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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 223 | Octubre 2000
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Cuba

Cuba: el rumbo de una transición incierta

La reforma económica que vive Cuba tiende a la restauración del capitalismo, aunque en nombre del socialismo y bajo la administración del Partido Comunista. Pero la tendencia no es inexorable. Y existen vías alternativas para revertirla. Este texto, de uno de los investigadores cubanos del CEA (Centro de Estudios de América), institución intervenida por gobierno cubano, está fechado en abril 98. Fue publicado originalmente en 1999 en "Socialist Register", provocando en Cuba, al ser conocido, aunque no publicado, una intensa y tensa polémica.

Haroldo Dilla Alfonso

Con el aplauso de tecnócratas y empresarios, el gobierno cubano impulsa, como prioridad, lo que se ha denominado la reforma económica. No fue una decisión entre muchas otras opciones. La desintegración del bloque económico este-europeo y posteriormente de la URSS, significó un golpe severo para la economía nacional. Entre 1986 y 1989, la economía había permanecido prácticamente estancada, y desde 1990 se inició una brutal declinación que hacia 1993 reportaba una contracción acumulada del PIB cercana al 40%. La situación del sector externo era aún más compleja, pues súbitamente el país había perdido el 85% de sus mercados tradicionales -regularmente mercados preferenciales-, la casi totalidad de sus líneas de créditos a largo y mediano plazo, y sus principales fuentes de provisión tecnológica. La capacidad importadora de la economía nacional se redujo en dos tercios.

En esta situación, el habitual sentimiento antimercantil de la dirigencia política cubana comenzó a ceder espacio a la aceptación pragmática de una cadena de realidades: Cuba tenía que insertarse en el mercado mundial capitalista, debía hacerlo sobre bases estrictamente competitivas, y para ello requería reestructurar muchos fundamentos de su organización económica y social. En un memorable discurso el 26 de julio de 1993, el Presidente cubano reconoció las limitantes del programa inmediato: conservar las conquistas revolucionarias y esperar mejores tiempos para continuar la construcción socialista.

Ajustes en la economía a un ritmo sorprendente

Aunque salpicado de trabas burocráticas y de no pocas contramarchas, el proceso de liberalización y ajustes económicos puede mostrar un ritmo sorprendente. Desde 1987 se habían comenzado a estimular las inversiones extranjeras, que en 1995 recibieron una amplia cobertura legal con la aprobación de una ley regulatoria específica. En 1992 se aprobó una sustancial reforma constitucional que reconoció la propiedad privada sobre los medios de producción y abrió las puertas a la descentralización de las empresas estatales a partir de la eliminación del monopolio estatal sobre el comercio exterior. Un año más tarde, en medio de una galopante caída del PIB, los cubanos comunes fueron autorizados a tener dólares y otras monedas fuertes, gastables en una red de tiendas hasta el momento reservadas para extranjeros residentes en el país, turistas y una reducida élite de nacionales. En ese mismo período se produjo el traspaso de una cuota muy significativa de la tierra estatal a manos de cooperativas, y en menor medida de pequeños campesinos. El trabajo por cuenta propia en los servicios fue estimulado con una legislación más flexible.

En 1994 comenzó el proceso de ajuste presupuestario, de aumento de los precios y de aplicación de impuestos y contribuciones, dirigido a reducir un abrumador exceso de liquidez monetaria. En la segunda mitad de ese mismo año, el Estado autorizó los mercados libres de productos alimenticios, cuya anatematización había sido el punto de arranque del proceso de rectificación iniciado en 1986. Ya para entonces, y en la misma medida en que la canasta básica subsidiada sufría paulatinas reducciones, una parte sustancial del consumo popular se realizaba en un mercado libre dolarizado donde los precios no tenían relación con los salarios pagados por la fuerza de trabajo. Los pasos dados entre 1996 y 1997 consolidaron todas estas tendencias, con la reorganización de la legislación y de las instituciones económicas: autorización para el establecimiento de zonas francas en cuatro localidades del país, modificación de la ley arancelaria, reorganización del sistema bancario, etc., etc.

Hacia la restauración capitalista: una tendencia no inexorable

La dirigencia política cubana ha proclamado reiteradas veces los logros de su política aperturista en este duro período. En primer lugar, ha logrado detener la catastrófica caída de la economía y producir, desde 1995, algunos niveles de crecimiento, cuyo acumulado se estima en algo más del 12%. Habría también que reconocer que así cerró el camino a una aspiración de la ultraderecha americana y de sus socios de Miami: una marcha "versallesca" sobre una revolución colapsada económicamente. Teniendo en cuenta que los resultados han sido obtenidos en medio de una fuerte confrontación con los Estados Unidos -cuyo bloqueo económico y su política injerencista han sido catalizadores de la crisis- hay que otorgarles un significado histórico nacional e internacional.

En segundo lugar -se argumenta oficialmente-, la recuperación se ha logrado sin recurrir a la ortodoxia neoliberal, sin sacrificar los programas de salud pública, educación y seguridad social, cuyos presupuestos se han mantenido estables o han crecido -hasta abarcar en conjunto cerca del 60% del presupuesto nacional-, y reservando un rol distinguido al Estado. Este mérito habla del compromiso social de la revolución.

A pesar de esto, y evidentemente, quedan en pie preguntas claves para cualquier observador u observadora situados en la izquierda política y convencidos de la trascendencia del legado revolucionario cubano. El proceso de liberalización y ajustes económicos en Cuba difiere de los procesos en curso en América Latina no solamente por estas razones, sino porque en Cuba no se ha tratado de una simple variación de un código operacional capitalista, sino de la reestructuración radical de la economía política, de los modos de regulación social y de la producción ideológica-cultural prevalecientes en décadas anteriores. Y por tratarse de algo tan radical, se ha producido una transformación cualitativa de gran trascendencia: la paulatina colonización mercantil de los ámbitos de acción social, con el consiguiente planteamiento de retos multidimensionales que atañen al tema central de la política: la distribución del poder. Si partimos de la verdad axiomática de que la combinación de antimperialismo militante con servicios sociales gratuitos no es igual a socialismo, cabe entonces la pregunta acerca de la magnitud de estos cambios en el sistema cubano, en una primera instancia en el plano social -y más específicamente en el socioclasista- y después en el de la rearticulación total de la política.

La idea central de estas reflexiones es que la reforma está produciendo una recomposición socioclasista en función de un bloque tecnocrático-empresarial emergente y en detrimento de los sectores populares. Esta tendencia, que conduce a una restauración capitalista en Cuba -aunque en nombre del socialismo y bajo la administración del Partido Comunista- no es inexorable. Por esto, la otra idea central es que existen vías alternativas para la continuidad socialista, inseparables de la articulación de la agenda revolucionaria cubana con un proyecto alternativo de izquierda a escala internacional, lo que implicaría una renovación muy sustancial del sistema político en función de un genuino poder popular.


