 millones de dólares de beneficios en 7 años.

En el caso de TELCOR aparece también con fuerza el discurso totalizante autojustificador de los dos bueyes, sólo que un poco más abstracto, aunque siempre engañador. El discurso parte de lo que parece una evidencia: Nicaragua necesita crecer mucho en materia de líneas telefónicas y en servicios de telecomunicación en general. Es obvio. Y eso implica inversiones costosas durante varios años. También es obvio que como el servicio de telecomunicación es fundamental para el desarrollo, el crecimiento en el futuro de este servicio acompañará el desarrollo. Casi podríamos decir, lo producirá. En el tiempo de Lenin la electrificación "aportaba" el progreso. Igual ahora: esta "electrificación" moderna lo aportará y no producirá inflación, a diferencia de los proyectos gigantescos del gobierno sandinista, los "elefantes blancos" de los años 80. Este es el repetido discurso de su propaganda.

Detrás de estos argumentos, aparece en el discurso oficial la "lógica" de los dos bueyes. Si el gobierno hace esta inversión será inflacionaria porque tendrá que hacerla con financiamiento del Banco. Según los "privatizadores", si la inversión se hiciera sólo con la reinversión de las utilidades de TELCOR, sería un proceso demasiado lento para las "necesidades" del desarrollo futuro. Viene entonces el otro buey en ayuda del primero: si la inversión la hace el sector público, no podrá ser tan eficiente como si la hiciera una empresa privada. Confundiendo una vez más la teoría de la administración con la de los derechos de propiedad, nuestros privatizadores pretenden de nuevo engañarnos. ¿Acaso la empresa que invierta en TELCOR va a traer algún know how que la empresa nacional no pudiera adquirir si fuese necesario con asesorías especializadas? ¿Acaso el personal de TELCOR no es uno de los más especializados del país y por ello de los mejor pagados entre los asalariados? ¿Acaso no dicen en su propaganda que no habrá despido de personal?

Pero entonces vuelve el primer buey en ayuda del segundo: es que la empresa traerá el capital que el país no puede poner. ¿Qué rentabilidad tendrá entonces esa inversión que no tendría si el capital fuese nacional? Nicaragua es un país donde la mayoría de la población no puede pagar servicios más básicos aún que las comunicaciones: electricidad, agua, educación y salud, donde muchos no pueden pagar ni la comida. ¿Cómo van a pagar entonces un servicio tan caro como el teléfono?

Recientemente se aumentaron las tarifas telefónicas para preparar justamente la privatización. Explicación: una empresa privada va a necesitar de tarifas altas para operar con rentabilidad en un país donde la inversión suplementaria por abonado nuevo es bien alta. Se revela entonces el fondo del problema. Si la "necesidad" de telecomunicación de nuestros privatizadores aparentemente bien intencionados y convertidos en planificadores leninistas no se traduce en una demanda económica solvente, ¿como esperar que una empresa privada haga lo que el Estado no haría? Por mucho que el contrato de privatización sea preciso respecto a los planes de inversión exigidos hasta el año 2000 ó 2010, ¿qué empresa privada se someterá a ese ritmo de inversión si la demanda es insuficiente?

Los usuarios tendrán, en todo caso, que pagar muy cara la poca rentabilidad de las nuevas inversiones masivas. Y con un monopolio privado no ha de esperarse una política de precios más favorable a los usuarios que con un monopolio público. Nuestros dos bueyes no llegan entonces muy lejos, ni siquiera con el puyón de tan ilustre arriero como es el representante del Banco Mundial.

Si es tan rentable esta inversión, ¿por qué el Banco Mundial no le hace al gobierno de Nicaragua un préstamo para que desarrolle el sector de comunicaciones? Esto es lo que los diputados deberían de preguntarle al representante de tan "benévola" institución. ¿O será que, simplemente, el acuerdo de abril/94 implica que debemos privatizar TELCOR para que sigan llegando los fondos del ESAF y ésta es la única buena razón, lógica y moral, para privatizar? Se utiliza el argumento de que con los fondos de la privatización de TELCOR se indemnizará a los injustamente confiscados. Y si el Ejecutivo hubiese prometido secar el lago de Managua para transformarlo en potrero y así indemnizar a los "estadounidenses" injustamente confiscados, ¿un parlamento sensato estaría obligado a avalar este compromiso?

