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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 223 | Octubre 2000
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México

Primeros pasos del foxismo en una transición muy difícil

El 2 de julio México rechazó un sistema político sustentado en mecanismos autoritarios y corruptos. La tarea es ahora impedir que se recomponga el autoritarismo y el peligro es que el PRI sea desmantelado a espaldas de la población. La expectación de la sociedad es inmensa.

Jorge Alonso

Después del 2 de julio creció entre la población mexicana la percepción de que, por fin, hay democracia. En junio de 1999 y según una encuesta del periódico Reforma, sólo un 38% consideraba que en México existía democracia. En diciembre esta percepción había mejorado algo: un 50% juzgaba que la democracia sí operaba en el país. En junio del 2000, con las guerras sucias que caracterizaron las campañas electorales, volvió el pesimismo y sólo el 42% opinó que se vivía en democracia. Dos meses después del triunfo de Vicente Fox, un 66% afirma que México es un país democrático.

Una transición muy difícil

La mayoría de los ciudadanos espera que el cambio sea para bien. Pero, desde los primeros momentos, el trastocamiento de las reglas del operar político desató tal rejuego en las principales fuerzas políticas que parecía ponerse en peligro la tersa transición iniciciada en julio. El gobierno saliente ya no tiene todo el poder y se debate entre escándalos, mientras el equipo de transición foxista tampoco ha logrado el control de la política.

Los cinco meses que median entre las elecciones y el inicio de la gestión del nuevo Presidente son muy prolongados para que el cambio no encuentre obstáculos en los diversos grupos de poder que pugnan por no ser desplazados.

El triunfo de Fox y del PAN ha significado la profundización de las crisis internas del PRI y del PRD. Puede también desatar una crisis en el PAN mientras se define la relación del partido con el nuevo Presidente, quien no quiere repetir las tradiciones del PRI que sujetaban al partido a las directrices presidenciales.

Chiapas en la mira

En agosto y septiembre se llevaron a cabo dos importantes procesos electorales locales. En Chiapas, para cambiar el congreso local y el gobernador. En Veracruz, para elegir alcaldes y diputados. En Chiapas competía el PRI contra una alianza opositora que prácticamente unió a las dos alianzas de partidos encabezadas por el PAN y el PRD que se constituyeron para la elección federal. Las encuestas más serias daban la delantera a la oposición. Esto tensionó a los priístas, que se esmeraron en preparar y en cometer fraudes. Los gobernadores priístas -sobre todo el de Tabasco, Roberto Madrazo- decidieron apoyar a los candidatos de su partido en Chiapas.

Durante el mes de julio los municipios autónomos zapatistas hicieron diez denuncias sobre movimientos del ejército y hostigamientos a comunidades indígenas en resistencia. Diez días antes de la jornada electoral, mil indígenas de la sociedad civil. Las Abejas -de Acteal- marcharon en celebración del Día Internacional de los Pueblos Indios y denunciaron la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas, de la cual la matanza de Acteal había sido un claro ejemplo. Los indígenas reclamaron porque a casi mil días de aquella masacre, el gobierno se empeñaba en engañar afirmando que ya se había hecho justicia. Insistieron en que se castigara al ex-gobernador Julio César Ferro y a ocho de sus colaboradores, autores intelectuales de la masacre. También demandaron el desarme de los grupos paramilitares, pues mientras sigan actuando, los desplazados no podrán regresar a sus comunidades.

Desde hace tiempo se viene denunciando la actividad de los paramilitares. Los problemas creados por el grupo paramilitar Paz y Justicia, que hizo huir de un predio a bases de apoyo zapatistas, dieron pie a que el Ejército y la Policía Federal Preventiva se presentaran en el lugar con la misión de desarmar a este grupo armado priísta. Era una mueca: salieron de allí sin presos, e incautando una única arma y algunos casquillos.

PRI: preparando el fraude en el terreno

La comunidad interpretó este "operativo" como una acción más para inducir el "voto del miedo" a favor del gobierno. La iglesia exhortó a votar, y pidió que se evitara la coacción del sufragio. El candidato opositor prometió castigar a los responsables de la masacre de Acteal, desmilitarizar Chiapas e impulsar los acuerdos de San Andrés. Las organizaciones ciudadanas alertaron a la opinión pública sobre la falta de condiciones para realizar elecciones limpias en Chiapas. Y en vísperas de los comicios, se intensificó la ofensiva paramilitar, hostigando incluso a los observadores electorales.

