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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 223 | Octubre 2000
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Guatemala

Guarogate: un terremoto ético-político

El Pacto Fiscal fue un acontecimiento inédito y muy positivo. Pero después de firmado y asumido, el Ejecutivo falló, el Congreso falló, la empresa privada falló. Y un escándalo ético-político ha evidenciado aún con mayor claridad los límites y las falsedades del proyecto de Alfonso Portillo.

Juan Hernández Pico, SJ

Una vez, más el tema de los impuestos "ha desnudado al mono" en Guatemala. Ni por medio del Ejecutivo ni por medio del Congreso, el Estado ha cumplido con los compromisos asumidos en el Pacto Fiscal. En el proyecto de Presupuesto 2001 no ha presentado aún un plan de gasto público prioritario a mediano y largo plazo, orientado a incrementar el desarrollo humano en el país. El gobierno tampoco ha agarrado por los cuernos al toro de los grandes evasores de impuestos: no hay propuesta de nuevas leyes que penalicen la evasión de impuestos, sobre todo el fraude en el IVA -que puede llegar a más del 50%-, en forma realmente disuasiva. No hay asignaciones presupuestarias preferenciales para capacitar a los servidores públicos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y para elevar su salario a rangos que alejen el fantasma de la corrupción por el soborno.

El Pacto Fiscal no era sólo para un "incremento de impuestos", era también para una planificación más racional del gasto público, una recaudación más eficaz de los impuestos ya existentes, un uso más honesto, transparente y eficiente de ellos, y una reactivación de la economía. Al Presupuesto 2001 le hace falta ese marco, previsto en el Pacto Fiscal. Una vez más ha fallado el Estado.


Estalla el "Guarogate"

También ha fallado la empresa privada. Pocos impuestos son tan razonables como los que gravan la distribución de tabaco y bebidas alcohólicas. Si algunos rubros industriales y comerciales merecen que se les aumenten los impuestos son éstos, porque inciden muy a menudo negativamente en la salud de la gente: accidentes, muertes, invalidez. Sin embargo, los monopolios licorero y cervecero se apresuraron a acosar al gobierno, arrancando del mismo Presidente la promesa de vetar la ley si aumentaba significativamente los impuestos a licores y cerveza. Como la ley contenía estos aumentos, a última hora, y aprobada ya la ley, probablemente para evitarle al Presidente el bochorno de vetarla, entre el Vicepresidente y el partido de gobierno, mayoritario en el Congreso, se sacaron de la manga una modificación fuera de sesión. Cambiaron la ley clandestina y prepotentemente, con premeditación, alevosía y nocturnidad, suprimiendo por su cuenta y riesgo el aumento a los impuestos a licores y cerveza. El escándalo fue bautizado por la prensa como Guategate o Guarogate. Detrás del gobierno, responsable del escándalo, -siempre detrás, como estuvieron también detrás del Ejército en los desmanes cometidos durante el conflicto armado- están algunos de los más grandes dentro del poder económico en Guatemala. La empresa privada también falló. Y, como siempre, lo hizo de forma superclandestina, para poder salir en caballo blanco.



El Pacto Fiscal pasa a un segundo plano

Después de firmarse el 25 de mayo el Pacto Fiscal, se instaló una Comisión de Seguimiento, que comenzó a trabajar el tema tributario y llegó a un Acuerdo Político el 20 de junio. Este acuerdo fue firmado horas después de que el Ministro de Finanzas debiera presentar al Congreso el primer proyecto de leyes tributarias, para así poder cumplir con los plazos y que el proyecto se convirtiera en leyes que entraran en vigor el 1 de julio. Pero el acuerdo de la Comisión de Seguimiento quedó relegado y el gobierno presentó su propia propuesta, que, muy renegociada, fue aprobada por el Congreso el 27 de junio. La renegociación se hizo ya en otra comisión, llamada de varias maneras: Instancia del Vicepresidente o Foro Político. Dentro de ella, el Vicepresidente Reyes ha tenido el papel moderador e impulsor más importante.

La impresión que esto daba es que el Gobierno había participado en las discusiones y debates del Pacto Fiscal sin mostrar todas sus cartas, y a la hora de la verdad se sacaba de la manga la carta de triunfo. Después se vio que la victoria era pírrica y que el Pacto Fiscal corría el peligro de arder y consumirse en la hoguera de la trampa y el disenso. En su discurso en la Fiesta Patria, el Presidente lo justificó así: "Dicen que por nosotros no se ha cumplido el Pacto Fiscal, dicen que tuvimos que haber tomado sin cambiar ni un punto ni coma un acuerdo político de los empresarios y los sectores sociales. Aquí está la soberanía del pueblo, es aquí donde se decide, ésta es la representación institucional del poder democrático del país."

Presiones, negociaciones y un regaño

Quedaban por delante negociaciones muy arduas sobre varios tipos de impuestos: el que gravaría la comercialización del cemento -uno de los grandes monopolios de Guatemala-, el que pesaría sobre el costo preferencial de la energía eléctrica para usos industriales, la exención de los impuestos sobre la renta en la industria maquilera y la situación fiscal de las zonas francas, el nuevo impuesto único sobre inmuebles (IUSI), el impuesto sobre tierras ociosas, el incremento o no al IVA, y toda la enorme cadena de privilegios y exenciones actualmente existentes.