Felizmente, varias cabezas piensan más que una y hemos de esperar que, con tiempo y con la debida preparación que esta responsabilidad requiere, los representantes de la nación, los diputados, puedan decidir lo que mejor conviene al país, no a los políticos de hoy sino a las generaciones futuras.

Reformas a la Constitución

Es de esperar que, en el futuro, no se repitan situaciones en las que el Ejecutivo pretenda lesionar la soberanía del país con una simple firma. Las reformas a la Constitución, publicadas el 23 de enero, introducen en nuestras instituciones un mayor equilibrio entre los poderes del Estado en materia económica y de tratados o convenios internacionales. Esto favorecerá la transparencia entre técnicos y políticos que la conducción económica de las naciones modernas necesita en el marco de un Estado de derecho.

Los cambios constitucionales son importantes porque llevan al Ejecutivo a compartir ampliamente sus criterios de decisión y a concertar la implementación de las medidas de política económica. En las sociedades industriales modernas es fuerte la crítica contra las burocracias especializadas o tecnoestructuras, y se aboga por una menor discrecionalidad en la reglamentación pública, por más transparencia en la decisión y por más equidad en la aplicación de las medidas, pero nunca salvo entre los "pensadores" neoliberales mas descabellados, que añoran el retorno al capitalismo salvaje se pone en tela de juicio la necesidad de la sociedad de regularse a sí misma, lo que no hay que confundir con la reglamentación. La reglamentación alude al conjunto de normas administrativas por las cuales se rige la vida económica y social, más precisa cuando el Estado es de tipo "social", cuando pretende intervenir con firmeza en los asuntos sociales.

Estado social Estado liberal

Generalmente, los principios de un Estado social como los que se reflejan en la Constitución de 1987 están centrados en el afán de garantizar en la ley la igualdad de derechos económicos y sociales a todos los individuos, aunque sea eventualmente actuando contra los individuos mismos. Al contrario, en el modelo de Estado liberal, el Estado se limita a garantizar los derechos de los individuos ante la ley y no pretende intervenir en la actividad económica y social reglamentándola rigurosamente. Un Estado de este tipo implica un aparato judicial y policial suficientemente eficaz para proteger las libertades individuales y suficientemente honrado para aplicar equitativamente la ley con todos. Pero cualquiera que sea el tipo de Estado, las sociedades necesitan de regulaciones, de mecanismos correctores de la distorsiones antes de que éstas hagan estallar el organismo social. Estas regulaciones son tanto más necesarias en el campo económico si éste se rige por un mercado ciego y destructor de la competencia.

Son imprescindibles las regulaciones cuando los monopolios y los grupos de presión atentan continuamente contra el mercado. Pero son vitales cuando la sociedad transita de una forma de organización social a otra. O mejor dicho, cuando está abandonando una forma sin saber hacia dónde se dirige, en un ambiente regional y mundial inseguro y de poca cooperación, como es el caso en la Nicaragua de hoy.

Las regulaciones tienen diferentes vías para hacerse efectivas: desde el civismo de los ciudadanos, pasando por las instituciones locales, las asociaciones de consumidores, los grupos de productores para la innovación técnica, hasta los altos comités nacionales ad hoc o permanentes y por supuesto, los poderes del Estado, sea este liberal o social en su tendencia. Desgraciadamente, mientras más inestable la sociedad y por esto, más necesitada de regulaciones , menos capacidad de regulación tiene. La atrofia del civismo, la ausencia de asociaciones locales, la debilidad de los municipios y hasta el desequilibrio entre los poderes del Estado hacen muy difícil la tarea social de la regulación.

