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  Número 219 | Junio 2000
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México

Vísperas electorales: voto del miedo o inicio del cambio

Si el PRI gana y sobrevive la dañina fórmula del partido de Estado, la transición a la democracia se verá abortada o aplazada. Si gana la oposición y empieza a desmantelarse el PRI, se iniciaría un trascendental cambio democrático. Faltaría entonces avanzar en la democracia social.

Jorge Alonso

En vísperas electorales, la situación en México se ha tornado muy peligrosa. Ha ido creciendo en la ciudadanía el ánimo de conseguir un cambio presidencial. Y el partido de Estado, al ver que las preferencias electorales están por el cambio, pretende revertir ese ánimo propiciando escenarios que hagan posible el voto del miedo y echando mano, para sobrevivir, de todos los mecanismos de poder con que cuenta un Estado corrupto.


Zedillo: "jefe de pandilla"

Una muestra más, entre muchas, del autoritarismo del gobierno mexicano ha sido la decisión del cambio del horario de verano, adelantando en una hora el reloj. Gran cantidad de gente manifestó su desacuerdo con esta medida. Gobernadores de la oposición y varios congresos locales criticaron también la decisión presidencial, por no haber tenido en cuenta la opinión de los ciudadanos. Un empresario comentó acertadamente que en México bastaba con hablar con 200 personas -la élite económica- para decidir. En esto, como en todo, para el poder priísta los ciudadanos están al margen.

No hay participación. Y hay corrupción. El Estado mexicano se ha ganado fama mundial por su gran corrupción. Un nuevo escándalo fue el que envolvió al Secretario de Turismo, Espinosa Villarreal, demandado por haber cometido peculado por 420 millones de pesos cuando fue regente. Sobre el personaje pesaban también acusaciones por delitos cometidos cuando estuvo al frente de las finanzas del PRI. Como también dirigió una importante institución financiera nacional, salió también a relucir su responsabilidad en un desfalco por 5 mil 500 millones de dólares. Tras tres años en Nacional Financiera, y pese a seguir trabajando en el gobierno, se había asignado una enorme suma de jubilación. Y otra más: había tramitado tarjetas de crédito con el logotipo del PRI para dirigentes de ese partido. Muchas deudas de esas tarjetas no habían sido pagadas y esos montos se habían sumado a la escandalosa cifra alcanzada por el desfalco al pueblo mexicano por más de 72 mil millones de dólares en el caso del FOBAPROA.

Espinosa Villarreal se quiso defender aduciendo que se le acusaba por estar en campaña electoral. La oposición pidió su desafuero por tan grave corrupción para enjuiciarlo, pero el PRI, el Presidente de la República y grandes empresarios salieron en su defensa. El PRD señaló que al defender a Espinosa, un delincuente, Zedillo actuaba como "jefe de pandilla", y que eso demostraba que el PRI era una "asociación delictuosa".

Se han señalado también e insistentemente los vínculos del Estado y de altos mandos del ejército mexicano con el narcotráfico. En mayo, miembros de la CIA señalaron que el candidato del PRI a la Presidencia, Francisco Labastida, había tenido nexos con narcotraficantes. En su campaña, el candidato del PAN afirma que el PRI ha caído en manos de narcotraficantes. Cuando se le pidieron pruebas dio nombres: Mario Villanueva, acusado de narcotráfico cuando fue gobernador de Quintana Roo, los hermanos Salinas de Gortari y Hank González.


Balance de dos debates

La campaña ha tenido cuatro momentos respecto al "antes" y al "después" de los dos debates. En las semanas previas al primer debate, el candidato oficial mantenía ventaja. Después del debate -en marzo-, el candidato priísta fue a la baja y Fox, el candidato panista, al alza. Cárdenas se mantuvo estático, con porcentajes modestos. Cuando se estaba preparando el segundo debate, la inflexibilidad de Fox le hizo perder puntos, que consiguió Cárdenas. Junto a Labastida, Cárdenas atacó a Fox, pareciendo un hombre del sistema. Para entonces los votos opositores estaban repartidos y eso propiciaba la ventaja del partido de Estado que, no obstante, se mostraba muy preocupado por su estancamiento.