El gobierno, representado por el Vicepresidente Reyes, presionaba especialmente para que la empresa privada aceptara un aumento de 0.18 quetzales en el precio del kw/hora para las industrias que usan más de 300 kw/h. Actualmente, el precio del kw/h para estas industrias es 0.66 quetzales, mientras que el precio para los consumidores menos fuertes, incluidos los residenciales, es 1.10, un 60% más caro. Los empresarios del CACIF aducen que esa energía barata hace más competitivos sus productos en el mercado internacional.

En uno de esos bandazos típicos del modo de gobernar del Presidente Portillo, a fines de julio y mientras presentaba su plan -o "matriz"- de seguridad y defensa, reprendió públicamente al Vicepresidente: "No se lo he dicho personalmente, pero quiero decirle al Vicepresidente que, como protagonista en el Pacto Fiscal, debe flexibilizar nuestra postura, pues hay que avanzar y acelerar los trabajos de ese proyecto".

El IVA: deshojando la margarita

En el seno de la Comisión de Seguimiento se había llegado a la conclusión de que sin aumentar el IVA no se podía asegurar el cumplimiento del compromiso de elevar la carga tributaria al 12% del PIB para el año 2002. La convergencia de opiniones en esta apreciación era asombrosa: el CACIF por la iniciativa privada, la representación del colectivo de organizaciones sociales, el Banco de Guatemala, varias organizaciones de derechos humanos y del campesinado. Sólo los énfasis eran diferentes: las organizaciones más cercanas a las causas populares pedían que el aumento del IVA del 10 al 12% -por ser un impuesto regresivo- no entrara en vigor hasta julio del 2001, cuando ya estuvieran funcionando los nuevos impuestos progresivos.

El 20 de julio, el primer Vicepresidente del Congreso, Leonel Soto Arango, del FRG, preanunciaba la ruptura del consenso: "El FRG conoce la realidad del país y sabemos que aumentar el IVA no es lo más conveniente en las actuales circunstancias, pese a las presiones y el buen sentido técnico que puedan manejar los organismos financieros". Recordaba que el aumento de la tasa de crecimiento del PIB al 6% anual -hoy tal vez llega al 3%- era una de esas circunstancias que indicaban que el incremento del IVA podía dañar excesivamente a la gente. Consideraba que preservar la armonía social era más importante que alcanzar las metas fiscales. La empresa privada, por su lado, ofrecía, como compensador social, un incremento del 4% en los salarios, mientras que el Vicepresidente pedía un 15%. Poca gente enfatizaba que el actual porcentaje de recaudación del IVA, tan bajo, permite soluciones intermedias menos brutales y tal vez más eficaces.

Una ley se votó y otra ley se publicó

El 2 de agosto aparecieron en la prensa las primeras noticias de la manipulación que aparentemente había sufrido la Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas y Gaseosas. La Ley se publicó en el Diario de Centroamérica, órgano oficial del Estado, el 1 de agosto. El texto, aprobado el 27 de junio, establecía un 20% de impuesto para bebidas alcohólicas destiladas y fermentadas, mezcladas, y cervezas, un 10% para vinos y sidras y un 1% para gaseosas. Pero el texto publicado mantenía las tasas anteriores: 10%, 4.18% y 0.20%. Con el sorpresivo cambio, el fisco dejaría de percibir más o menos la mitad de los 297 millones de quetzales calculados como ingresos por estos impuestos. O la mitad del 17.6% que establecían las nuevas medidas tributarias contenidas en diversas leyes, cuyo monto total -según un estudio del Banco Mundial- habría ascendido a 1 mil 683 millones de quetzales.

Al conocerse el cambio, los diputados unionistas -en paradoja con su nombre son los que se han desgajado del PAN- solicitaron a la Secretaría Legislativa los documentos que comprobaran cómo se había votado la ley: cintas de video y de audio, y los cuadernos en que taquigráficamente se preserva el contenido de las sesiones. Después de varios días se supo que las cintas de audio no se encontraban y que las de video habían sido borradas "por falta de material". Difícil de creer sabiendo que en los archivos del Congreso se conservan videos no borrados de 1998 y aun anteriores. Se encontró también que la versión taquigráfica había sido alterada, como también lo fue el Diario del Congreso, para introducir en estos dos documentos sendos "fondos de revisión". Se denominan así las peticiones -con un número determinado de firmas de diputados- para modificar una ley ya aprobada. Los "fondos de revisión" deben presentarse en sesión del Congreso para dar oportunidad de que sean discutidos y votados. Ningún diputado, excepto los del FRG -el partido de gobierno- recuerda que en este caso se presentara ningún fondo de revisión.