30 años de nivelación social y de movilidad social

Entre 1959 y 1989 la dinámica de la sociedad cubana estuvo dominada por dos tendencias contradictorias: la nivelación social y la movilidad social. La nivelación social fue dominante en los primeros años y tuvo su punto de partida en el radicalismo del hecho revolucionario, que condujo a la virtual liquidación de los sectores burgueses y de buena parte de la clase media, que emigraron o experimentaron un proceso de proletarización. La sociedad fue organizándose paulatinamente en torno al predominio de formas sociales y estatales de propiedad de los medios de producción. Al mismo tiempo, esta nivelación social fue acompañada de un proceso de movilidad social ascendente de las mayorías -particularmente fuerte desde mediados de los 70-, apoyado en programas estatales de provisión de empleos y de servicios sociales. Sólo a modo de ilustración: en 1953, el 57% de la población habitaba en zonas urbanas, casi una cuarta parte era analfabeta y sólo el 11% tenía un nivel medio o superior de educación; hacia 1989, último año en que fueron publicados los anuarios estadísticos, Cuba tenía algo más de 10.5 millones de habitantes, el 73% vivía en zonas urbanas, un 38% en ciudades de más de 100 mil habitantes, el analfabetismo era ya un recuerdo lejano, más de la mitad de la población poseía un nivel escolar superior a los seis grados de enseñanza, el número de técnicos y profesionales rondaba el medio millón, y cerca de 140 mil personas se encontraban cursando la enseñanza superior.

Aun cuando esta intensa movilidad social conducía a una diferenciación objetiva de los sujetos, no repercutió proporcionalmente en un autoreconocimiento de las identidades sectoriales. Por diversos factores, se tendía a enfatizar el concepto de pueblo como vehículo sociopolítico de la transformación social y de la defensa nacional. El sistema político dio cuenta de esta situación mediante su adscripción al modelo leninista de organizaciones sectoriales que actuaban como correas de transmisión entre la totalidad de la población y la vanguardia organizada en el Partido Comunista. El resultado no podía ser otro que una severa concentración de la autoridad política.


La utopía subsidiada y una ideología segura

La concentración de la autoridad política se apoyaba en las capacidades de la clase política revolucionaria para ejercer la regulación social en condiciones cuasi-monopólicas, al menos en tres sentidos. Ante todo, asignando los recursos a través de una planificación centralizada, directa y singular, que se vio potenciada por la entrada de Cuba en el bloque económico soviético a principios de los años 70. A partir de entonces -y hasta 1987-, la economía cubana conoció un proceso de crecimiento extensivo, con recursos relativamente abundantes, y en el marco de una economía política marcada por una producción poco exigente, una distribución equitativa y un consumo subsidiado.

En un segundo sentido, el modelo leninista de organización política -lubricado por un fuerte consenso político- se constituía en un firme mecanismo de control político, no sólo en lo relacionado con la represión de las tendencias antisistema -realmente poco relevantes ya desde principios de los 60-, sino en su prevención, en la movilización popular y en la socialización de valores y conductas políticas.

Un tercer sentido, y no el menos importante, está en la capacidad del liderazgo político para producir una ideología creíble y legitimadora, que operaba como una suerte de paradigma teleológico, tanto respecto a sus referentes internos como externos. Se trataba de una ideología segura que dejaba muy poco espacio a la incertidumbre acerca de la triple interpelación sobre lo existente, sobre lo mejor y sobre lo posible. Era una ideología coherente, dada la estrecha interrelación entre las percepciones de las realidades cotidianas emanadas del entramado social y del discurso institucionalizado, y también accesible al ciudadano común en la medida en que compartía valores muy queridos en la cultura política nacional, que enfatizaban los principios éticos como rectores de la política: el patriotismo, el internacionalismo, la equidad social... El capitalismo, junto a todas sus categorías orgánicas -burguesía, consumismo, desigualdad, mercado- fue duramente anatematizado y considerado como parte de un pasado que no tendría una segunda oportunidad.

La historia reveló los límites y el mercado hizo el resto

A pesar de su buen entramado, este esquema contenía en sí serias contradicciones, emanadas de sus declarados propósitos de socialización del poder y de su paulatina apropiación por una capa burocrática emergente durante los 60, consolidada definitivamente en la década de los 70 a la sombra del llamado proceso de institucionalización. En términos sistémicos, la consolidación del estamento burocrático sólo pudo conseguirse al precio de la extensión de las relaciones clientelistas-paternalistas, de la detención del proceso de socialización del poder y por consiguiente, del congelamiento del desarrollo socialista del proyecto.

La historia se ha ocupado de mostrar tanto las virtudes como los inconvenientes de este tipo de ordenamiento de la regulación sociopolítica. Mientras se trató de una sociedad con un bajo nivel de universalización y reflexividad social, este esquema de regulación política funcionó con eficacia. Entre otros resultados, permitió enfrentar con éxito el peligro externo representado por la agresividad norteamericana, facilitó la movilización y distribución equitativa de los recursos disponibles, promovió una cultura política solidaria y un vasto entramado de participación y movilización popular. Pero sus propios logros iban tejiendo su obsolescencia, particularmente cuando la movilidad y la alta cualificación del sujeto social comenzó a chocar con la rigidez de los mecanismos de control sociopolítico, lo que tendía a producir disfuncionalidades: la apatía y la anomia políticas.

La reforma económica se ha encargado del resto. El mercado, actor discreto en las décadas precedentes, ha comenzado a jugar un papel significativo en la asignación de recursos y en la distribución de los escasos excedentes. Y por consiguiente, en la remodelación de las relaciones de poder. En este contexto, los cubanos comunes empezaron a notar con asombro que el futuro no era tan seguro como durante muchos años se les había explicado en el discurso oficial.

Caen los muros y se levanta el debate

Una de las constantes del discurso oficial cubano ha sido, por un lado, aceptar la conveniencia de renovar periódicamente las estructuras políticas, y por otro, acotar las dimensiones de estos cambios por una serie de factores que van desde la inviolabilidad de algunos preceptos -por ejemplo, el monopartidismo- hasta el rechazo frontal a toda modificación inducida por presiones externas, lo que es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta la pretensión norteamericana de modificar el sistema político cubano hasta el punto que le permita a Estados Unidos recuperar su rol de actor decisivo en los asuntos cubanos.