El domingo 20 de agosto, día de las elecciones hubo robo de material electoral, compra de votos y secuestro de opositores durante algunas horas. En muchos sitios alejados de la observación, el PRI coaccionó el voto. Las comunidades zapatistas no acudieron a votar por el hostigamiento. La presencia de observadores nacionales e internacionales inhibió muchas de las acciones fraudulentas que los priístas tenían preparadas y, pese a todos los fraudes, Pablo Salazar, candidato opositor, ganó las elecciones.


Buscando el fraude con las cifras

En las elecciones federales Chiapas fue el estado con mayor abstención. En las locales, el abstencionismo creció por los hostigamientos. La misma noche de la jornada electoral, el gobernador, reconoció la derrota del PRI.

El PRI intentó realizar un fraude "de segundo nivel" al ver que no le había servido el de primer nivel realizado en el terreno. Pretendió consumar el fraude manipulando las cifras. Presionó a las autoridades electorales. Intentó que no se dieran a conocer los resultados preliminares. En contra de lo acordado por los partidos, la dirigente nacional del PRI brindó cifras falsas antes de que el organismo electoral ofreciera los resultados preliminares.

Los dirigentes nacionales del PRD y del PAN comunicaron al Secretario de Gobernación la gravedad de la situación: los operadores del gobernador tabasqueño Madrazo pretendían cambiar los resultados. A las 10:50 de esa noche el Consejo Electoral anunció los conteos rápidos de dos empresas confiables. Ambas constataban el triunfo de la oposición por un amplio margen. Al día siguiente, los datos oficiales confirmaron el triunfo opositor.


Chiapas: plebiscito contra el PRI

Pablo Salazar declaró que su victoria asestaba un golpe al sindicato de gobernadores priístas del sureste. El gobernador electo anunció que daría marcha atrás a las medidas de remunicipalización de Albores, el gobernador saliente, realizadas al margen de las comunidades y contra los acuerdos de San Andrés entre el gobierno y el EZLN. Anunció el fin de la impunidad y reconoció que mientras existieran las causas que habían dado origen al levantamiento del EZLN, éste tendría razón de existir.

En Chiapas ha habido una complicidad histórica entre gobernantes y finqueros, terratenientes y explotadores de indios. Las elecciones fueron como un plebiscito donde se ratificó localmente la derrota nacional del PRI, una derrota nacida de la convicción de que mientras el PRI siguiera gobernando no habría solución para el problema indígena en Chiapas.

Veracruz: oposición desunida

La situación en Veracruz fue totalmente distinta. No hubo unidad entre la oposición. Peor: muchos partidos pequeños se convirtieron en franquicias electorales para grupos de poder regionales, y partidos que fueron aliados del PRD en las federales se unieron al PRI. Se dio el caso de partidos aliados en un municipio y enemigos en el contiguo. En este panorama, el PRI consiguió candidaturas comunes en 122 de 210 municipios (con el PARM, el PAS y Sociedad Nacionalista). El PRD presentó 34 candidaturas comunes, tres con el PAN. El PAN presentó 26 candidaturas comunes. En contra de la ley, el gobierno local priísta se dedicó a utilizar recursos públicos en su favor. También en Veracruz el abstencionismo fue alto.

Con la división y fragmentación de los partidos, el PRI salió ganando y se recuperó. Ganó 116 alcaldías y 20 de las 24 diputaciones. El PAN obtuvo 4 diputaciones y 43 alcaldías, el PRD 29. Mientras el gobernador priísta supo unir a los principales grupos de su partido, en la oposición las divisiones fueron grandes. Después de la elecciones locales queda claro que, a nivel nacional, el poder del PRI se ha desplazado de la Presidencia de la República a las gubernaturas que aún controla. En este sentido, el PRI se ha ufanado de que el triunfo de Fox no produjo el temido "efecto dominó."