Ríos Montt: "yo no fui"

El 3 de agosto, el Presidente del Congreso, General Efraín Ríos Montt, explicó a la prensa que todo se había hecho conforme a la ley, según lo permite la Ley de Régimen Interno del Congreso, por medio de un "fondo de revisión claro y bien determinado". Explicó también que se modificaron las tasas impositivas a raíz de una propuesta hecha por el Ejecutivo. Cuando le preguntaron sobre la información de que integrantes de la Junta Directiva y de la Secretaría Técnica del Congreso se habrían reunido a las 5 de la mañana del miércoles 2 de agosto para modificar el Diario de sesiones, el General respondió: "Estoy seguro de que yo no fui". Días más tarde, el caricaturista Filóchofo, de Siglo XXI, lo dibujaba en su figura tradicional de vampiro, profundamente alterado por una daga clavada en su sombra que dice CORRUPCIÓN.

En los días siguientes, la bancada unionista, representada sobre todo por la diputada Anabella de León, presentó acusación formal de "falsedad material y falsificación ideológica" en el Ministerio Público contra los diputados del FRG. Más tarde, el 23 de agosto, el diputado Leonel López Rodas, secretario general del PAN, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de antejuicio contra la Comisión Permanente del Congreso y contra 21 diputados oficialistas firmantes del famoso "fondo de revisión". El Guategate adquiría alcances legales y se perfilaba como un escándalo que no sólo podía llegar a derrumbar al FRG del pedestal de su presunta rectitud moral, sino incluso a despojarle también de su mayoría en el Congreso. Un auténtico terremoto ético-político.

Ríos Montt acorralado: "me difaman"

El 10 de agosto, Prensa Libre anunció que tenía en su poder una audiocinta de la sesión del Congreso del 27 de junio en la que no había huella alguna de que en ella se hubiera presentado un "fondo de revisión" para alterar las tasas sobre licores, cervezas y gaseosas. Una de sus periodistas la había buscado y encontrado. El General Presidente del Congreso, cuestionado por los periodistas después de esta revelación, reiteró: "No hemos alterado la ley y todo se ha llevado a cabo dentro de los procedimientos técnicos correctos". Dijo que sobre la cinta, respondería preguntas únicamente ante la Fiscalía. Y añadió que estaba siendo víctima de ataques políticos a través de la prensa.

Acorralado, el General Ríos Montt intentaba defenderse ya no con el "yo no fui", sino con el "me difaman". Filóchofo lo caricaturizó horrorizado y sudando mientras desde una grabadora escuchaba la consigna, tantas veces por él repetida: "No robo, no abuso, no mien...to". Aunque no prosperen los procedimientos judiciales, este escándalo ha alterado irreversiblemente el perfil del General.

La confesión del vicepresidente

El 15 de agosto apareció en la prensa la confesión del Vicepresidente de la República, Francisco Reyes: "Yo pedí el fondo de revisión". Cuenta Reyes que cuando llegó al Foro Político la tarde del 27 de junio la noticia de la aprobación de la Ley de Impuestos sobre la Distribución de las Bebidas Alcohólicas y Gaseosas con las tasas aumentadas, los participantes de la iniciativa privada hicieron un amago de retirarse de las negociaciones que aún estaban pendientes sobre otros impuestos. El Vicepresidente Reyes les prometió que la ley iba a renegociarse y que iba a pedir al Congreso la introducción de un fondo de revisión. Y si no, el Presidente vetaría la ley.

Reyes afirmó que hizo una llamada al Congreso, pero que no podía dar fe de lo que sucedió allá ni tampoco quiso decir, "no porque no pueda, sino por picardía", con quién habló. La diputada Nineth Montenegro, de ANN; Arnoldo Noriega, coordinador de la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz; y Juan Pablo Corlazzoli, de MINUGUA, son testigos de la promesa del Vicepresidente a los empresarios.

Filóchofo caricaturizó al Vicepresidente como un muñeco de cuerda a quien una mano sostiene por las piernas mientras otra, que lleva en el puño del saco la palabra CACIF, le da cuerda para que pronuncie la frase "yo pedí el fondo de revisión". La leyenda dice: "Aparecen nuevos personajes en el caso Congresogate". En realidad, aparecían los mismos personajes que siempre han aparecido cuando en Guatemala se intenta una reforma tributaria de verdad.

¿Un error o un delito?

El 18 de agosto la bancada de la ANN en el Congreso -liderada por Ricardo Rosales, uno de los ex-comandantes de la URNG- dio a conocer su postura. Según Nineth Montenegro, para no lesionar la institucionalidad del Congreso -finalidad que coincide con la que el FRG ha abanderado en este caso-, era mejor no seguir acción judicial contra el FRG sino llegar a una medida política, con tal de que los eferregistas reconocieran su responsabilidad. Según Rosales, la ANN no iniciaría otra acción legal, pero sí pediría "a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público el pronto y debido enjuiciamiento".

La ambigua postura de la ANN provocó firmes discrepancias. El Centro de Defensa de la Constitución (CEDECON) afirmó que este tipo de delitos deben ser perseguidos de oficio y en forma pública para la salud del estado de derecho en el país. Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, declaró que la desjudicialización sería lamentable. "Es un delito grave -dijo- cometido por el Congreso. El caset es una prueba que debe aceptarse. De lo contrario se fomentará la impunidad. De la transparencia del proceso depende el fortalecimiento del estado de derecho. Así como lo hicieron con esta ley lo pueden hacer con cualquiera." Luis Ramírez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, resaltó otro aspecto: "Es un hecho de grave impacto social: cuántas vacunas, cuántos cuadernos, cuántos albergues se dejarán de hacer por un cambio de números".