En el segundo debate, de finales de mayo, Fox volvió a ser el ganador. Cárdenas subió. Labastida apareció nuevamente como un pusilánime sólo sostenido por el aparato. El PRI pagó cuatro encuestas para que mostraran que Labastida había ganado el debate, pero la mayoría de las encuestas independientes dieron como ganador a Fox. Cárdenas atacó a Labastida, deslindándose de la posición que asumió en el primer debate. Fox llamó a los electores a hacer la transición de la corrupción y el autoritarismo del PRI a una nueva época, y llamó a Cárdenas a una convergencia para asegurar el triunfo de la oposición, pero Cárdenas no aceptó.

Fox recalca que Labastida significa más de lo mismo, que promete el cambio pero que no puede cambiar porque es responsable de la situación actual, que es el candidato de la corrupción. Camacho le achacó a Labastida responsabilidades en la masacre de Acteal y en el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Aunque Labastida prometió que los candidatos del PRI harían pública su declaración patrimonial, esto no se cumplió. También prometió un nuevo PRI, pero acudió a que lo apoyaran los "dinosaurios" del partido.

Labastida y Cárdenas acusan a Fox de no ser creíble y de cambiar de discurso según los auditorios. El PRI insiste en que el cambio que propone Fox es "para atrás". Los grandes medios han desatado una guerra sucia contra Fox, manejando la idea de que lo mejor no es cambiar a lo desconocido, sino conservar la conocida situación actual.


Se prepara un gran fraude

La campaña por la Presidencia se ha caracterizado por mostrar que el partido de Estado está dispuesto a todo para mantener sus complicidades. Los enormes y descarados fraudes que han cometido en sus elecciones internas son señales de lo que son capaces los priístas en cualquier proceso electoral. Las principales televisoras tienen como responsables de información a importantes priístas: en Televisa está uno de los asesores políticos de Zedillo, en Televisión Azteca quien fuera miembro del Comité Nacional del PRI, en Multivisión quien fue secretario particular y jefe de prensa de Emilio Gamboa, miembro del equipo de campaña de Labastida. Desde estos puestos promueven la imagen del gobierno y de su candidato y se ensañan con la oposición.

El Instituto Federal Electoral (IFE) había preparado una publicidad en contra de la compra del voto, pero el organismo que encabeza a los medios, en complicidad con el PRI, boicoteó este programa de educación cívica. Se manipulan las encuestas electorales y hay coletazos del corporativismo para salvar al PRI. A los gobernadores priístas y funcionarios del gobierno se les han dado instrucciones de que hagan "todo" para que gane el PRI. Se prepara un gran fraude.


Cambio o continuidad

El dilema es entre cambio o continuidad. Quienes ven en estas elecciones la oportunidad de un cambio político donde lo fundamental es desmantelar el partido de Estado, plantean que el voto útil está del lado de Fox, a la cabeza de los candidatos opositores. Aunque Fox ha llamado a convergencias y a hacer un gobierno plural e incluyente, Cárdenas mantiene que si el PRD no encabeza el cambio es preferible que gane el PRI a que gane Fox.

El régimen quiere hacer aparecer que la oposición ya perdió. Se apoya en encuestas de dudosa manufactura como coartada de un posible fraude. Tiene la capacidad de manipular el porcentaje necesario de casillas para imponer fraudulentamente a Labastida, y la oposición no tiene capacidad de vigilancia para impedirlo.

Alianza Cívica ha convocado a la defensa del voto libre y ha diseñado acciones para combatir las prácticas de compra y coacción de votos, enfatizando la vigilancia y observación del proceso electoral. Ha estado organizando brigadistas y una red ciudadana especializada en detectar estos fraudes. Diseñó un observatorio ciudadano que impulse una vigilancia focalizada, planteando la necesidad de definir los municipios de "alto riesgo". También quiere dar seguimiento a los recursos públicos, tratando de detectar los "focos rojos" del desvío de recursos de los programas sociales destinados al combate a la pobreza hacia la campaña del PRI.