Tensiones en el Ejército

El Ejército mexicano nunca ha rendido cuentas del dinero público que recibe. Goza de gran autonomía y discrecionalidad para manejar recursos y no acata las normas de Hacienda.El manejo discrecional de la nómina representa una importante fuente de poder y de corrupción interna. Para colmo, las fuerzas armadas han sido infiltradas por el narcotráfico. El triunfo de Fox, produjo una conmoción en las filas castrenses y las antiguas redes de impunidad comenzaron a debilitarse, produciéndose una tensa pugna por el poder. Varios grupos se movilizaron para quedarse con la Secretaría de la Defensa Nacional. Un militar retirado le escribió a Fox preguntándole si la situación de deterioro y desprestigio del ejército se prolongaría.

En este agitado contexto, dos militares de alto rango fueron acusados de nexos con narcotraficantes y apresados. Eureka, un grupo que busca a desaparecidos políticos, denunció que estos dos militares habían cometido infinidad de abusos contra militantes populares de oposición. Muchos militares aceptaron que se procesara a los generales Acosta y Quiroz por sus vínculos con el narcotráfico, pero expresaron desacuerdo en que se les siguiera juicio por torturadores, asesinos y violadores de derechos humanos durante la lucha contra la guerrilla en los años 70. Argumentaron que procesarlos por eso bajaría la moral de todo el ejército y adujeron que todo lo hicieron cumpliendo órdenes. Recordaron que en estos trabajos sucios estuvo involucrado todo el sistema.

Se destapan grandes escándalos

Entre 90 países, México ocupó el lugar 59 en el último informe sobre el índice mundial de corrupción. Mientras Finlandia, el país con menos corrupción en el mundo, lograba una calificación de 10, México se colocaba en 3.3. El 25 de septiembre se dio a conocer un informe del Banco Mundial en el que, en una muestra de 21 países, México ocupa el cuarto lugar entre los más corruptos.

En los meses que siguieron a las elecciones federales, varios casos revelaron, como punta de un iceberg, la escandalosa corrupción del país. Las acusaciones de peculado hicieron renunciar al Secretario de Turismo Oscar Espinosa. Fox pidió que se le enjuiciara. Pero, apoyado por el priísmo, el personaje prefirió convertirse en prófugo y comenzó a ser buscado por el país y el extranjero.

Otro gran escándalo de este final de sexenio fue el relacionado con el Registro Nacional de Vehículos, tarea estatal que había sido privatizada. El gerente de esta empresa, Ricardo Miguel Cavallo, resultó estar acusado internacionalmente por falsificación y robo de autos. A estos delitos sumaba otros mayores: torturador y asesino de presos políticos en el gobierno militar de Argentina. El juez español, Baltasar Garzón, quien persiguió a Pinochet, había solicitado la detención de Cavallo en cualquier lugar del mundo por los delitos de tortura, asesinato y genocidio. Cayó en México. Al día siguiente, el subsecretario de la Secretaría de Comercio -responsable de todo lo relacionado con el registro de vehículos- apareció suicidado. Las dudas se multiplicaron y todo olía a mafia. El gobierno aparecía penetrado por criminales y la responsabilidad de los altos funcionarios era evidente.

Desvío de fondos y espionaje

La Suprema Corte ordenó al Presidente Zedillo entregar al Congreso la información sobre los fideicomisos de Banca Unión, de donde se desviaron ilegalmente recursos para el PRI en los tiempos en que el hoy prófugo Espinosa era secretario de finanzas del PRI. Zedillo acató la orden judicial, y los priístas se indignaron, demostrando que no les importa tener conductas delictivas, sino que se sepan y puedan ser castigadas. El 21 de septiembre, la Comisión Bancaria entregó al Congreso la información sobre los fideicomisos irregulares que sirvieron para financiar campañas priístas. El monto era de 11 millones de dólares. Estos fondos fueron después a parar al FOBAPROA. En estos fondos había dinero para la campaña presidencial de Zedillo y para la gubernamental de Madrazo.

El IPAB -institución sucesora del FOBAPROA- aclaró que ya que se había comprobado que el PRI había recibido dinero de Banca Unión, lo que había contribuido a su quiebra, y ese partido tenía la obligación de devolver el dinero. Cuatro grupos parlamentarios demandaron un juicio político contra el gobernador de Tabasco. El PRD pidió que se investigara la campaña -en marcha- para elegir gobernador en Tabasco para saber si existía o no el acostumbrado desvío de recursos. También exigió que se investigara a otros bancos para poner en claro si no habían derivado dinero ilícito al PRI.