La enojada conciencia ciudadana

Prensa Libre publicó los resultados de una encuesta realizada del 12 al 14 de agosto "en el área central del país" entre 600 personas mayores de edad de todos los niveles socioeconómicos, por medio de entrevistas cara a cara. El 92.5% dijo que los medios debían llevar adelante su investigación hasta las últimas consecuencias. El 87.8% consideró que si Ríos Montt y los demás miembros del FRG habían alterado la ley debían ser juzgados por esta acción. El 87.5% dijo que si la Corte Suprema de Justicia analizaba que las pruebas los inculpaban, debían desaforar a Ríos Montt y a los demás diputados implicados. El 85.3% opinó que al borrar las cintas de audio y video se pretendía eliminar la evidencia del delito. El 79.3% dijo que Ríos Montt debería renunciar como Presidente del Congreso si se demostraba que ordenó borrar las grabaciones. El 78.7% afirmó no creer a Ríos Montt cuando decia que "no se actuó ilegalmente". El 75% opinó que si Ríos Montt era llevado a juicio se fortalecería el sistema de justicia. El 53.8% pensaba que el Ministerio Público y los tribunales encubririán el caso.

Los resultados resaltan la pérdida de credibilidad y de prestigio que ha sufrido el General. Si le aplicáramos la definición de político que da su correligionario, el Presidente Portillo, Ríos Montt saldría hoy muy malparado como "vendedor de esperanzas", aunque siempre queda la incógnita de cómo lo seguirán viendo en los departamentos. Lo más desolador es la poca credibilidad del Ministerio Público y de los tribunales: sólo un 36.8% de los encuestados piensa que quieran embarcarse en una investigación a fondo.

El General denunciado

Molestos por la lentitud de la investigación encomendada por el Ministerio Público al fiscal, los diputados del PAN, a través del secretario general del partido, interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de antejuicio. El 24 de agosto la Corte Suprema nombró al Juez de la Corte de Apelaciones Eleázar López como juez pesquisidor para el caso del antejuicio. La tarea del juez pesquisidor, según el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no era "determinar la existencia del delito, sino determinar si la acción que inician los denunciantes -contra el General y demás diputados del FRG presuntamente culpables- tiene motivaciones políticas o es una acción fundamentada en hechos reales. Si después los magistrados determinan que existe razón para abrir un juicio, es entonces cuando el Ministerio Público debe actuar.

Objetivo: salvar al general del diluvio

Comenzó ahí la contraofensiva del FRG. Sustraerían el caso de la jurisdicción de la Corte Suprema, por medio de recursos de amparo en la Corte de Constitucionalidad. Lo hacían, evidentemente, porque el Ministerio Público les ofrecía mayores posibilidades de lentitud, lenidad e incompetencia. Al mismo tiempo, todos los diputados del FRG se defenderían conjuntamente haciendo causa común. Iniciarían también una ofensiva contra los demandantes intentando desaforarlos. Y buscarían quitar validez a la prueba del caset y legitimidad a los medios de prensa que sostenían la investigación desde la sociedad civil.

Dando todos estos pasos, el FRG intentaba dejar claro que el General Presidente del Congreso no estuvo presente en la sesión del 27 de junio, donde se decretó la ley supuestamente alterada. Había que buscar cómo salvar al General del diluvio. Pero, con gran rapidez, la Corte de Constitucionalidad denegó el amparo provisional al FRG. La Corte Suprema podía seguir con la investigación.

Recursos para obstaculizar la justicia

Con una extraña coincidencia, varios ex-jueces destituidos de sus cargos por la Corte Suprema por incompetencia y corrupción, presentaron ante el Congreso un recurso de antejuicio contra los jueces de la Corte Suprema por abuso de autoridad y violación de la Constitución.

Afortunadamente, la Directiva del Congreso no se engolosinó con la oportunidad. Apegada a la ley, transfirió el recurso a un juez para que determinara si hubo delito. El FRG presentó otros dos recursos. Uno, de antejuicio ante la Corte Suprema, contra el secretario general del PAN y denunciante del FRG ante la misma Corte Suprema y otro contra otro diputado. ¿Motivo? La alteración fraudulenta de la Ley de Bancos en la legislatura pasada, en 1999. Y otro recurso de recusación ante el Juez Pesquisidor Eleázar López por ser aparentemente pariente consanguíneo del secretario general del PAN. La Corte Suprema nombró inmediatamente para el caso de la Ley de Bancos a la jueza Yolanda Pérez, afamada por su rectitud.