El año 1990 marcó un momento significativo en la dinámica de la renovación política en Cuba. No fue precisamente un "buen año". Desde 1987, la economía exhibía una pertinaz tendencia a la declinación, que no pudo ser revertida por el proceso de rectificación proclamado por el liderazgo revolucionario. Las construcciones ideológicas en torno a la irreversibilidad del sistema socialista habían sido duramente golpeadas, primero por los efectos que en la imaginación causó la Perestroika, y luego por el nada edificante derrumbe del Muro de Berlín. Además, en la segunda mitad de 1989 la sociedad cubana fue estremecida por la denuncia pública de hechos de corrupción protagonizados por altos oficiales de los cuerpos armados y de seguridad y por altos funcionarios del aparato civil (caso Ochoa).

La necesidad de recuperar espacios de consenso y de reforzar la legitimidad del régimen fue percibida por la clase política como una tarea impostergable en vísperas del IV Congreso del Partido Comunista programado para 1991. En consecuencia, el Partido convocó a una discusión pública dirigida a auspiciar un consenso que tome como base el reconocimiento de la diversidad de criterios que puede existir en el pueblo y que se fortalezca por medio de la discusión democrática en el seno del Partido y de la Revolución, sobre todo en la búsqueda de soluciones, en el examen de variantes para alcanzar metas objetivas socioeconómicas, y en general en la reflexión orientada a perfeccionar la sociedad en que vivimos. Durante varios meses, la sociedad cubana vivió el debate público más libre y democrático de su historia. Millones de personas en decenas de miles de lugares -escuelas, centros laborales, comunidades- ejercieron su derecho a la crítica, a la propuesta de soluciones o sencillamente a la deliberación sobre temas de la vida cotidiana o de la alta política. Aunque los resultados de estos debates nunca fueron publicados, pero los diferentes informes y observaciones realizados daban cuenta de un debate que sugería una profunda renovación del sistema en el marco de un compromiso fundamental con las metas socialistas y de la independencia nacional. La clase política cubana tenía ante sí un stock informativo suficiente para pulsar el estado de ánimo, las aspiraciones y los puntos de vista de la mayor parte de la población.

Los ecos debilitados de un debate histórico

Los cambios políticos producidos en los dos años siguientes (1991-92) trataron de tomar en cuenta estas demandas, pero las acciones emprendidas fueron una suerte de eco debilitado de los intensos debates precedentes.

En primer lugar, se produjo una sustancial reforma constitucional que modificó cerca del 60% del articulado, y aunque buena parte de las modificaciones estaban referidas a la esfera económica -sistema de propiedad, desconcentración del comercio exterior, etc.-, otras afectaron -al menos, en términos declarativos- los núcleos duros de la Constitución de 1976: proclamación del carácter no confesional del Estado y prohibición de todo tipo de discriminación contra los creyentes; supresión de las alusiones al centralismo democrático y la unidad de poder; supresión de la definición estrictamente clasista de la base social del Estado, establecimiento de elecciones directas para las bancas parlamentarias, etc. La nueva Ley Electoral dio cuenta de esta última propuesta, y aunque tuvo la virtud de reiterar la no-injerencia directa del Partido Comunista en la nominación de candidatos y en las votaciones, y de fortalecer el rol de las organizaciones sociales y de masas en estas funciones, limitó su alcance democrático al restringir el principio competitivo, que había sido la piedra de toque de la lozanía de las elecciones locales. Paso positivo fue la creación de nuevas estructuras submunicipales -los consejos populares-, que han desempeñado un rol muy importante en la movilización de recursos locales, en la toma de decisiones a nivel local, y en algunos casos, en la conformación de proyectos comunitarios con fuerte vocación participativa y autogestionaria.

Al final, lo que algunos sectores habían previsto como el auspicioso inicio de la construcción de una democracia pluralista y participativa que diera respuesta política a las nuevas condiciones sociales en función de la continuidad socialista, se limitó a una serie de cambios puntuales más interesados en la gobernabilidad que en la democracia.


Se fortalece un bloque tecnocrático y se debilitan los sectores populares

El asunto es harto complejo y peligroso políticamente. No se trata simplemente de evaluar hasta dónde los cambios operados en el sistema político formal son más o menos democráticos. De lo que se trata es de calibrar sus cualidades a partir del reconocimiento de que la política en Cuba está cambiando a un ritmo vertiginoso aún cuando este cambio no se exprese en el ámbito formal. Y de lo que se trata es que la gobernabilidad que se pretende garantizar está crecientemente remitida a una fuerte alteración de las relaciones de poder en el nuevo modelo de acumulación.

Dicho en otras palabras: si la política no es solamente -ni siquiera principalmente- una cuestión institucional o normativa, sino sobre todo, la interacción de los actores y sujetos por el control de los mecanismos de asignación de recursos y valores, entonces es posible afirmar que la política en Cuba comienza a sufrir un deslizamiento paulatino en función de las exigencias del nuevo modelo de acumulación, cuya expresión más nítida se da en la reconformación de las redes sociales de poder. Y por consiguiente, los cambios formales que pueden realizarse hoy serán muy diferentes a los que puedan realizarse en un futuro, cuando la correlación de poderes haya variado significativamente. Un breve análisis del proceso de reconfiguración social indicaría una doble tendencia: el fortalecimiento de un bloque tecnocrático empresarial vinculado ventajosamente al mercado y con posibilidades de erigirse en bloque social hegemónico; y al mismo tiempo, la fragmentación y debilitamiento de los sectores populares.

Las nuevas élites: entre compañeros e inversionistas

Desde esta óptica, el resultado social más sobresaliente del proceso de apertura y reforma económica ha sido la incipiente conformación de un nuevo bloque social -lo denominaremos tecnocrático-empresarial- en el que es posible distinguir tres componentes fundamentales:

Un primer componente de este bloque emergente está ubicado en el ámbito de la inversión extranjera. En Cuba no se publican estadísticas oficiales sistemáticas desde 1989, por lo que cualquier análisis está apoyado en estudios parciales y en observaciones que siempre dejan un significativo espacio a la duda. Pues bien, según las cifras disponibles en 1990, el número de inversiones extranjeras no rebasaba entonces el par de decenas. En 1994, existían ya 176 asociaciones con capital extranjero, que ascendía a unos 1 mil 500 millones de dólares. Las inversiones pertenecían a 36 países y estaban establecidas en 26 ramas. Al mismo tiempo, estaban presentes en Cuba unas 400 firmas comerciales. Estos datos fueron ofrecidos en la XII Feria Internacional de La Habana. La apertura de la Feria estuvo a cargo de un alto dirigente político, que dijo a los empresarios allí reunidos: Les ofrecemos un país ordenado. Una política de apertura a la inversión de capital coherente e irreversible. Una infraestructura económica coherente y extendida. Un sector productivo en proceso de cambio hacia la eficiencia. Un pueblo trabajador y abnegado con un alto nivel educacional y técnico. Una sociedad que no conoce el terrorismo ni las drogas. Les ofrecemos una nación soberana y un gobierno honrado e incorruptible.