Otro escándalo se suscitó al conocerse que el gobierno espiaba ilegalmente las llamadas telefónicas de Vicente Fox. Y otro a finales de septiembre, cuando la policía federal de caminos fue denunciada por su complicidad con narcotraficantes. En este contexto, el deterioro de la Procuraduría General de Justicia ha sido inocultable.

Ultimo informe de Ernesto Zedillo: evaluación de un sexenio

Zedillo brindó su último informe al Congreso. Los diputados del PRI, acostumbrados a aplaudir al Presidente, permanecieron esta vez callados, resentidos. El texto presidencial trató de justificar su sexenio. Pero los resultados -incluso los de las cifras oficiales de los anexos- llevaban a la conclusión de que la obra de Zedillo había contribuido a destruir el país. Zedillo prometió bienestar para todas las familias mexicanas pero el bienestar alcanzó sólo para unos cuantos cómplices. Zedillo no habló de Chiapas, ni del significativo conflicto universitario de la UNAM, ni del FOBAPROA, ni del reciente escándalo con el Registro de Vehículos. Durante su gobierno la deuda pública aumentó en un 100%. El sistema bancario, rescatado con sumas millonarias, seguía en quiebra. La pobreza aumentó. Zedillo se va dejando un saldo de sangre derramada por fuerzas estatales y paramilitares: matanzas de Aguas Blancas (Guerrero), Acteal, El Bosque y El Charco (Chiapas).

Vicente Fox señaló las graves omisiones de Zedillo: Chiapas, Acteal, Aguas Blancas. Y recalcó que dejar el desarrollo de la gente en manos del mercado era un error, y que tenía que darse una intervención selectiva y temporal del Estado que asegurara la distribución del ingreso. El PRD declaró que Zedillo pasaría a la historia como el Presidente FOBAPROA.

En el futuro, el informe presidencial deberá dejar de ser un acto ritual para convertirse en una verdadera comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Guerras dentro de un PRI sin cabeza

El PRI perdió la cabeza que tenía en el poder presidencial, desde donde se daban órdenes y se repartían cargos y recursos. La derrota electoral causó profunda decepción y un gran enojo. Hubo priístas que plantearon expulsar a Zedillo del PRI por haber reconocido el triunfo de Fox. No le perdonaban no haberles dado la oportunidad de consumar la segunda fase del fraude. Las luchas al interior del PRI por ver quiénes comandarán la reestructuración del partido fueron agudas. Y aunque el reto era mantener la unidad, no había cabeza que pudiera dirigir el proceso.

Los 21 gobernadores del PRI se reunieron varias veces para examinar cómo proseguir. Los del sureste, comandados por Madrazo, proclamaban que la refundación vendría de alli, del sureste. Pero el primer descalabro que habían tenido en Chiapas no fomentaba el optimismo y había signos de desbandada priísta en cuatro estados.

Una radiodrafía del PRI revelaba que existían en el partido unos 40 grupos. Y que todos pugnaban por un espacio en la pretendida reestructuración. Algunos son grupos muy fuertes, como el del ex-gobernador del estado de México, Hank; el del gobernador tabasqueño, Madrazo; el del ex-gobernador de Puebla, Bartlett; y el de Enrique Jackson, quien se había quedado con la coordinación del grupo parlamentario. Los críticos del PRI reconocían que en el partido de gobierno se había ido creando una élite muy fuerte en lo político y en lo económico, pero muy débil en lo moral y en lo ético.

Algunos sectores inconformes con los dirigentes partidistas, sintiéndose excluidos, causaron destrozos en la sede del PRI. Uno de los signos más graves de la descomposición priísta se vio en el sangriento enfrentamiento, con saldo de muertos, entre dos agrupaciones del PRI que luchaban por un ayuntamiento en el Estado de México. El PRI nacional tuvo que reconocer públicamente su responsabilidad por ahijar en su seno esta clase de grupos. La realidad mostraba que, con la pérdida de la Presidencia, se había iniciado en el PRI la rebelión de los caciques de todos tamaños que hasta ese día habían estado disciplinados y sintiéndose impunes a cambio de darle votos al partido.