Ha sido una cadena de recursos y de trámites. Todo indica que sobre el núcleo del asunto -el antejuicio a la Comisión Permanente del Congreso, cuyo Presidente es el General Ríos Montt, y a los 21 diputados firmantes del "fondo de revisión" para modificar la ley de impuestos sobre bebidas- no habrá un dictamen final antes de fines de octubre. Mientras tanto, la investigación del Juez Pesquisidor descansa en una caja fuerte en la Corte Suprema.

Está en juego la independencia judicial

"No le veo futuro a todas las acciones emprendidas por el FRG, pero retrasan el trámite y refuerzan la presunción de culpabilidad", dice el Presidente del CEDECON, Roberto Villeda.

La actuación del FRG ha causado indignación. "Ya estuvo suficiente de subterfugios, estamos cansados de que retrasen el accionar de la justicia", opinó Alfonso Novales, ex-presidente del Colegio de Abogados. Yendo aún más a fondo, Helen Mack piensa que "el partido eferregista está dando muestras de prepotencia y atentando contra la institucionalidad del país y se corre el riesgo de que la independencia judicial sea vulnerada por presiones políticas."

Conviene recordar que esta Corte Suprema de Justicia es la primera electa después de una selección de candidaturas más por competencia curricular y probidad que por simpatías políticas. También es importante constatar que es en las Cortes, de Constitucionalidad y de Justicia, de donde están emanando resoluciones que hacen concebir esperanzas sobre una cierta erosión de la impunidad en Guatemala. Por ejemplo, en el caso Myrna Mack y en el caso Ordóñez Porta, donde los acusados son militares de alta graduación.

El estado de derecho es indivisible

Existe un muy extendido temor a que todo se resuelva con un arreglo político que acabe retirando las denuncias antes de que las instancias judiciales se pronuncien y puedan comenzar a ser desaforados los responsables.

Este escándalo no debía causar asombro. La denuncia contra lo actuado en la Ley de Bancos indica lo común que ha sido en el Congreso este tipo de procedimientos fraudulentos cuando se cuenta con mayorías absolutas. Lo importante es que este caso vuelve a tocar un principio básico: el estado de derecho no es divisible.

No basta con elecciones formalmente limpias cuando la ley electoral hace caminar leguas y perder el jornal del día a centenares de miles -tal vez a millones- de personas que viven en la Guatemala profunda de las aldeas rurales o de los barrancos urbanos. Sin reforma electoral no se demuestra voluntad de profundizar la democracia. No se puede entregar a la Comisión de Esclarecimiento Histórico la responsabilidad de esclarecer la historia para después no esmerarse en cumplir prontamente sus recomendaciones. Se ha avanzado en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en diez casos notorios de quebrantamiento de los derechos humanos -aunque el Ejecutivo no reconoció esa responsabilidad en el caso Myrna Mack-, pero sin resarcimiento a las víctimas, sin financiar exhumaciones, sin investigar el paradero de los desaparecidos, sin introducir en los pensums educativos el Informe Guatemala, Memoria del Silencio, sin un serio incremento del presupuesto del Organismo Judicial, sin reorganizar y depurar el Ministerio Público, no se va a avanzar en la lucha contra la impunidad y en el fortalecimiento de la justicia. De nada sirve asegurar que los acuerdos de paz serán política de Estado y continuar sometiendo su cumplimiento a desesperantes tortuguismos.

Algo hiede a podrido...

El Presidente no puede seguir incumpliendo citas con variados segmentos de la ciudadanía, ni puede pasar tardes enteras fuera de su oficina en sus restaurantes predilectos, ni puede usar un automóvil Mercedes Benz de alta potencia y no menos alto costo, prestado por un amigo financiero, en una de cuyas empresas el Estado Mayor Presidencial compra camionetas de lujo para la seguridad del mandatario y en cuyos dos bancos el IGSS deposita fondos millonarios sin conocimiento de la Junta Directiva.

El Presidente no puede hacer todo eso y pretender que la ciudadanía lo tome en serio. No se puede reconocer con frecuencia la corrupción de la Policía Nacional Civil, y en lugar de pedir fondos para que sus miembros sean "reformados" de forma consistente por instructores y con programas de países con instituciones policiales respetuosas del estado de derecho -la globalización de la seguridad-, solicitar modificaciones a la Ley de Contrataciones y Compras del Estado para comprar sin licitación más armas, que irán a parar a las manos del crimen organizado o serán recicladas en el tráfico internacional de armas. Cuando, además, estas modificaciones a la ley las avala un diputado como Ramiro De León Carpio, que fue Procurador de los Derechos Humanos y Presidente de la República, se empieza a sentir que "algo en Dinamarca hiede a podrido".

La desilusión de las clases medias

En el discurso del Presidente Alfonso Portillo en su toma de posesión creímos ver la fuerza de un sector de las clases medias del país que mantenía desde la década de 1944-54 aspiraciones "democráticas" que había ido legando de generación en generación.

Las palabras del nuevo Presidente y las de sus secretarios reflejaban las aspiraciones de estas clases medias, de cuyo crecimiento en todas las dimensiones -sobre todo en educación y en alta capacitación- depende que se reduzcan las clases pobres y miserables. El drama es que, apenas nueve meses después de aquel discurso, no estamos asistiendo al parto feliz de un país renovado, sino a un aborto de esperanzas.