A finales de 1996 se reportaban 260 inversiones extranjeras, algunas de las cuales comenzaban a asentarse en las recién creadas zonas francas industriales. Ese año se contaba ya con la presencia de unas 800 representaciones de firmas extranjeras. Como se trata regularmente de asociaciones con el Estado, este sector está estrechamente relacionado con una capa de empresarios y gerentes cubanos que comparten con los empresarios y gerentes extranjeros experiencias vitales, modos de vida y aspiraciones sustancialmente diferentes a las del resto de la población cubana.

El segundo componente de este bloque emergente está formado por los directivos de las empresas estatales que han logrado posiciones ventajosas en el mercado mundial, y por consiguiente, cuotas superiores de autonomía. Estas nuevas atribuciones son incompatibles con la tradicional figura del administrador de bienes públicos en el marco de una economía centralmente planificada, siempre encerrado en la trágica triada del no saber, no poder o no querer. En su lugar, emerge en Cuba un nuevo tipo de empresario nacional, más preocupado por la maximización de ganancias que por otras consideraciones políticas. El número de empresas ubicadas en este rango seguirá aumentando con el transcurso de la reforma.

Habla la banca: las nuevas fortunas

Un tercer componente -potencial- de este bloque está representado por quienes -campesinos acomodados, intermediarios comerciales, proveedores de servicios, etc.- han atesorado fuertes sumas monetarias y otros bienes mediante la especulación en el mercado negro, frecuentemente a expensas de los recursos estatales. Como la mayor parte de estas fortunas tienen un origen ilícito, es imposible cuantificar el potencial económico de este sector. Pero es posible acercarnos a su dimensión a través del análisis de la estructura de las cuentas corrientes, donde se deposita aproximadamente el 60% del total de la liquidez monetaria y que ha presentado en los últimos años una preocupante tendencia a la concentración. Según los informes del Banco Nacional de Cuba y otras instancias oficiales, hacia fines de 1994 en el 14.1% del total de cuentas estaba el 77.8% del total de los ahorros. Un año más tarde, el 13.1% de las cuentas captaban el 83.7%. En 1996 seguía la tendencia: sólo el 12.8% -algo más de 600 mil cuentas- tenían el 84.7% de los ahorros, cantidad que ascendía a más de 6.6 miles de millones de pesos. Quizás más significativo es que en ese año 1996 el 2.7% de las cuentas acaparaban el 43.8% de todo el ahorro. Respecto a 1995, en 1996 las cuentas de ahorro de hasta 20 mil pesos experimentaron una merma de cerca de 300 millones de pesos, mientras que las mayores de 20 mil pesos aumentaron en 74.1 millones de pesos. En el 96, las cuentas bancarias personales en "moneda dura" eran sólo 4 mil 500 y concentraban 9.5 millones de dólares.

Con la liberalización de los mercados agropecuarios y de los mercados de productos industriales, así como con la apertura del trabajo por cuenta propia, este sector no sólo se incrementó y "blanqueó" sus fortunas, sino también ganó un mayor control de los circuitos del mercado interno. En un futuro no lejano, este sector tendrá un rol inversionista en la pequeña y mediana empresa y en contrataciones con el sector formal de la economía, lo que ampliará sus posibilidades de acumulación.

No es difícil descubrir que estos tres grupos emergentes -y particularmente los dos primeros- provienen de la burocracia tradicional -civil o militar- y sus familias, estando también integrados por jóvenes tecnócratas aupados por las políticas económicas en curso. En el tercer grupo se pueden encontrar claras conexiones entre los negocios privados más prósperos -restaurantes y arriendos de habitaciones para turistas- y altos funcionarios ya retirados o sus familiares, ya que estos negocios requieren de viviendas confortables y ubicadas en lugares céntricos, las que en los años previos a la crisis habían sido adjudicadas por el Estado a este tipo de funcionarios.

Asalariados y obreros: reducidos y debilitados

Antes de 1989, los sectores trabajadores cubanos eran una masa relativamente homogénea. En ese año, unos 3.5 millones de personas, el 94% de la fuerza de trabajo empleada en el sector civil, se componía de asalariados de la economía estatal, organizados sindicalmente en su inmensa mayoría, y amparados por un código del trabajo muy paternalista. Los trabajadores por cuenta propia eran unos pocos miles. El campesinado, independiente o cooperativo, era numéricamente exiguo y sufría una reducción paulatina. La crisis y el proceso de ajuste y liberalización han ido cambiando sustancialmente este escenario. En primer lugar, hay que anotar sus efectos sobre los sectores asalariados y en particular, sobre la clase obrera. Estos sectores han sufrido una reducción absoluta de sus efectivos, como consecuencia de la apertura de nuevas oportunidades de empleos más lucrativos en el sector privado o cooperativo y del propio proceso de reducción del empleo supernumerario en las empresas estatales. En 1996 este sector reunía el 78% de la población económicamente activa, un 16% menos que ocho años atrás.

No menos notable ha sido su debilitamiento económico como consecuencia de la dolarización de los precios de parte sustancial de los bienes de consumo y de los servicios, y de la permanencia de salarios diseñados para un consumo subsidiado. En este sentido, los sectores asalariados estatales se encuentran sometidos a un régimen de superexplotación, en la misma medida en que el precio de su fuerza de trabajo es inferior al costo de su reproducción. Según cálculos no oficiales, una familia cubana de cuatro miembros, en la que al menos dos personas trabajen y reciban el salario medio, requeriría el doble del ingreso monetario que percibe para garantizar un consumo mínimo de alimentos, de productos higiénicos y de servicios.

Sobreviviendo, "resolviendo", cambiando...

En la vida real esta dramática situación es paliada de diferentes maneras. Cerca del 20% de los asalariados, ubicados en áreas privilegiadas por la nueva dinámica económica -turismo, tecnologías de punta, industrias exportadoras-, recibe ingresos monetarios o en especie adicionales al salario oficial. Así, el capital internacional estaría generando una virtual remodelación de la clase obrera y de los asalariados en general. En otros casos, estos mismos trabajadores han logrado insertarse en las actividades cuentapropistas, sea de manera formal -cerca de un 26% de las licencias expedidas en 1996 correspondían a trabajadores estatales- o de manera informal. También es frecuente la recurrencia a otros expedientes no ligados al trabajo, con la consiguiente proliferación de actitudes anómicas. Un caso es la ayuda económica de las remesas que envían familiares emigrados. Otro caso, no menos relevante, es la corrupción. Es innecesario detenernos en evaluar las implicaciones éticas e ideológicas de estos dos modos de supervivencia y de otros.