Desmantelar los mecanismos del PRI

Luis Javier Garrido, uno de los más agudos estudiosos del PRI, señaló que el régimen priísta se había sustentado en arreglos y componendas realizadas por los gobernantes al margen de los mexicanos, y que ese sistema se había derrumbado el 2 de julio, al acabarse el partido como un organismo del Estado.

Garrido llamó la atención sobre dos hechos. El primero, que los restos del sistema de poder que le habían dado forma al PRI seguían vivos. Y que los mecanismos de poder priístas debían ser desmantelados, porque de no ser así no se superaría el autoritarismo. Entre estos mecanismos, señaló las centrales y sindicatos priístas que seguían controlando a los trabajadores, el subsidio gubernamental a los periódicos, las policías políticas, los sistemas de espionaje, y todos los tipos de subsidios dados a las organizaciones que han sostenido al priísmo.

Además de ser desmantelado todo esto, debía revisarse el proceso de privatización de las empresas públicas, recuperar lo defraudado por la burocracia política priísta, quebrar las relaciones del estado con el narcotráfico, procesar a los responsables de los crímenes de Estado, y proceder indicialmente contra los que defraudaron a la nación a través del FOBAPROA. Sin desarticular todos estos mecanismos de control y de dominación que se desarrollaron en las últimas décadas a partir de entidades públicas y de instituciones privadas, organizaciones sociales y medios de comunicación, el PRI seguirá vivo.

El segundo hecho señalado por Garrido es el peligro de que todo este desmantelamiento se negocie a espaldas de la sociedad. El significado del 2 de julio ha sido el rechazo a un sistema político con todo lo que históricamente ha implicado. La tarea ahora es evitar la recomposición del autoritarismo.

Un PRD sin rumbo

El PRD mantuvo su cohesión en medio de fuertes pugnas internas suscitadas por la meta de sacar al PRI de la Presidencia y de poner en su lugar a Cuauhtémoc Cárdenas. Las elecciones dejaron como saldo la derrrota del PRI -aunque no por obra del PRD- y el desgaste de Cárdenas como dirigente. Cárdenas declaró el 2 de julio como el más aciago para los mexicanos. Los resultados electorales dejaron resultados magros para el partido del sol azteca: de tener 125 diputados pasó a tener 50.

En el PRD también se demandaba su refundación. Pero en medio de la confusión postelectoral se veía también un camino para una alianza con el PRI. Las dirigencias del PRI y del PRD se reunieron apelando a sus afinidades ideológicas. Comparten vicios. Las corrientes críticas llamaban la atención sobre los cacicazgos que también existen en el PRD y lo dañan. Si eso no se corregía, existía peligro de disgregación. Lo más grave es ver que, ante la victoria foxista, no hay una izquierda sólida con un programa viable que le haga contrapeso.

Guanajuato: debate nacional sobre el aborto

El triunfo de Fox encrespó al ala ultraderechista del panismo. En Guanajuato, la mayoría de legisladores panistas aprobó una ley por la cual las mujeres, no podían acudir al aborto, aun cuando hayan sido violadas. Si lo hacían, irían a la cárcel. La Ley provocó un extendido repudio nacional, lo que obligó a la directiva nacional panista a aclarar que no se trataba de una estrategia del PAN a nivel nacional ni respondía a lineamientos de la dirección del PAN ni a los del Presidente electo. La directiva prometió reunirse con los legisladores de Guanajuato para encontrar soluciones adecuadas.

Fox enfatizó su desacuerdo con la ley antiaborto de Guanajuato. y recordó que se había comprometido a no promover ninguna iniciativa que cambiara las circunstancias en que estaba definida la legalización del aborto en las leyes.

A nivel nacional, la legislación permite el aborto en caso de violación sexual. Los movimientos feministas exigen una despenalización total. Aducen que en México se realizan anualmente 850 mil abortos clandestinos, que ponen en peligro la vida de la mujer.