Poca gente se atreve a confesar hoy -sobre todo entre las clases medias- que votó hace diez meses por Alfonso Portillo y por Efraín Ríos Montt. Que un Congreso dirigido por el General se enrede en trapisondas ilegales e inmorales como la alteración de la Ley de Impuestos a Bebidas Alcohólicas y Gaseosas, no puede sorprender a quienes tienen memoria histórica y saben que cuando el General Ríos Montt era Jefe de Estado (1982-83) se cometieron algunos de los crímenes más brutales de la historia de Guatemala. Asesinar poblaciones enteras entre espantosas torturas hace palidecer la alteración fraudulenta de unas tasas fiscales sobre bebidas. Pero el estado de derecho es indivisible. Y a construir un estado de derecho contribuye tanto la lucha contra la impunidad por los crímenes del pasado como la lucha contra la impunidad por los actuales delitos de corrupción.

Como cualquier ciudadano

La Corte Suprema de Justicia parece haberlo entendido así cuando el 27 de septiembre, en base a la investigación de la jueza Yolanda Pérez, retiró su derecho de antejuicio a los diputados del PAN por lo ocurrido con la Ley de Bancos en 1999, aun cuando en aquella ocasión actuaran debidamente. Deberán ir a los tribunales si el MP los acusa. Como cualquier otro ciudadano. ¿Sucederá así con el General y con los demás del FRG? ¿Irán a los tribunales como cualquier ciudadano? Las cosas de palacio van despacio...

Es dramático que esta lucha no cuente con apoyo de parte del Ejecutivo, siendo así que fue a pedido del Vicepresidente que se hizo en el Congreso la modificación ilegal de la Ley de Impuestos a las Bebidas Alcohólicas y Gaseosas. Todos los martes por la mañana, las organizaciones de derechos humanos están en plantón delante del Congreso para pedir que el General y los diputados del FRG se sometan a la justicia. En contraofensiva, simpatizantes cada vez más numerosos del General se apostan frente al mismo Congreso para defenderlo y defender "la democracia". Algunos dicen ser burócratas departamentales, "obligados" so pena de perder su trabajo. La prensa ha publicado también un primer comunicado de respaldo a Ríos Montt de los ex-patrulleros de autodefensa civil, legalmente disueltos por los acuerdos de paz.

Encuesta a empresarios: cómo ven la economía

Detrás del enredo con los impuestos a las bebidas está el ultimátum de los empresarios del CACIF presentes en las negociaciones de las leyes tributarias. ¿Se puede firmar un Pacto Fiscal que otorga al Estado un papel crucial en la inversión social y al mismo tiempo, regatear al Estado los ingresos fiscales que necesita para financiar esas inversiones?

Dos encuestas hechas a empresarios privados arrojan resultados que mueven al pesimismo. Los encuestados señalan como factores económicos positivos el monto de las reservas internacionales (1 mil 830 millones de dólares), la inflación interanual inferior al 7%, la estabilidad del cambio del quetzal (7.75 por dólar) y la recuperación del precio internacional del azúcar, de menos de 7 dólares por quintal hace dos años a 10.43 actualmente. Como factores positivos extraeconómicos indican el consenso en torno al Pacto Fiscal y la infraestructura del país.

Los factores económicos negativos que identifican son: que el país se encuentre en una contracción (36% la califican como recesión, 27% como estancamiento, 27% como desaceleración, y sólo un 10% como expansión), la caída de los precios del café, el deterioro de la cartera de los bancos, la caída de las importaciones en términos reales, la contracción del crédito al sector privado y la incertidumbre sobre la política económica. Añaden estos tres factores extraeconómicos negativos: falta de seguridad personal, falta de certeza jurídica, y ambiente negativo para la inversión.

Un mes después, a mediados de agosto, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) dio a conocer los resultados de otra encuesta sobre el estado de ánimo de los empresarios privados en Guatemala. 293 de las 444 empresas de todo tamaño consultadas (66%) contestaron que sus ventas habían sido menores en el primer semestre del 2000 que en el primer semestre del 99. El 22% había tenido ventas iguales y sólo el 12% informó de ventas mayores. La mayoría no cree que el panorama de las ventas cambiará.

Sólo el 19% había adquirido más maquinaria y equipo -un indicador de inversión-. El 83% informó no haber recibido nuevos créditos. El 26% calificó como buena la gestión de Portillo, el 38% la calificó de regular y el 33% dijo que era mala. El 56% afirmó que, a pesar de todo, habían aumentado los salarios a sus trabajadores, el 32% aceptó que los mantenían igual, y el 12% indicó que los habían reducido.

¿Quién habla de los riesgos y de los "pobredólares"?

Nadie toma en serio hoy en Guatemala que la inflación, de un solo dígito, esté bien calculada. La base de datos para calcular el índice de precios al consumidor tiene cerca de 20 años y la percepción de todo el mundo es que los aumentos en los productos de la canasta básica son mucho más inflacionarios para los consumidores de lo que se quiere aceptar oficialmente. La tasa de cambio del quetzal, estable durante el año, comenzó a elevarse a mediados de septiembre, llegando a 7.88 por dólar.