Otra tendencia social significativa es la proliferación de sectores de productores cooperativos e individuales no asalariados. En un primer plano hay que destacar a los pequeños campesinos individuales y a los productores agrícolas asociados en cooperativas que, por diversas razones, no han logrado un buen nivel de asesoramiento. Estos sectores venían experimentando una gradual disminución absoluta desde el triunfo revolucionario, de manera que si en 1970 constituían el 11% de los empleados en el sector civil, en 1989 eran sólo el 5%. Con la creación en 1993 de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), esta tendencia experimentó una brusca reversión, y aunque no existen estadísticas oficiales, se calcula que cerca de 30 mil personas pasaron a engrosar el sector de los cooperativistas agrícolas haciéndose cargo del 30% de la tierra agrícola nacional. Otras 50 mil personas recibieron tierras a título individual.

Cuentapropistas: en ascenso y en inestabilidad

Otro sector que ha mostrado una considerable expansión ha sido el de los trabajadores por cuenta propia, principalmente en las áreas urbanas. El trabajo por cuenta propia no era desconocido por la sociedad cubana. En los años 70 este tipo de actividades habían logrado un cierto nivel de expansión, que fue cortado entre 1986 y 1989 cuando el llamado proceso de rectificación las consideró indeseables para los fines socialistas. En el verano de 1993 el trabajo por cuenta propia fue nuevamente rehabilitado como una forma de generar puestos de trabajo y de limitar los alcances del mercado negro. Aunque en el cuentapropismo se esconden verdaderas fortunas que han logrado las mejores posiciones y afrontar con éxito la escalada de impuestos del gobierno, la inmensa mayoría de los negocios amparados bajo la nueva ley son pequeñas unidades individuales o familiares cuyos ingresos netos, aún cuando superan los percibidos por la mayoría de los trabajadores del sector formal, no permiten una base para la acumulación.

Aunque las cifras oficiales no reflejan la verdadera dinámica de este proceso, hacia febrero de 1994 existían en el país 142 mil cuentapropistas legalizados, cifra que había ascendido en junio a 160 mil, y a 208 mil 346 en enero de 1996. Hacia 1997 se reportaba una disminución significativa: algo más de 160 mil personas. Hasta 1997 se habían presentado un total de 401 mil 847 solicitudes de licencias, y habían abandonado la actividad unas 158 mil 597 personas, lo que habla de una alta inestabilidad en el sector. Sólo el 0.9% del total en activo se ubicaba en las áreas más lucrativas -las paladares o restaurantes privados- y el 27% en pequeños puestos de expendio de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Para entonces el 26% de los cuentapropistas eran, al mismo tiempo, trabajadores del sector formal; el 30% eran desempleados; el 18% amas de casa -eufemismo que frecuentemente designa a la mujer desempleada-; y el resto eran jubilados. El 73% de los portadores de licencias eran hombres, lo que lleva a pensar en un rol subordinado de la mujer como apoyo de la actividad económica familiar. Un dato interesante es que el 80% de los cuentapropistas legalizados poseía más de nueve grados de educación.

Los datos sobre personas enroladas en el cuentapropismo deben tomarse con cautela. Como es usual en este segmento del mercado laboral, tras cada trabajador legalmente inscrito y que cumple sus deberes fiscales, existen varias personas que contribuyen con su trabajo, de manera más o menos estable, al negocio privado. Esto pudiera multiplicar varias veces la cifra real de cubanos cuyos principales ingresos provienen del trabajo por cuenta propia.

El desempleo: un rasgo ya estructural

La sociedad cubana comienza a transitar desde una situación de pleno empleo -legítimamente considerada como una conquista revolucionaria, aun cuando fuese al precio de una notable ineficiencia económica- a otra situación en que el desempleo se ha convertido en un rasgo estructural. En 1994 el desempleo abierto llegaba al 8.5% de la PEA y en 1997 era el 7%, lo que algunos analistas interpretaron como un signo regresivo positivo.

No se trata de una tendencia decreciente irreversible. La administración del desempleo por parte del Estado ha sido posible por la aplicación muy gradual, e incluso por la posposición en muchos sectores, de la racionalización de las plantillas de las empresas estatales. En el marco de este gradualismo, el mercado laboral ha brindado opciones nuevas de empleo, particularmente en el emergente sector privado. Se calcula que el 70% de la disminución del empleo estatal ha sido absorbida por el trabajo por cuenta propia.

Una eventual autorización de la pequeña y mediana empresa abriría otras válvulas. Pero como no se trata de una oportunidad ilimitada, la población desempleada seguirá creciendo en los próximos años, aún cuando la economía lograra crecimientos efectivos, y esto precisamente porque una precondición para la reproducción económica en el nuevo modelo de acumulación es prescindir de la fuerza de trabajo supernumeraria.

El desempleo ha afectado especialmente a los jóvenes menores de 30 años (60% de los desempleados) y a las mujeres. En cualquier cálculo, hay que tener en cuenta que los datos oficiales del desempleo son siempre inferiores a la magnitud real del fenómeno, pues sólo se refieren a las personas que han buscado empleo en las oficinas habilitadas para ello, lo que hace sólo una parte de la población desempleada. Tampoco existen datos sobre el subempleo.

Repensar el futuro desde la izquierda

Repensar al futuro cubano desde una perspectiva de izquierda es una necesidad que rebasa el marco nacional. La resistencia del pueblo cubano para defender su independencia nacional y sus conquistas sociales despierta la admiración del mundo entero y vertebra un movimiento solidario de gran significado moral y político. La intransigencia antimperialista del liderazgo histórico cubano no es menos digna de reconocimiento. Para todos nosotros, en Cuba, esto es muy importante, pero no es suficiente.

Cuba ofrece otra oportunidad: ser parte de un proyecto anticapitalista en formación que, aún cuando tenga diferentes concreciones nacionales, sólo podrá ser viable a escala internacional. Pero para serlo, Cuba requiere no solamente salvaguardar las conquistas sociales y la independencia nacional, sino, sobre todo, continuar avanzando en la gestación de un nuevo concepto del desarrollo y de la política, en el establecimiento de un genuino poder popular, de una cultura política permeada por el sentido de la solidaridad y la cooperación, de un sujeto social educado y portador de valores orgánicos a la meta socialista y de una clase política con segmentos importantes dotados del sentido de la responsabilidad y de una alta sensibilidad social. Para lograr todo esto sobran obstáculos. Los más importantes son precisamente las condiciones especialmente difíciles que el país enfrenta para su recuperación económica y la abrumadora asimetría de capacidades que tiene frente al mercado mundial capitalista, realidades agudizadas por los efectos que el inmoral bloqueo de Estados Unidos tiene no sólo sobre la economía sino también sobre la política.