Una historia de debilidades

Por supuesto, este estado de cosas no tiene un origen genético ni racial, como lo suelen creer y lo afirman sin pudor las élites ultraconservadores. El tipo de colonialismo marginal que padeció Nicaragua dejó al país recién independizado en manos de élites provincianas y sin visión social, élites con poca cultura y escaso capital, que en su deseo de consolidarse como clase política hegemónica frente a un pueblo al que consideraban "atrasado" el campesino del siglo pasado heredó la carga de desprecio que pesaba sobre el indio en la colonia mantuvieron al país enfrascado en continuas disputas. La tardía integración de Nicaragua al mercado mundial, sin capital humano y con instituciones débiles, la condenó a ser importadora de la mayor parte de los bienes necesarios para el desarrollo y también de los modelos de consumo.

El aprovechamiento que las potencias hicieron de esta debilidad aplastó toda reacción interna contra ese estado de cosas y dejó la puerta abierta a la consolidación de sistemas políticos autoritarios, bloqueando la sociedad desde arriba mientras el subdesarrollo económico la bloqueaba desde abajo. En la década pasada, el Estado social autoritario tuvo algunos logros en lo cultural y en el cambio de mentalidad (fomento y liberación de la experiencia artística, reivindicación de los derechos femeninos y liberación fecunda de la irreverencia espontánea del pueblo), pero estos logros estuvieron acompañados de la censura de prensa y la militarización ideológica. Logros también en la satisfacción de derechos básicos como el acceso a la salud y a la educación (masificación de estos servicios, campaña de alfabetización, de vacunación), pero con pérdida de calidad de los servicios a medida que se acumulaban los fracasos del sistema económico implementado.

"Cenicienta" de las reformas

Hoy la población nicaragüense, desmoralizada por la guerra y la violencia, no recibe ningún ejemplo de civismo de sus élites y aprende de ellas que ser funcionario del Estado es vía para enriquecerse de manera impune. La pérdida de valores es tal que el que saliera del gobierno sin haberse enriquecido sería considerado un "tonto". ¿Qué pueden hacer las instituciones fundamentales de la sociedad en este contexto? Muy poco y mucho a la vez. No cabe aquí el optimismo legalista, pero es imprescindible comenzar a atacar desde la raíz el caudillismo cultural y políticamente anclado en la nación. El que en lo que va de este siglo se haya cambiado la Constitución ocho veces no es una buena señal: alerta sobre el riesgo de coyunturalismo político en el cual se podría caer una vez más.

Las reformas tienen todavía muchas insuficiencias. La mayor de ellas es tal vez que no resuelven el problema del Poder Judicial, esa "cenicienta de los poderes", como algunos lo llaman. Si los grupos de presión económica pueden obtener cambios en la reglamentación presupuestaria con una llamada telefónica al Ministerio de Finanzas o aún más arriba, es todavía más deplorable que los jueces estén tan mal pagados que casi cualquier persona con problemas los pueda comprar. ¿Será esta compra venta parte del "libre mercado" del que hablan los neoliberales?

Algunos expertos señalan que las reformas hechas ahora a la Constitución de 1987 modifican el Estado, de un modelo social hacia uno más liberal. Es correcto, pero lo que algunos pueden considerar como un "retroceso ideológico" podría verse compensado por el nuevo equilibrio que se logra entre los poderes. En Derecho Constitucional el equilibrio entre los poderes es una garantía contra el autocratismo que es el poder autojustificado y contra el Estado autoritario que este poder suele generar.

No existe una relación automática entre la existencia de una Constitución que diseña un Estado más democrático menos autoritario y la garantía de un funcionamiento más democrático de la regulación social. Para ello hace falta que la sociedad civil coopere en esta tarea. Pero haber logrado un marco constitucional más favorable al ejercicio de un tipo así de conducción de la sociedad es ya un avance muy grande. Puede empezar a propiciar un ejercicio más transparente de la administración y de la legislación económica, que favorezca la participación de los ciudadanos y la divulgación de los argumentos que se consideran en las decisiones importantes de la vida económica. Ojalá permitiera también evitar el abuso de los medios de comunicación para fines de propaganda, con la que el Ejecutivo se autosatisface, rebaja el debate sobre la magnitud de la crisis y engaña a los ciudadanos.