Dos millones y medio de mexicanos bajo presión

El 7 de mayo, Alianza Cívica emitió un comunicado señalando que una cuarta parte de la población consideraba que los programas y ayudas sociales del gobierno desaparecerían si el PRI perdía las elecciones. Casi una mitad de la población que recibe este tipo de ayudas compartía esa percepción. Son cifras que revelan una cultura política de rasgos antidemocráticos: se identifica al gobierno con el partido oficial, se asimila el gobierno al benefactor de la población marginada, y se ve el voto como un medio para "pagar" los beneficios sociales recibidos. Está aquí el caldo de cultivo del voto coaccionado y de la utilización ilegal de los programas sociales para inducir el voto.

Alianza Cívica propuso que la Cámara de Diputados -a través de la Comisión Especial para la Vigilancia de los Recursos Públicos en Campañas Electorales- desarrollara un intenso y efectivo programa de difusión que llegara a todos los sectores sociales -especialmente a aquellos que se benefician de los programas sociales gubernamentales- insistiendo en que ningún partido es dueño de los programas sociales y en que el presupuesto que se destina a ellos fue aprobado por una Cámara plural en donde hay representantes de los principales partidos. Propuso también que la iglesia y las organizaciones civiles que trabajan en zonas marginales se sumaran a esta campaña de educación cívica.

Más de dos millones y medio de mexicanos están expuestos a las presiones priístas, por estar entre los beneficiarios de los programas de asistencia social gubernamental. Muchos piensan que esos beneficios los reciben del PRI, ya que éste los propagandiza no como programas del gobierno -salidos del erario público-, sino del partido de Estado. Conforme avanza la campaña se multiplican las denuncias de coacción del voto a favor del PRI. A finales de mayo, observadores internacionales constataron el uso indebido de los recursos públicos a favor del PRI.


Hablan los obispos

La Iglesia católica no ha estado ausente en la coyuntura electoral. La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo pública una carta pastoral titulada "Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos". Plantean los obispos que quieren ofrecer certezas en un tiempo de confusiones. Revisando la historia y la situación del país, sacan lecciones para encontrar caminos nuevos. Aclaran que el documento parte de una amplia consulta a sectores y grupos representativos, tanto de la comunidad eclesial como de la sociedad civil. Recuerdan que la Iglesia ha visto nacer al martirio a muchos de sus miembros. El 21 de mayo fueron beatificados por Juan Pablo II en Roma 27 mexicanos, 25 de ellos muertos durante la persecución religiosa desatada por el Estado mexicano en el segundo lustro de los años 20.

Los obispos constatan que en la actualidad, a las exigencias internas de justicia social y democratización, se han añadido las crecientes presiones de un mundo cada vez más globalizado. Señalan que los cambios motivados por la globalización no han estado acompañados por la necesaria reforma política y social que requiere la nación: se le ha dado primacía a la dacroeconomía, está en crisis el papel social del Estado, ha decaído la economía interna, se ha deteriorado la capacidad adquisitiva de la mayoría de la gente, falta el empleo, ha descendido la calidad de vida, existe una paulatina disolución de las clases medias y una acelerada concentración de la riqueza en las manos de unos pocos.


Corrupción, impunidad, anticultura del fraude

Los obispos recuerdan que México es uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. La pobreza ha crecido en los últimos 20 años. La agricultura tradicional está paralizada en muchas zonas. Se incrementan las migraciones. Crece la inseguridad, surgen nuevas formas de violencia y criminalidad y aumentan las redes del narcotráfico.

Para los obispos, el país vive una situación de "cambio profundo y complejo". La sociedad mexicana emerge como una realidad plural que busca espacios de reconocimiento y de participación. Ante estructuras antidemocráticas y fraudulentas, obsoletas e injustas, deterioradas por la corrupción, la impunidad y el autoritarismo, la sociedad mexicana quiere superar definitivamente la anticultura del fraude, de la llamada "mordida", de los privilegios de unos cuantos.

Los obispos consideran que el actual modelo de desarrollo es incapaz de responder a las exigencias fundamentales de una vida digna en materia de trabajo, salario, seguridad, educación, salud. Perciben el clamor que busca superar las causas estructurales de la pobreza y de la exclusión a través de un modelo de desarrollo integral fundado en la justicia social. También constatan un creciente deterioro del medio ambiente.