Unidad Nacional con hegemonía popular

Certificada la inviabilidad de la autarquía, la inserción de Cuba en el mercado mundial capitalista es una condición indispensable para la sobrevivencia nacional. Pero esto no implica la aceptación fatalista de las reglas de juego de la llamada globalización, y mucho menos imposibilita el encontrar sendas alternativas que modifiquen sustancialmente los escenarios existentes. Sin embargo, un juicio realista no puede obviar que, fueran cuales fueran las prevenciones adoptadas, la inserción producirá siempre un cambio dramático en las relaciones de poder y en el código operacional del Estado en función del proceso de acumulación.

Esta línea de análisis nos conduce a la necesidad de un rediseño de la política, que debe estar animada por tres principios medulares, contradictorios pero no excluyentes. En primer lugar, debe garantizar la unidad de la nación frente a la injerencia imperialista. En segundo lugar, debe fortalecer al sujeto popular y a sus organizaciones, entendiendo la complejidad creciente del "pueblo". En tercer lugar, debe dar cuenta de la diversidad social sobre la base de la hegemonía popular y de la subordinación negociada de los sectores emergentes a esta hegemonía. Se trataría de un paradigma de la política socialista que reconozca la existencia de las contradicciones y de los conflictos de una sociedad compleja, y que provea los mecanismos para sus soluciones de manera democrática, en beneficio de la hegemonía popular y de la independencia nacional.

El fortalecimiento del sujeto popular pasa inevitablemente por la autonomía de sus organizaciones. El esquema de correas de transmisión resultó positivo para los fines revolucionarios en unas condiciones históricas que ya no existen. En las nuevas condiciones, las organizaciones populares tendrán que asumir espacios contradictorios, e incluso entrar en contradicción con las políticas dictadas por el Estado.

Un feminismo retador, un sindicalismo beligerante

En primer lugar, se trataría de estimular a las organizaciones sectoriales ya existentes. Por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas, una institución que tiene en su haber un destacado papel en la defensa de la movilidad social de las mujeres, debe reasumir su rol a partir de un enfoque feminista que desafíe las estructuras de opresión de género que permean a la sociedad cubana y que pueden verse reforzadas en el futuro al calor de las exigencias de un modelo de acumulación que tiene uno de sus pivotes en la degradación de la fuerza de trabajo femenina: prostitución, maquilas, etcétera.

Algo similar pudiera decirse de los sindicatos. Mientras operaron en una economía subsidiada y protegidos por un código laboral paternalista, los sindicatos pudieron conservar su legitimidad aun ejerciendo papeles discretos en la vida laboral. Pero, en la misma medida en que el nuevo modelo de acumulación impone la explotación intensiva de la fuerza de trabajo y eleva el costo de su reproducción, el espacio laboral se convierte en un nuevo compendio de alienación y de contradicciones cuya representación solamente podrá ser asumida por un sindicalismo militante que tenga capacidad legal para usar todo tipo de medios de presión, incluyendo la huelga.

Esto tiene un costo. Por ejemplo, que un sindicato más beligerante provoque reservas en un capital extranjero poco sofisticado que busca maximizar sus ganancias en el menor tiempo posible. Se trata de un costo imprescindible. Y de cualquier manera, no necesariamente es este tipo de capital el que debe ser atraído a un país que tiene "atractivos" económicos más sofisticados que una mano de obra barata y dócil. A modo de ilustración valga esta anécdota: cuando se estableció el primer hotel de la cadena Meliá en Cuba, la gerencia española se negó inicialmente a aceptar un sindicato. Según un subgerente cubano, los españoles aceptaron finalmente el sindicato en la consideración de que bien estructurado, el sindicato constituye el motor de cualquier actividad. Admitiendo que este consenso resulta inquietante, vale anotar que los sindicatos han sido la organización sectorial cubana que ha mostrado una mayor valentía y originalidad política de cara al ajuste y la reforma.

Sociedad Civil: antiguos frenos y nuevas razones

En segundo lugar, el potencial de las organizaciones populares en la Cuba contemporánea no se agota en las tradicionales organizaciones sociales y de masas. Desde hace algo más de un lustro, la sociedad cubana ha sido espectadora del surgimiento de numerosas asociaciones, algunas de ellas con una fuerte vocación pública, cuyo denominador común ha sido un compromiso medular con un socialismo renovado y con la independencia nacional. Entre estas nuevas asociaciones hay organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, movimientos comunitarios, etc. En conjunto, han promovido interesantes debates sobre una nueva visión del desarrollo con temas como el medio ambiente, el género, la participación popular, las culturas locales, etc. En particular, los movimientos comunitarios han intentado en la práctica ofrecer una alternativa de desarrollo y convivencia desde la comunidad, para superar la tradicional antinomia Mercado-Estado que ha saturado la discusión pública en Cuba durante años.

Todos estos movimientos han sufrido limitaciones burocráticas, cuya máxima expresión fue la emisión por parte de la alta jerarquía partidista, en 1996, de un documento en el que declaraba su intención de administrar la dinámica de estas asociaciones a partir de la configuración de una sociedad civil socialista cuyos parámetros de inclusión -o de exclusión- nunca fueron definidos, y por consiguiente quedaron sujetos al arbitrio de los órganos burocráticos. La argumentación oficial que justificó esta acción, así como otras actitudes restrictivas hacia la autonomía de las organizaciones, se ha basado en la consideración de que la estrategia injerencista norteamericana había considerado firmemente la utilización de la sociedad civil en Cuba como una vía para el socavamiento del sistema, repitiendo en Cuba las fórmulas empleadas en algunos países del Este europeo. Esta perspectiva injerencista ha sido una constante desde 1980, y se hizo explícita en la Ley Torricelli (1992) y en la Ley Helms-Burton (1996), que han concebido un segundo carril de operaciones dirigidas a la cooptación de sectores sociales y políticos específicos, incluyendo -aunque no únicamente- a los componentes de la sociedad civil.

Es perfectamente comprensible que el Estado cubano haya intentado proteger la soberanía nacional de los intentos subversivos norteamericanos, y que para hacerlo establezca filtros y "candados" políticos preventivos. Pero pudiera parecer paradójico que lo haga imponiendo limitaciones y controles burocráticos a organizaciones que habían expresado en términos declarativos y prácticos un rechazo tan total a las pretensiones injerencistas norteamericanas como el expresado por el propio Estado. Posiblemente, la reacción estatal contra la "sociedad civil" no sólo está expresando el celo patriótico de la clase política o la tradicional reticencia de la burocracia a admitir competencias legítimas en el control social, sino también su buena disposición a ofrecer al capital internacional "un país ordenado", incompatible con la existencia de organizaciones autónomas y beligerantes.