La voluntad de reformar

Sin duda, no todo está resuelto con las reformas. El problema del capital humano seguirá siendo la raíz de todos los males y dificultará la búsqueda de soluciones, pero la exigencia de civismo y de honradez a los funcionarios principal drama de las instituciones públicas ganará mucho con un mayor control mutuo de los poderes del Estado.

En el tránsito hacia una economía de mercado próspera, Nicaragua necesita de estos cambios. De lo contrario, pasará de un Estado social autoritario a un Estado liberal autoritario, y aunque la Constitución esté reformada, el mercado descontrolado acabará de terminar con lo que quede de civismo y de fraternidad en el país y ya no nos servirán de mucho las comparaciones con el "exitoso" modelo chileno al que los magos del neoliberalismo recurren ahora cada vez con más frecuencia. Lo más trascendental de los cambios a la Constitución, no son los cambios en sí sino la voluntad política de llevarlos a la práctica. Cuando se valora la parálisis que durante meses ha causado la elaboración de las reformas y después las discusiones en torno a su vigencia o no, a su implementación así o asá, se hace obvio que Nicaragua no puede darse el lujo de gastar años en este tipo de proceso.

En este sentido, la propuesta de que en las elecciones del 96 se elija únicamente una Asamblea Constituyente mientras sigue gobernando un "triunvirato de transición", pospone por tres años más el funcionamiento de un Estado de derecho. Mientras, seguiría vigente el Estado de hecho, con tendencia a ser cada vez más autoritario. La jugada de la Constituyente es obvia y no escapa a nadie su sentido: permanecer en el poder en claro desacato a la nueva Constitución, utilizando la facultad de crear un estado de excepción en perjuicio de casi toda la nación y en beneficio de una ínfima minoría.

Es cierto que las "inhibiciones" no son democráticas. Antonio Lacayo debería de tener derecho a presentarse como candidato presidencial en las elecciones de 1996. Más justificación tiene la no reelección del Presidente saliente. Pero no puede haber un sólo y único modelo de democracia y de derecho democrático. Como la sociedad, el derecho evoluciona y puede evolucionar hasta en contra de los intereses de quienes gobiernan. En Nicaragua, el caudillismo y la sucesión nepótica constituyen un mal histórico que debe ser extirpado.

Próximos escenarios

Tratando de diseñar escenarios posibles de aquí a las elecciones de 1996 cabe preguntarse lo que sucedió con los escenarios que se perfilaban a mediados de 1994. Ocupado en sus propias contradicciones, el FSLN no trató de ensombrecer con "nubes negras" el cielo del Ejecutivo y de su caudillo Lacayo. La economía no creció ni la pobreza se redujo, pero los indicadores económicos mejoraron algo. Y hubieran mejorado más si no se hubiera revelado la crisis energética.

El patrimonio se siguió concentrando: las tierras y los medios de producción siguieron cambiando de manos. Los negocios no fueron bien, pero la acumulación de capitales siguió su curso, esperando mejores momentos. Los allegados del gobierno siguieron usando el crédito fácil de la banca estatal para consolidar sus fortunas. La ayuda financiera del ESAF siguió alejando el fantasma de la desestabilización monetaria. Y hasta la inversión privada creció, según los analistas. El auge de precios del café le dio a la economía el oxígeno que necesitaba. Pero ese oxígeno no pasó de algunos pulmones, donde quedó concentrado. Los órganos vitales los pequeños campesinos y los pequeños industriales no pudieron respirar, no lograron comenzar a recapitalizarse después de más de una década de desacumulación.

Al gobierno le fue bien en un escenario que, aunque frágil, le resultó despejado. Lo logró. Pero a costa de perder su imagen frente a la gran mayoría de la población, que se mantuvo en una permanente frustración que la mejoría de algunos indicadores económicos no puede esconder.