Ninguna encuesta pregunta por el monto de la inversión en calificación del personal gerencial, administrativo, comercializador y, sobre todo, trabajador. Tampoco se pregunta por las condiciones ecológicas. Mucho menos por los riesgos en que viven los cientos de miles de habitantes de los barrancos. Se piden respuestas sobre la contracción en el rubro de la construcción pero no se hacen preguntas sobre el déficit de viviendas al alcance de las mayorías. ¿Son estos factores económicos positivos o negativos?

En las encuestas de los empresarios nadie mencionó tampoco, como un factor económico positivo, el continuo aumento de las remesas de los emigrantes. Según la CEPAL, en 1998 ascendían a 423 millones de dólares anuales (350 millones en 1995). El café produjo 579 millones en 1995 y 581 en 1998. A muy corto plazo, las remesas de los emigrantes guatemaltecos serán el primer ingreso del país, como ya sucede en El Salvador y en otros países. Pero de los "pobredólares" poca gente se acuerda.

Las decisiones salariales del Gobierno -hechas por decreto legislativo y no en diálogo con la empresa privada y las organizaciones laborales- son también dificultades sentidas para la inversión. Desde la perspectiva de la empresa privada, introducen un elemento de rigidez en la contratación de trabajadores, en lugar de flexibilizar el mercado laboral según mandata hoy la "biblia" empresarial antikeynesiana. Sin hablar de que los aumentos salariales, aunque no alcancen más que a una minoría de la población, se traducen casi de inmediato en alza de precios para la mayoría de los artículos de consumo general.

Millones en seguridad y "empleo delincuencial"

El nuevo Presidente del CACIF, Luis Fernando Montenegro, reconoce que la inseguridad personal cobra a la empresa privada una cantidad aproximada de 1 mil 400 millones de quetzales -unos 180 millones de dólares- anuales en seguridad: mallas electrificadas, puertas dobles, alarmas, guardaespaldas, autos blindados, etc., etc. Se trata de una erogación casi equivalente a lo que suponen los nuevos impuestos ya legislados: 1 mil 683 millones de quetzales.

Según el Instituto Nacional de Estadística, crece cada vez más en Guatemala el porcentaje de la población que entra a la economía informal: en 1998 era el 54% (en 1980 fue el 49%). Según la CEPAL, en 1997 el 75% de los hogares rurales y el 54% de los urbanos sobrevivían bajo la línea de pobreza. Muchos de ellos bajo la línea de la indigencia. Estos datos estructurales, unidos a la oferta de empleo delincuencial del narcotráfico, del tráfico de armas, del robo y tráfico de vehículos robados, de las maras, y de tantos otros "tráficos" y "empleos" criminales, explican mucha de la inseguridad ciudadana, acrecentada más aún por la cultura de la violencia sembrada durante los largos años de la insurgencia revolucionaria, de la respuesta armada legal y del terrorismo de Estado.

Para detener esta espiral es importante el gasto social estatal, la creación de empleos estables, la inversión en capacitación laboral para posibilitar mayor productividad, y una retribución justa del trabajo. Ante el Presidente electo de México, Vicente Fox, el Presidente del CACIF aseguró: "A largo plazo exportaremos competitividad." Para que sea así, los empresarios guatemaltecos tendrán que invertir con nuevas pautas que asuman el riesgo y la eficiencia.

Romper un círculo maldito

En Guatemala, como en otros países centroamericanos, alguien tiene que romper el círculo maldito de la deshumanización, cuyas piezas esenciales son la pobreza y la indigencia, la violencia, la inseguridad y la incertidumbre. El Estado puede romperlo planificando un incremento sustancial del gasto social y haciendo un uso inteligente honesto y transparente de ese gasto. La empresa privada puede romperlo con el pago "liberal" -generoso y solidario- de impuestos y con el aumento de inversión en información, conocimiento, administración y tecnología. La gente trabajadora lo romperá con su dedicación a educarse y capacitarse para poder acceder a mejores empleos en la economía formal y para poder ser más productiva.

Nos conviene reducir la pobreza"Hasta el Banco Mundial le está quitando el piso a un cierto empresariado perdido en la obsesión del crecimiento exclusivo y excluyente. El presidente del BM, James Wolfensohn, lo advirtió en septiembre en Praga: "Yo creo que el tema de la pobreza en países de ingreso medio, y en América Latina, es muy serio, y está menos relacionado con el crecimiento que con la distribución. Lo que encontramos en demasiados países latinoamericanos es que, aunque hay crecimiento, la distribución entre ricos y pobres está, de hecho, yendo en la dirección equivocada. Nuestra esperanza es que podamos hacer que los países desarrollados reconozcan que les conviene reducir la pobreza en los países en desarrollo, porque todos vivimos en un mismo planeta, y a menos que logremos estabilidad y crecimiento en el mundo en desarrollo, no vamos a tener un mundo pacífico."