El desafío de crear espacios de socialismo y de democracia

El fortalecimiento del sujeto popular no puede limitarse a la revitalización de las organizaciones existentes, sino que requiere el surgimiento de asociaciones orgánicas a los nuevos actores, hoy subordinados en el nuevo proceso de acumulación.

Un primer caso paradigmático es el de los miles de trabajadores por cuenta propia. La posición intermedia de este sector en la estructura social emergente condiciona objetivamente su ambivalencia política en relación con la continuidad socialista. La mayoría de estos trabajadores depende básicamente de su propio fondo de trabajo, y aún cuando en la actual coyuntura económica anómala sus ingresos sean relativamente altos, están incapacitados para acumular. La calidad de sus vidas continúa dependiendo en alto grado de la provisión de servicios sociales estatales y del compromiso estatal con el bienestar público. Pero al mismo tiempo, crecientemente educados en la acción individual, tienden a limitar su cosmovisión al reino más mezquino de las ganancias personales de los que objetivamente son "sus negocios". Y a percibir ciertas obligaciones sociales -por ejemplo el pago de impuestos- como exacciones injustificadas que les cierran el camino a niveles más altos de enriquecimiento. La negativa del último Congreso del Partido Comunista (1997) a permitir la formación de pequeñas y medianas empresas puso de hecho un valladar a lo que hubiera significado un paso incentivado hacia cooperativas y otras asociaciones de productores de servicios.

Un caso similar, por sus posibles implicaciones políticas, es el de los trabajadores cooperativos agrícolas, principalmente los establecidos en las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Las UBPC fueron una respuesta estatal para obtener de manera descentralizada mejores rendimientos agrícolas. Un muy significativo 20% de la tierra estatal fue cedida en posesión a grupos de trabajadores, lo que constituyó el paso socializador más audaz dado por la revolución cubana en los últimos lustros. Sin embargo, hay que reconocer que el establecimiento de las UBPC careció, desde sus inicios, de una clara perspectiva política lo que, un lustro después de esta audacia, aún marca a las UBPC con un sello utilitario e inmediatista. Las UBPC nacieron constreñidas burocráticamente, al no contar con un acceso libre al mercado y al estar sujetas a los andamiajes administrativos de las empresas estatales. Desde fines de 1994 se viabilizó su acceso al mercado, lo que produjo su parcial dinamización. Pero, sin otras acciones políticas, esta dinamización pudiera adoptar un curso que frene su rol potencial de convertirse en espacios de propiedad socialista con democracia interna. Evitar este curso negativo no dependerá del éxito económico -aunque éste sea indispensable- sino del diseño político general en que estas cooperativas se inserten.


Una nueva forma de pensar y de hacer política

Los trabajadores independientes -cuentapropistas, cooperativos o ligados en un futuro a la pequeña y mediana empresa- se revelan también como un reto para una clase política habituada al control verticalista centralizado. Las políticas en curso han consistido en insertar a estos trabajadores en los sindicatos existentes, lo que es evidentemente disfuncional, tanto para los sindicatos como para los cuentapropistas y para los cooperativistas, y lo que de hecho ha sido una convocatoria con escasos efectos. Todo hace pensar que sería más razonable estimular la organización de estos sectores en organizaciones propias capaces de representar sus intereses específicos dentro del sistema, aún cuando esto implique una nueva forma de pensar y de hacer política.

Sólo a partir de esta potenciación del sujeto popular en las diferentes esferas sociopolíticas es posible pensar en un diseño económico alternativo que conjugue formas de economía popular con mecanismos de cogestión y autogestión a partir de un patrón empresarial descentralizado, sea bajo el rubro de la propiedad estatal, de la propiedad mixta o de la propiedad privada. Y al mismo tiempo, que contenga otras formas organizativas de consumidores que, amparados por una legislación coherente, puedan contrarrestar el efecto depredatorio del mercado -controlado por el sector privado o por el estatal- sobre los niveles de consumo de la población.

Defino la economía popular como el conjunto de actividades productoras o proveedoras de servicios realizadas por agentes individuales o colectivos que dependen fundamentalmente para su reproducción de la continuada realización de su fondo de trabajo propio, y cuyo rasgo distintivo es la autorregulación basada en principios solidarios y asociacionistas.

Nuevo paradigma: unos pocos que exhiben éxito personal

Este mismo diseño político debe contemplar el espacio necesario, pero subordinado, del sector tecnocrático empresarial. La importancia de estos sectores emergentes no radica en su cantidad. En términos numéricos no hablamos sino de unos pocos miles de personas cuyos lugares en la escala social son aún inestables, carecen de estructuras organizativas propias y no han desarrollado una conciencia sectorial coherente.

La trascendencia de este sector es cualitativa, sobre todo por su posicionamiento en las áreas más dinámicas de la economía, lo que les dota de "bienes políticos intercambiables" frente a la clase política y a la burocracia tradicional. Se trata de una relación biunívoca complementaria, aunque no exenta de contradicciones, en la que los sectores emergentes proveen a la élite tradicional de los excedentes económicos para la reproducción del proyecto político y en la que, al mismo tiempo, la élite política garantiza la paz social que resulta imprescindible para el nuevo modelo de acumulación. En última instancia, no debemos olvidar que los nuevos tecnócratas y empresarios provienen del seno de la burocracia tradicional, o han sido formados en sus políticas, lo que los coloca en una red muy privilegiada de relaciones personales y de acceso a recursos informativos, materiales, etc.

La relevancia cualitativa de este sector se evidencia también en la posesión de una alta capacidad de producción ideológica y cultural, para lo cual sólo necesitan mostrarse ante la sociedad como símbolo del éxito personal en el mercado. Esta "exhibición" social ha tenido un impacto en las actitudes y conductas de segmentos significativos de los sectores populares, para los cuales lo que antes se percibía como una desviación de la norma -acomodamiento, corrupción o marginalidad- hoy es evaluado como rasero del éxito o simplemente como resistencia legítima en aras de la sobrevivencia. El paradigma de este sector no podría ser otro que un modelo chino edulcorado, locuaz respecto a sus logros económicos y consumistas y que calla sus deprimentes resultados sociales, políticos, culturales y ecológicos.

La raíz de una mafia tropical

Es en estos sectores donde radica la base social real de un termidor cubano, no en los insignificantes grupos disidentes -con los que el sistema ha aprendido a convivir sin grandes molestias-. En estos sectores emergentes está lo que pudiera ser un problema mayor en el futuro: la raíz de una mafia tropical que ya empieza a mostrar sus influencias.