Los ocho gobernadores panistas externaron también su repudio a la ley. El gobernador de Guanajuato mandó a hacer una encuesta para conocer el sentir de los guanajuatenses: un 63% no aprobaba las modificaciones planteadas en la nueva ley. Al final, el gobernador, utilizando su derecho de veto, dejó sin sustento la cuestionada ley.

El periodista Jaime Avilés hizo ver a la ciudadanía que la posición antiabortista no era exclusiva de los sectores duros del PAN. Aunque la esposa de Labastida, candidato presidencial priísta, había hecho un gran escándalo por la ley de Guanajuato, en Sinaloa -la tierra de Labastida- se había dado un caso de una muchacha violada que quiso abortar y a quien las autoridades priístas no se lo habían permitido, y la esposa de Labastida no había hecho ni dicho nada.

A finales de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) apoyó la recomendación que en marzo hiciera la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana al gobierno panista de Baja California, exigíendo que se indemnizara a una menor, víctima de violación sexual, a la que se le había impedido abortar legalmente. Por medio de un fideicomiso, debía serle garantizada a ella y a su hijo salud, educación, vestido y vivienda. La CDNH recomendó también que se determinara la responsabilidad del Procurador de Justicia del Estado y la del personal médico involucrado.

El caso guanajuatense desató una fuerte controversia y tuvo ecos nacionales. Este tema no se había tocado en dos años y medio de gobierno del PRD en la capital. Como una respuesta política, en el Distrito Federal se despenalizaron otros casos de aborto: malformaciones congénitas y peligro de la vida de la madre. También en Morelos se hizo una modificación legal para permitir el aborto en caso de malformación del feto o de inseminación artificial sin consentimiento.

Una sociedad plural frena a la ultraderecha panista

Una derecha extrema acuerpada en la organización Pro Vida, con importante influencia en sectores panistas, había intentado hacer avanzar sus posiciones. Y continuará intentándolo. En Aguascalientes- otro estado gobernado por panistas- hubo funcionarios que permitieron que en un balneario particular se prohibiera la entrada "de homosexuales y perros". La protesta local fue apoyada nacionalmente, y por la presión de los movimientos sociales se tuvo que dar marcha atrás a las pretensiones homofóbicas. La realidad es que, aunque la derecha se ha envalentonado, en todos los casos se ha topado con respuestas de importantes grupos sociales que le han impedido imponer sus rígidas normas a una sociedad cada vez más compleja y plural.

PAN: diversas tendencias y distancia de Zedillo

El gobierno foxista tendrá que dialogar con todas las fuerzas. Y entre ellas, con las de su mismo partido, en donde se encuentran muchos elementos de derecha, moderados por algunos grupos de centro. Hay legisladores del PAN que han manifestado su desacuerdo con los Acuerdos de San Andrés. Otros no avalan que se prosiga con los lineamientos internacionales en materia económica. El líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados ha hecho saber a los encargados de cuestiones económicas del equipo de Fox que no aceptará su preproyecto de presupuesto porque se aprecia en él una aplicación mecánica de las recetas del Banco Mundial.

Más como respuesta a descalificaciones, que hizo en la reunión anual del FMI y del Banco Mundial quien fuera el gurú del salinismo, el profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Rudiger Dornbusch, Vicente Fox declaró que, dado que México ya no tenía deuda alguna con el FMI, podría actuar con libertad sin seguir los lineamientos de los organismos internacionales. Aunque esta declaración lo distanció de los discursos globalifílicos de Zedillo, los imperativos de la globalización llevaron al equipo de Fox a calmar al FMI: en México habría continuidad en las políticas económicas. Pero hicieron precisiones. Una de ellas, la necesidad de atender la recuperación de los salarios reales de la población, y sólo después hablar de la flexibilización laboral.

Fox con el PRD y con el PRI

El 2 de agosto el Tribunal Electoral declaró a Vicente Fox Presidente electo de México. Desde ese momento, Fox se dio a la tarea de emprender una reconciliación, después de tan agria campaña electoral.

Pidió perdón a los magistrados por haberlos acusado de parcialidad y de acciones sucias cuando el Tribunal prohibió que saliera la foto de Fox en la boleta electoral. Se reunió con el candidato priísta Labastida para reconocerle honestidad y serenidad al haber aceptado el resultado de las urnas. También fue a buscar en su casa a Cárdenas y de él encomió una lucha que había sido clave para el avance democrático en México. Fox ha pedido a todos construir juntos la transición.