Ruptura en dos bloques

La ruptura vino con la recomposición de un bloque político amplio a partir de la división del FSLN. Los sandinistas del MRS quedaron mayoritarios dentro de la bancada sandinista del Parlamento, mientras que los sandinistas del FSLN se lograban imponer en las bases y en los aparatos partidarios. Como resultado de la división del FSLN se abrió en el escenario político la posibilidad de armar en el campo de batalla el caballo de las reformas, prometidas en la campaña electoral por la Presidenta Chamorro, pero jamás abordadas a medida que el pequeño bloque en el poder se fue posesionando del Ejecutivo como un feudo.

Aparecen ahora cuatro grupos políticos aliados tácticamente en dos bloques. En un bloque están los sandinistas del FSLN y el séquito de Lacayo . Este séquito no conforma ningún partido político, pero tiene la fuerza de una agrupación de poder, el dominio del aparto propagandístico y administrativo del Estado y la fuerza de cohesión que crea la dependencia económica. Un 18% de nicaragüenses según una encuesta recién realizada por Nitlapán vive de las remesas en dólares que le envían sus familiares en Estados Unidos. ¿Cuántos miles vivirán de la "ayuda" del Ministro de la Presidencia?

El discurso crítico entre los dos grupos de este bloque no debe sorprender. Los sandinistas del FSLN se están posicionando frente a los sandinistas del MRS como "basistas" y necesitan un discurso anti gobierno, pero actúan poco en esta dirección. Por su parte, el Ejecutivo sabe que una buena parte del electorado de lo que fue la UNO acoge muy bien el discurso antisandinista. Extremándolo, el Ejecutivo trata de lavarse de su pecado original: el co gobierno. Pero ya es tarde. Los políticos tienen corta la memoria, pero el pueblo no. En el otro bloque están liberales y conservadores agrupando unos a los partidos tradicionales de la clase media y otros a los de la oligarquía, aliados tácticamente con los demócratacristianos y el MRS de Sergio Ramírez.

¿Hasta cuándo?

Es muy temprano aún para especular sobre la evolución de estos dos bloques políticos. En el corto plazo, en la resolución del conflicto en torno a las reformas, se juega la estabilidad político social y económica del país. Y de la solución del empate político legal que opone a los dos bloques en torno a este tema, surgirá un nuevo escenario que tal vez se extienda hasta las elecciones. Si las hay.

El impasse actual nace de la imposibilidad de cada bloque de hacer valer su posición por la vía legal. Una vía político negociada en torno a las reformas puede no sólo ser ilegal sino ilegítima. Pero la vía de la fuerza no parece posible. La amenaza de descomposición tiene mucho espacio. La clase política en su conjunto ha dejado de gobernar y se dedica a sus asuntos jurídico políticos y esta huelga de la clase política amenaza con crear más hambre en el pueblo no se vislumbran todavía huelgas de hambre entre los políticos .

El ejército, que en América Latina suele ser el "salvador de la patria" en estas ocasiones, no actuará. Su actual proceso de profesionalización y su necesidad de ganar aval internacional no se lo permiten. Las instituciones castrenses tienen una lógica propia, que no siempre coincide con la de la nación ni con la de los políticos. Salen a la calle a salvar a la clase política, aún contra sí mismos, sólo cuando esto les permite ganar más peso económico o moral. Hoy en Nicaragua, el ejército sabe que no tiene nada que ganar en lo económico y mucho menos en lo moral, estando todavía tan fresco el recuerdo de la guerra. Tampoco es posible un "fujimorazo" porque el Ejecutivo no tiene la popularidad del Presidente peruano en aquel momento de su mandato ni el Legislativo nicaragüense está tan desacreditado como lo estaba el Parlamento del Perú.

Lo ideal para el país sería que el Ejecutivo reconociera que ha perdido la batalla jurídica y que aceptara con sabiduría que su legitimidad no le da la fuerza política necesaria para enfrentarse victoriosamente a las reformas constitucionales. Retrasando el reconocimiento de su derrota es el país el que pierde.

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