Las principales limitaciones para el despliegue de estos sectores como bloque hegemónico están en la persistencia de una alianza de las clases populares con la dirigencia política surgida del hecho revolucionario. Los signos de cautela mostrados por la dirigencia política -y particularmente, por quienes conforman su liderazgo histórico- frente al avance del mercado y de la reforma, no importa ahora la valoración técnica que merezcan, expresan la permanencia de este compromiso social básico, por lo demás innegociable ante la necesidad de mantener la unidad nacional frente a la hostilidad norteamericana.

En consecuencia, el estado actual de la reforma económica en Cuba aún mantiene una fuerte compartimentación de los sectores económicos y una realidad de mercados fragmentados, lo que dificulta las relaciones horizontales entre los distintos componentes, e incluso entre los miembros de cada sector. No es difícil advertir, sin embargo, que esta condicionante estructural será diluida por la fuerza del mercado si el bloque popular no se renueva, y si no se proyecta como una fuerza autónoma y con posicionamientos políticos propios. En términos formales, esta renovación implicaría cambios institucionales, normativos y de procedimientos, ninguno de los cuales tiene que ver con las exigencias de Estados Unidos en pro de una democratización liberal del sistema cubano.

Espacio local: primer eslabón

Un primer eslabón de esta cadena renovadora sería un subsistema municipal más capaz y más participativo, como espacio primario de concertación de intereses y de negociación de las políticas. Los espacios locales cubanos han dejado de ser simples vectores de un desarrollo regional equilibrado y centralmente planificado. Los espacios locales comienzan a experimentar desarrollos desiguales según sean sus posicionamientos ante las dinámicas económicas trazadas por el mercado mundial. Polos turísticos, áreas mineras, zonas francas industriales, son nuevas variables que fragmentan el espacio nacional y diversifican los espacios locales. Las sociedades locales cubanas se están transformando con la aparición de agentes económicos y sociales generadores de nuevas relaciones de poder. En este contexto queda poco espacio para la forma tradicional de alimentación de las tomas de decisiones plasmadas en el plan económico centralizado: la agregación de demandas de la población transmitidas a través de mecanismos verticalistas. En un escenario de negociaciones, el plan deberá ser indicativo, descentralizado y plural. En el espacio local cubano está un primer momento de una planificación democrática.

Redefinir los órganos representativos, lograr elecciones competitivas

A nivel macro, se impone una redefinición de la manera en que se constituyen los órganos gubernamentales representativos a los diferentes niveles. Hasta el momento esto ha funcionado sólo a partir del voto popular organizado por territorios, en el caso de las instancias provinciales y nacionales, donde no existe espacio para elecciones competitivas, lo que ha incidido, por un lado, en la ausencia de representación en los gobiernos locales de grupos de trabajadores ubicados en los territorios, o en la subrepresentación de sectores marginalizados, como las mujeres. Por otro lado, ha erosionado las capacidades deliberativas de las instituciones representativas o ha llevado a recurrir a ficciones legales con vistas a asegurar esta representación donde es imprescindible.

Un nuevo diseño sugeriría la composición de estas instituciones a partir de fuentes diferentes que satisfagan las exigencias de la representación de territorios, de sectores y de intereses. Siempre, por supuesto, pasando por la validación real del precepto legal que confiere a los órganos representativos los mayores poderes estatales en cada territorio. Hasta el momento, los órganos representativos han tenido un pobre desempeño legislativo, acompañado de escasos calendarios de reuniones que no rebasan por lo general unos cuatro días al año y que tienen como resultado un inquietante voto unánime en la totalidad de los temas que se discuten.

Derechos civiles y políticos: un desafío

No menos relevante es la creación de un escenario de libertades, derechos y deberes ciudadanos, claramente consagrados por la ley y respaldados institucionalmente. La sociedad revolucionaria cubana ha sido pródiga en la elaboración de un listado de derechos sociales y económicos que no pueden diluirse en la "magia del mercado" y deben ser defendidos como conquistas revolucionarias genuinas. Pero, al mismo tiempo, el enunciado de los derechos políticos y civiles ha sido débil, impreciso y sujeto a la administración del Estado. Esto ha producido lamentables arbitrariedades en detrimento de los derechos individuales y colectivos, del debate público, y de las ideas que disuenan en un escenario donde domina el afán de darle a la política un sentido monolítico. Valdría la pena recordar cómo el marxismo clásico describía la sociedad alternativa al capitalismo: Una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos.

El Partido Comunista de Cuba no podría ser ajeno a todas estas transformaciones. De hecho, tendría que ser su protagonista. Sólo el Partido, organización central del sistema político, con su más de medio millón de miembros educados políticamente en un compromiso medular con el socialismo, puede proceder a impulsar los cambios imprescindibles con los menores riesgos de ruptura y en aras de consolidar un genuino poder popular.

Esto implicaría la transformación del propio Partido Comunista. Se trataría de encontrar la forma más adecuada de organizarse y de funcionar de acuerdo a las diferencias de intereses que serían reconocidas en el ámbito social y en el político. En un primer escenario óptimo, esto conduciría a un partido más democrático, abierto al debate y que permita tendencias en el marco de la unidad de propósitos estratégicos. No es aventurado afirmar que esto también podría conducir a un sistema multipartidista, particularmente si el Partido Comunista dejara de asumir su rol de vanguardia. Un desplazamiento del sistema político en esta dirección podría ayudar al surgimiento y al desarrollo de opciones partidistas responsables y leales con la continuidad del sistema.

Está en juego la continuidad del socialismo

El pueblo cubano ha pagado un alto precio durante más de 40 años por el pecado de querer levantar un proyecto alternativo de vocación socialista e independencia nacional en lo que Estados Unidos ha considerado siempre su patio trasero. Durante varios lustros tuvo que pagar un precio por las ventajas innegables del apoyo soviético. Hoy paga un costo redoblado por persistir en ese empeño, retornando con singular crudeza a la tragedia histórica del socialismo en un solo país. La continuidad socialista, de un socialismo renovado y engarzado en una estrategia mundial anticapitalista, no es una improbabilidad absoluta. Pero tampoco está garantizada esa continuidad por las antaño invocadas leyes generales de la historia.

Si Cuba debe afrontar una restauración capitalista, habrá que pensar que los costos pagados en los últimos cuarenta años han sido una inversión para el futuro renacimiento de una alternativa de izquierda. Y habrá que continuar avanzando, recordando la advertencia de Don Quijote a su escudero, aunque avanzar provoque los ladridos de los burócratas convertidos en empresarios, de los dogmáticos transformados en liberales o simplemente de quienes imaginan que estamos llegando efectivamente al tan pronosticado fin de la historia.

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