Cárdenas respondió que la relación con el gobierno sería institucional y, después de muchas semanas en las que Fox buscara infructuosamente un contacto con Andrés Manuel López Obrador -jefe de gobierno del PRD electo en el Distrito Federal-, pudo realizar este encuentro.

Cárdenas exigió a Fox señales claras sobre el conflicto en Chiapas. Subrayó que el pueblo creería en el nuevo gobierno si se retiraban las tropas, se adoptaban los acuerdos de San Andrés y se deshacían los grupos paramilitares. Además de estos tres puntos para Chiapas, los perredistas demandaron una reforma democrática que implique el desmantelamiento del partido de Estado, impulse el federalismo y auspicie la libertad sindical; un presupuesto que atienda demandas sociales -educación salud, vivienda-, una comisión nacional de transparencia para investigar el FOBAPROA, las privatizaciones y la "partida secreta", y un programa nacional de desarrollo con participación de los legisladores federales.

El equipo de Fox realizó también reuniones con el PRI, partido que no dio libertad a sus militantes para colaborar con el nuevo Presidente a título personal. A finales de julio, Fox se había reunido ya con el gobernador priísta de Sinaloa y en septiembre cinco gobernadores priístas sureños aceptaron colaborar con Fox en un plan regional.

Fox prometió instalar una mesa permanente de diálogo con el PRD y con el PRI para la reforma del Estado, la elaboración del presupuesto 2001, la política económica y social, la reforma fiscal, la relación entre los poderes, la procuración de justicia y la pacificación en Chiapas.

Chiapas: el gran test

En el tema de Chiapas, tanto las declaraciones de Fox como las de su equipo han oscilado. Las hubo en donde parecía que se volvía a las posturas zedillistas de no dar ni un paso mientras los zapatistas no volvieran al diálogo. Pero las más persistentes han concordado con las demandas perredistas. Fox no debería olvidar los puntos que desde 1996 el ejército zapatista estableció para reanudar el diálogo: el respeto a los acuerdos de San Andrés, la libertad a los presos presuntamente zapatistas, el nombramiento de un interlocutor gubernamental con capacidad de decisión, la instalación de la comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos, la formulación de propuestas serias en la mesa de democracia y justicia, el fin al clima de persecución y hostigamiento militar y policiaco a las comunidades, y la desaparición de los grupos paramilitares.

Todavía a inicios de octubre los zapatistas y el Subcomandante Marcos guardaban un total silencio ante la nueva situación mexicana y ante Fox y su equipo. El otro grupo armado, el EPR, advirtió que seguiría combatiendo, ahora a Fox por antipopular y privatizador. La especialista en derecho indígena, Magdalena Gómez, señaló que el cambio prometido por Fox esperaba contenidos. Recordó que a la propuesta que en su día hizo la COCOPA sólo le faltaba una exposición de motivos para ser iniciativa de ley, y que se deberían retirar las iniciativas de Zedillo, del PAN y del Partido Verde relativas a los derechos indígenas. La confianza de los zapatistas y de los pueblos indígenas se logrará con decisiones de Estado, que incluyan tanto al poder Ejecutivo como al Poder Legislativo.

Hay quienes han advertido que los acuerdos de San Andrés son lo mínimo que se pudo conseguir en una situación donde imperaba el autoritario régimen del partido de Estado y que en la nueva situación habría que ir más allá de aquellos acuerdos, que no tuvieron en cuenta la realidad de los tantos millones de indígenas que no viven ya en sus lugares de origen sino que son migrantes en las ciudades.

Giras por Centroamérica, Estados Unidos y Canadá

Para establecer lazos y aprender de experiencias, Fox realizó visitas internacionales. En su gira por Centroamérica pidió perdón por las vejaciones y el maltrato de las autoridades mexicanas a los migrantes centroamericanos, y prometió impedir esos abusos.