Los obispos proponen espacios de encuentro y de diálogo. Insisten en que se está viviendo un cambio de época que transforma los referentes tradicionales de la existencia individual y colectiva y señalan que un cambio particularmente significativo es el que experimentan los procesos democráticos. Hablan de "transición democrática" y ven un signo de ella en la incipiente alternancia en algunos espacios del gobierno. Pero enfatizan: "Una más plena cultura de la democracia supone la posibilidad real de esta alternancia".

Advierten que la transición no posee un rumbo asegurado. Invitan a una búsqueda de consensos y a una reorientación de iniciativas basadas en principios que permitan mantener un rumbo que tienda a lograr el bien común. Precisan que la transición no se reduce sólo a lo electoral, sino que incluye todo el sistema político. Temen una regresión autoritaria, aun por la vía electoral.

Fraude electoral: un pecado grave

Subrayan los obispos que existen deficiencias graves en el reconocimiento efectivo del derecho político al voto libre y secreto. Denuncian que en ciertos ambientes se realizan prácticas intimidatorias y coercitivas que disminuyen gravemente la libertad en el ejercicio del voto: "En algunos lugares se reconoce que existe el "voto del miedo", cuando la ignorancia y las múltiples pobrezas de nuestro pueblo son aprovechadas de un modo deshonesto para promover formas diversas de fraude electoral". Y con gran énfasis sostienen: "Es preciso afirmar con toda claridad que colaborar directa o indirectamente con el fraude electoral es un pecado grave que vulnera los derechos humanos y ofende a Dios".

Dicen los obispos: "Los cambios sociales y políticos, tantas veces anunciados pero no cumplidos, colaboran a generar cansancio, desconfianza, abstencionismo y hastío en los ciudadanos. Aquellas propuestas políticas hechas en los medios de comunicación, que sólo se basan en imágenes y frases con predominio del impacto visual y auditivo, pero carecen de contenidos que inviten a la reflexión crítica y al análisis, crean un vacío informativo cercano al engaño y a la falsedad".

Los obispos critican la corrupción y señalan la desconfianza que existe en las instancias de prevención del delito y de procuración y administración de la justicia. Proponen profundizar el proceso de reforma del Poder Judicial y la definición de las premisas fundamentales del desarrollo económico que los mexicanos necesitan para lograr equidad y mejores condiciones para la producción y distribución de la riqueza.

Hablan de perfeccionar el modelo educativo y de orientar éticamente el servicio de los medios de comunicación para que comprendan que su misión es informar, educar y entretener sirviendo a la dignidad de las personas. Dicen que es preciso que exista una normatividad básica para que el derecho a la libertad de expresión no lesione los derechos de las personas y de la comunidad. Alientan a reconocer y promover las diversas culturas que integran la nación.


Crecimiento económico no es desarrollo

Proponen los obispos un desarrollo integral fundado en la justicia social. Precisan que crecimiento económico no equivale a desarrollo. Alientan a crear modelos económicos solidarios. Ven la educación como un camino para la construcción de una cultura democrática. Recalcan que los cristianos deben colaborar de modo permanente en la construcción de esa cultura democrática, la cual es participativa y solidaria, representativa y subsidiaria, promotora de los derechos humanos. Insisten en que la cultura de la democracia no se reduce a lo meramente electoral, sino que implica todas las actividades sociales del hombre, que requieren de participación, de representación y de promoción humana. Afirman que cuando los medios de comunicación colaboran unilateralmente con un solo tipo de propuesta política o económica, traicionan su compromiso con la construcción de una sociedad más plural, sanamente crítica y capaz de trabajar a favor de los cambios que México necesita. Señalan que es indispensable que los medios sean independientes de los poderes económicos y políticos que limitan su imparcialidad y transparencia.


El miedo del PRI y el voto del miedo

Los planteamientos de la carta pastoral de los obispos, que se estudian en foros de promoción en las parroquias, han motivado críticas de los priístas que, temerosos de que una educación en estas ideas dificulte las prácticas fraudulentas del régimen, demandan la suspensión de estos foros. Con esta misma lógica, el gobierno expulsó ilegalmente a un observador electoral internacional y ha preparado entre sus grupos corporativos un gran ejército de "observadores" que avale sus prácticas antidemocráticas.