Si los islotes desarrollados que son las élites empresariales de Guatemala no dan respuesta a este desafío, el mundo guatemalteco no va a dejar de ser violento. Distribuir mejor, además de un valor solidario, es una forma de invertir en las condiciones de seguridad de la economía, inversión que es más eficaz que los alambres electrificados y los vehículos blindados.

Tentadores proyectos "globales"

No sirve de nada la demagogia, sobre todo si busca servir de cobertura a la corrupción y a la incapacidad. En la Fiesta de la Independencia de Centroamérica, el Presidente Portillo afirmó: "La visión de mi gobierno está orientada estratégicamente a enfrentar los retos de la globalización." A esto va dirigida la firma del Tratado de Libre Comercio del triángulo norte de Centroamérica con México. A esto han sido encaminados los impulsos para que los países centroamericanos dejen de morderse la cola con pleitos limítrofes y avancen más hacia la integración, por ejemplo con la unión aduanera. Para esto, Portillo ha nombrado como su embajador en la ONU al ex-director de la CEPAL, Gert Rosenthal. La visita del Presidente electo de México a Centroamérica con la propuesta de un plan de desarrollo "desde Puebla a Panamá", y la visita de Jean Chrétien, Primer Ministro del Canadá, a Guatemala, ofrecen un contexto tentador para el desarrollo de estas ideas.

"A nosotros, déjennos gobernar"

En su discurso en las Fiestas Patrias Portillo dijo: "El proyecto de mi gobierno es construir avenidas anchas por donde corra el desarrollo y las oportunidades de superación." A pesar de esta positiva evocación del último discurso del Presidente chileno Salvador Allende, en su discurso Portillo criticó a sus adversarios al decir que son "la desconfianza y la descalificación las que nos están carcomiendo". "Este canibalismo político que tiene como principio que todo el mundo es culpable mientras no se demuestre lo contrario", es lo que él detecta.

Piensa el Presidente que "la incorporación de la "cultura de linchamientos políticos" en las relaciones entre los partidos y en el enfoque periodístico de muchos medios está damnificando la democracia." "Unos linchan -dice- por desesperación y otros por ambición de poder. Pero no estoy aquí para criticar ni sindicar ni denunciar a nadie". Sin embargo, después de haber hecho equivalentes las críticas de la oposición y de la prensa al "linchamiento político", siguió diciendo: "No es justo que los empresarios no empleen su energía creativa y sus capitales en crear y generar mejores condiciones día a día, en vez de querer decir cómo se gobierna. A nosotros déjennos gobernar, hágannos críticas constructivas, generen propuestas."

El problema es que las críticas concretas que se le han hecho le suenan al Presidente a "campañas descalificadoras" y las propuestas -por ejemplo, las del Pacto Fiscal- le molestan que lleven consigo la aspiración a que el gobierno las aproveche valorando el consenso que tanto costó.

¿Quién le compra al vendedor de esperanzas?

El Presidente Portillo golpea con su verbo contundente a la élite empresarial arzuista: "A unos no les gusta cómo gobernamos. Es obvio. ¿Quiénes son ésos? Son los empresarios que han visto al país como su patrimonio propio, como su casa, que han estado a la sombra del Estado para acumular fortuna. A los que estafaron al país no les gusta cómo se gobierna." Lo malo es que tampoco parece gustarle a más de un 65% de la población, según las encuestas. A la mayoría de esa población el Estado siempre la dejó sin techo y bajo el sol ardiente de sus escasos medios, y esta vez votaron por un "vendedor de esperanzas" del que se desengañan cada vez más.

Portillo reconoció hace dos meses que no tenía más remedio que escuchar las voces de esa población. También dijo en su toma de posesión que los "acuerdos de paz iban a ser política de Estado", y MINUGUA no cesa de recordarle al Estado que el ritmo del cumplimiento de los acuerdos es lento y lleva mucho retraso. Y tuvo que ser la Comisión de Acompañamiento del cumplimiento de los acuerdos de paz la que, tres días después del discurso del Presidente, recobrara el contenido complejo y exigente del Pacto Fiscal.

Los límites de la demagogia

Portillo escogió el 15 de septiembre para anunciar: "No queremos seguir haciendo recaer sobre los hombros de los más pobres, de los que tienen los salarios mínimos más bajos de Centroamérica, de los que no tienen empleo, el aumento del IVA." La frase es redonda y la promesa contundente. Dentro de un año o de dos se verá si el Presidente se puede enorgullecer de haberla mantenido. O si tiene que retroceder por las presiones del poder económico para encontrar otras promesas que puedan hacer olvidar las actuales.

En enero del 2000 Portillo afirmó que si no se esclarecía el asesinato de Monseñor Gerardi en los 180 días posteriores a su toma de posesión, renunciaría a su cargo. Y ahí sigue, no ha renunciado. Las palabras que se pronuncian para levantar de sus asientos a la gente y hacer que estalle en aplausos, no suelen tener cimientos sobre planes concretos orientados a cumplirlas.

La estrategia de la demagogia suele brotar del arribismo, de los intereses creados y de la incapacidad. Corrupción, incapacidad y demagogia han sido los ingredientes del "Guarogate". Y están convirtiéndose en la receta habitual de este gobierno.

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