En Canadá, en una reunión con ONGs canadienses y mexicanas, anunció que tomaría en cuenta a las ONGs y ofreció un gobierno respetuoso de los derechos humanos. Pidió a las ONGs que ejerzan vigilancia para que se respeten los derechos humanos, en particular los de los emigrantes. Los anfitriones de la reunión declararon que esperaban que el nuevo Presidente mexicano continuara por esa vía, pues así se consolidaría la democracia. Entre la ONGs de Estados Unidos Fox también conquistó simpatías porque las invitó a participar en la transición política y en la construcción de una nueva relación bilateral.

Una nueva política con las ONG

Hasta ahora, los presidentes mexicanos han tratado a las organizaciones no gubernamentales con hostilidad. Fox les ofrece una buena relación. El equipo de transición de Fox recibió a las ONGs, mexicanas que formaron la agrupación denominada El Poder es la Gente y se comprometió a impulsar la ley de fomento a las actividades de bienestar y desarrollo social de las organizaciones civiles, obstaculizada por el gobierno zedillista. Las ONGs mexicanas plantearon la necesidad de que a nivel nacional existan instrumentos de democracia directa: plebiscito, referéndum e iniciativa popular; que se permitan las candidaturas independientes, y que se establezcan más requisitos para dar registro a los partidos políticos. Y, como siendo observadores electorales constataron la persistencia de la compra y coacción del voto, plantearon la urgencia de otorgar al Instituto Electoral instrumentos legales adecuados para impedirlo. Por su parte, los dirigentes de sindicatos independientes han demandado al Presidente electo participar en las reformas del área laboral.

Herencia de Zedillo: más desigualdad, más pobreza

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística reveló que, aunque de 1994 al 2000 se ha dado en México un crecimiento de la riqueza, su distribución era muy injusta: mientras el 10% de los hogares más ricos perciben el 38.1% del ingreso nacional, el 10% de los más pobres apenas alcanza el 1.5%. Del último informe de Zedillo se desprende que los subsidios al consumo han caído y que los recursos destinados a combatir la pobreza han disminuido. Unas 200 mil familias han dejado de recibir asistencia social y cerca de 28 mil indígenas han sido excluídos de los programas asistenciales. En su última reunión en Praga, el Banco Mundial aceptó que las diferencias abismales entre ricos y pobres ponían en riesgo la estabilidad mundial. En México, un 30% de los mexicanos sobrevive con menos de un dólar al día. En esta ocasión, el Banco Mundial apuntó a una verdad obvia: la reforma financiera en México ha sido un fracaso porque ha aumentado la pobreza.

Uno de los más acuciosos investigadores de la pobreza en México, Julio Boltvinik, ha demostrado más en concreto cómo el modelo económico impuesto por el gobierno de Zedillo ha generado un crecimiento que estuvo acompañado de una alarmante concentración del ingreso y de un alarmante aumento de la pobreza entre los estratos más pobres. Los hogares mexicanos por debajo de la línea de pobreza se incrementaron en estos seis años de un 69% a un 76%. En este contexto, urge una política oficial para recuperar los salarios, porque casi dos terceras partes de los pobres son asalariados y porque las políticas destinadas al combate a la pobreza llegan apenas a un tercio de los pobres que trabajan por su cuenta y no tocan a los dos tercios de pobres asalariados.

El "grito" de la esperanza

El 16 de septiembre se celebra en México el aniversario de la independencia de España con el tradicional "grito", acto que se ha convertido en un rito oficial. Este año, en 120 municipios de 18 entidades federativas del país se dio un grito alternativo: "el grito de los excluidos", como expresión de una campaña promovida por 150 organizaciones de todo el continente que culmina el 12 de octubre con un grito continental de indignación ante el empobrecimiento que han generado quienes mantienen el actual modelo económico empobrecedor.

Fox ha insistido en que tendrá en cuenta a todos, ha declarado que quiere compartir el poder sin exclusiones y que gobernará a través de consensos. Resolver el problema de la pobreza atendiendo a los núcleos depauperados y no siguiendo los imperativos de los centros financieros internacionales -que tampoco cesan de hablar de "erradicar la pobreza"- será vital para la democracia en México.

Interrogado sobre las elecciones presidenciales mexicanas, el filósofo español Fernando Sabater declaró: "Han sido un parteaguas definitivo, señalan un cambio que nos ha llenado de emoción a todos." En México se sigue esperando, ya con más expectación que emoción, que así sea.

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