Al igual que en 1994, cuando el "voto del miedo" le redituó ventajas al PRI, se han empezado a fabricar situaciones que alimenten el miedo: amenazas de bombas y de ataques guerrilleros en la capital del país, por ejemplo.


Chiapas: la guerra soterrada

Chiapas no podía estar fuera de la campaña. Si triunfa Labastida, el futuro de esta región será más aciago. Labastida ha propiciado el crecimiento de los paramilitares y el incremento de la guerra soterrada en Chiapas, mientras se incrementan las posibilidades de una guerra abierta para acabar con el EZLN y cosechar más votos del miedo.

En el marco de la firma del tratado de comercio entre la Unión Europea y México, un grupo de parlamentarios europeos visitó Chiapas. Denunciaron el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés y la presencia de los paramilitares en la zona. El responsable en el Parlamento Europeo de las relaciones con Centroamérica y México señaló el impacto que le había causado la extrema pobreza que vio en Chiapas y expresó que el gobierno mexicano debía desmantelar las organizaciones paramilitares. Un comité del Senado de Estados Unidos había aprobado una declaración en la que expresa decepción por la militarización en Chiapas y critica las actividades de los paramilitares progobierno, que han provocado el desplazamiento de los indígenas exacerbando las condiciones de su empobrecimiento. También expresa su preocupación por el trato que han recibido observadores internacionales de derechos humanos y por la deportación sumaria de ciudadanos estadounidenses.


La masacre de Acteal sigue en la impunidad

El 17 de mayo un general retirado fue sentenciado con ocho años de cárcel por estar involucrado en la masacre de Acteal. El militar estuvo a dos kilómetros de la masacre, oyó los disparos y comunicó a sus jefes que no había novedad, faltando a su deber de auxiliar a los indígenas que estaban siendo asesinados. El comentario de los defensores de derechos humanos al juicio y a la sentencia fue irónico: en el mercado de la apreciación funeraria, la vida de 45 indígenas apenas valía ocho años de cárcel para uno de los responsables y una amnistía perfecta para todos los demás.

En vísperas de retirarse a Querétaro, el obispo Samuel Ruiz aprovechó los últimos momentos de su estancia en Chiapas para denunciar la impunidad de los grupos paramilitares. El obispo que sustituye a Ruiz declaró que en la región persisten el genocidio y el etnocidio. En abril, organizaciones no gubernamentales alertaron sobre el avance del cerco militar: si en 1997 había en Chiapas 197 puestos castrenses, tres años después llegaban ya a 300. Representantes del PAN y del PRD en la COCOPA han insistido en el desmantelamiento de los paramilitares.


Fuego en los Montes Azules

Desde el mes de marzo, el EZLN llamó la atención sobre un atentado ecológico: en su actividad de construcciones para el cerco militar, el ejército mexicano estaba deforestando una importante zona de reserva de la biosfera, los Montes Azules, área protegida dentro de la Selva Lacandona desde 1978.

Cuando, con el calor, comenzaron los incendios forestales, se desataron dos en la zona donde se encuentra el ejército. Con este pretexto y para tensar la situación, el gobierno anunció que enviaría a la Policía Federal preventiva -la que apresó a universitarios en la UNAM- para desalojar a comunidades, a las que se quería responsabilizar de los incendios. Las fotos de satélite mostraban que no había incendios donde estaban las comunidades. Como ese argumento no prosperó, y para contribuir al voto del miedo, la Policía fue enviada de todos modos, alegando que detendrían a responsables de hechos de sangre. Aunque los paramilitares son los responsables de emboscadas y muertes, no sólo no fueron tocados, sino que en compañía de la Policía contribuyeron a cerrar más el cerco en torno a las comunidades y municipios autónomos zapatistas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas aseguró que el plan puesto en marcha en contra de la "violencia común" hacía pensar que se trataba de una situación prefabricada para desatar violencia y crear un clima de intención preelectoral que inhibiera a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a votar libremente.


Chiapas: guerra abierta con la coartada electoral

La oposición no ha dejado de denunciar que el gobierno busca una salida violenta en Chiapas y crea, para lograrlo, un innecesario clima de tensión. En un comunicado, el EZLN señaló que el gobierno, desesperado porque la campaña de Labastida no levantaba vuelo, buscaba reiniciar combates en Chiapas, en un clima favorable a sus intenciones: dar un golpe definitivo a las comunidades indígenas y al EZLN.

A principios de mayo, el Frente Zapatista alertó que se preparaba la guerra abierta en Chiapas. En coordinación con el ejército y con los paramilitares, el gobierno federal sembraba terror y muerte en las comunidades indígenas. Los zapatistas llamaron a la sociedad civil a movilizarse para detener la guerra e hicieron una evaluación de la coyuntura.

Ven que el movimiento social, indispensable para cambiar la correlación de fuerzas, no se estaba expresando y parecía haber sido seducido por las elecciones. Creen que si en 1988 las esperanzas de cambio las había encabezado Cárdenas, ahora las encabezaba Fox, representando las ilusiones de cambio de millones de mexicanos por ser el único que se presenta como alternativa al PRI. Aunque el FZLN se separa del proyecto foxista, no menosprecia el espíritu de cambio que bulle en la gente, y señala la evidente utilización que hace el PRI de toda la fuerza del Estado para mantenerse en el poder.

La apuesta del FZLN no es con ningún aparato partidario sino con la gente que quiere liberarse de la dictadura priísta. Los zapatistas alertan sobre la gran tentación del régimen de llevar a cabo en Chiapas una gran maniobra político-militar en la coyuntura electoral, desatar la guerra abierta contra los zapatistas como un gran medio, uno más, para conservarse en el poder a través del voto del miedo.

Escenario 1: gana el PRI

Los análisis destacan que para llegar a un espacio de auténtica democracia y a un ambiente de paz en México no basta con sacar al PRI del Ejecutivo, sino que se deben desmantelar las estructuras del partido de Estado. Si éstas subsisten, la corrupción y la impunidad continuarán. No se trata de que desaparezca el PRI, sino que deje de ser partido de Estado, lo que le da oportunidades de utilizar a su favor recursos públicos y programas de combate a la pobreza. El PRI debe pasar a ser un partido más dentro del sistema de partidos, en igualdad de condiciones de competencia.

Un escenario es que el PRI gane y el partido de Estado sobreviva. Lo hará con maniobras antidemocráticas y por incapacidades de la oposición. Lo hará con la compra del voto, utilizando para ello recursos públicos y recursos mal habidos -incluidos los del narcotráfico- y con la complicidad de los más importantes medios de comunicación. A mediados de mayo, y yendo contra la ley, los principales medios le daban al PRI más de la mitad del tiempo en las informaciones que difundían. Si el PRI perdiera, los medios perderían privilegios y saldrían a la luz sus complicidades. Si el PRI gana, la transición a la democracia se verá abortada, o aplazada.

Escenario 2: gana el pueblo opositor

Otro escenario se configuraría con una convergencia opositora surgida desde la base, ya que las cúpulas de los partidos de oposición no pudieron concretar la necesaria alianza para no dispersar el voto. El voto por la Presidencia se concentraría en el candidato opositor que llevara la delantera en encuestas creíbles. Si el voto por un solo candidato de oposición es masivo, las maniobras fraudulentas del PRI no bastarán para darle la victoria.

Un triunfo opositor posibilitaría el que los ciudadanos empujaran, en mejores condiciones, la desestructuración del partido de Estado. Si el PRI reconociera su derrota y aceptara participar en un escenario democrático, abandonaría sus características de partido de Estado, no haría un uso ilegal de recursos públicos, no se apoyaría en bases corporativas, dejaría de usurpar los colores patrios, y competiría como cualquier otro partido en las siguientes elecciones. Con todos estos cambios, se habría dado un importante paso en la transición democrática. Si el PRI no aceptara su derrota y tratara de mantenerse en el poder con la complicidad de sus poderosos grupos económicos y políticos, desataría una turbulencia política de consecuencias desastrosas y se quebrantaría todo el proceso de transición.

Si se da el triunfo de la oposición, se empieza el desmantelamiento del partido de Estado, y se ponen las condiciones para una mayor participación de la sociedad a través de mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes y de deliberación social en las principales decisiones, todavía estaría incompleta la transición democrática. Faltaría avanzar en la democracia social. Sin ella no habrá transición democrática en México. El camino sería muy largo, pero sería transitable.

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