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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 219 | Junio 2000
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Guatemala

En río revuelto, ¿ganancia de quién?

Desde el Congreso, el General Ríos Montt y los suyos intentan remilitarizar el país. Los intentos de las fuerzas progresistas insertas en el gobierno de Portillo van en sentido contrario. No se ve aún quiénes son más poderosos. No se aprecia aún quién manda en el río revuelto que es hoy Guatemala.

Juan Hernández Pico, SJ

La crónica de Guatemala estaba situada hace un mes en el estallido de la crisis del transporte, que terminó con cinco muertos y con la amenaza del Presidente Portillo de decretar un estado de emergencia. Nada de "abril florido", después de dos meses y medio de una resonante ineficiencia, con muchos viajes del Presidente -privados algunos y otros de Estado-, con mucho ruido de palabras altisonantes, y pocas nueces: los escasos resultados del nuevo gobierno.

Mayo fue movido. Los medios de comunicación reclamaron a Portillo que en su discurso la noche del día de las muertes hubiera empezado tratando de justificar a su gobierno y hubiera terminado levantando el espectro de la suspensión de las garantías constitucionales. Condenaron al gobierno municipal por decretar el aumento de tarifas sin agotar los caminos del diálogo y la consulta, y al gobierno nacional por anteponer intereses partidistas a la solución de una crisis nacional de gran envergadura. Los medios pusieron en duda la credibilidad del Presidente y la de su Secretario de Análisis Estratégico y los responsabilizaron por no haber sido capaces de prever la gravedad de la crisis.

Un mayo insólito

Con estos reclamos de los medios empezó lo insólito. El Secretario de Análisis Estratégico, Edgar Gutiérrez, declaró que, con antelación suficiente, había entregado al Presidente un informe en el que se preveía la gravedad de la crisis. Gutiérrez no presentó su renuncia. Tampoco fue desmentido por el Presidente. Días después, Portillo reconoció haber recibido ese informe.

Casi a renglón seguido, el Secretario de Análisis Estratégico convocó en domingo a una conferencia de prensa para comunicar a los medios que había encontrado un archivo de inteligencia militar en el que constaba el espionaje estatal a más de 600 mil personas, incluyendo a niñas y niños. Gutiérrez comunicó que ponía este archivo en manos del Procurador de los Derechos Humanos, a cuya oficina podría dirigirse cualquiera que quisiera saber si su nombre estaba o no en el archivo. La noticia ocupó primeras planas y grandes titulares durante toda una semana.

Un mayo revuelto

A lo insólito siguió lo revuelto. Cuatro meses después de haber sido nombrado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, segundo militar en jerarquía e importancia del país, fue destituido y dado de baja por el Presidente de la República. Días después, varios altos oficiales de inteligencia del Ejército -del D2- fueron cesados, incluyendo el subdirector. Nadie creyó al Ministro de la Defensa cuando declaró que los cambios eran "normales" porque "cada tres meses hay rotaciones en el Ejército".

Mucha gente se agitó, unos con gusto y otros con disgusto, cuando el Jefe de Estado Mayor saliente, declaró en entrevista de prensa y en la ceremonia oficial de su despedida del Ejército, que "los oficiales están lejos de pensar en un golpe de estado", que "en charlas de opositores con influencia económica y política" se platicaba "de reproducir el fenómeno de Ecuador", y cuando recomendó al Ejército restablecer "contacto con todos aquellos que nos acompañaron en los momentos difíciles. Me refiero a los comisionados militares y a los patrulleros" (de autodefensa civil), que debieron ser suprimidos por los acuerdos de paz.



¿Quién manda aquí?

Que los partidos de oposición se desunan fuera del poder es normal. Es una de las formas habituales de su desgaste. Tanto más cuanto por más amplio margen hayan perdido las elecciones. Esto le está pasando al PAN, el partido perdedor. Pero no sólo al PAN. El partido que ganó las elecciones, el FRG, vive un continuo vaivén desde el comienzo del gobierno entre el Presidente (portillistas) y el Presidente del Congreso (ríosmonttistas). Los secuestros están volviendo a ser frecuentes, al igual que los asaltos a bancos y a vehículos blindados y, peor todavía, vuelven a aparecer personas asesinadas y torturadas. Pero cuando se le pregunta al General Ríos Montt si todo esto indica que el FRG ha fracasado en sus promesas de seguridad ciudadana, contesta: "¿Acaso el Ministro de Gobernación es del FRG?". Los medios preguntan entonces: ¿Cuál Presidente manda? ¿Se trata de un conflicto o de una farsa?

El espectro de un período constituyente, la sustitución del director de la Policía Nacional Civil, la autorización congresal al Ejército de los Estados Unidos para apoyar la lucha antinarcos, la renovada autorización al Ejército para patrullar junto con la Policía, la presencia del General Ríos Montt como sombra del Presidente en ausencia del Vicepresidente, un mayo excepcionalmente lluvioso que una vez más reveló la vulnerabilidad ecológica del país, la suscripción del Pacto Fiscal y del TLC del Triángulo Norte Centroamericano con México, las revelaciones del National Security Archive de los Estados Unidos sobre la cooperación del gobierno estadounidense con el Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno, el magro resultado del primer semestre de legislatura ordinaria, la incertidumbre de la posición gubernamental frente a la privatización de TELGUA, la caída de imagen del Presidente en la opinión pública, y las nuevas cifras del BID sobre los altos niveles de pobreza del país han hecho de este mes de mayo un momento especialmente significativo y hasta cierto punto estremecedor.


Prestigios caídos y cabezas cortadas

El conflicto alrededor del transporte urbano y el estallido social que provocó tenía que concluir pasándole la factura a los gobernantes. El Presidente Portillo fue el mayor perdedor. Estaba fuera del país en un momento clave y cuando regresó cayó víctima de su síndrome de víctima. "No fui yo quien dio la orden de aumentar las tarifas del transporte," dijo, para recordar después todo lo que había hecho de bueno en sus primeros cien días. A los medios -que olfatean y moldean la opinión pública- no les gustó ni el tono quejumbroso ni el narcisismo en momentos de dolor y de un luto que los afectaba porque uno de los muertos era un conocido fotógrafo. Un problema de fondo es la sobriedad expresiva de la que Portillo carece. Aunque nadie podía pedir mucho de él en algo más de cien días, él parece deleitarse viviendo en estado de promesa perpetua, con golpes efectistas en los que avanza cien pasos y recula noventa y cinco, para después quejarse de que le exijan tanto en tan poco tiempo o de que no le den reposo en la crítica.

El que Portillo no haya despedido a su Secretario de Análisis Estratégico después de sus explosivas declaraciones muestra cuánto lo necesita para mantener a raya a otras fuerzas que intentan minar su presidencia. Naturalmente, alguna cabeza debía caer. No pocos miembros del FRG en el Congreso se apresuraron a pedir la de Guillermo Ruiz Wong, Ministro de Gobernación. Portillo no la concedió. Habría sido muy peligroso dejar vacante ese puesto para que el FRG presionara por sustituir a un portillista con un fiel seguidor del General. Los medios dirigieron su cólera hacia la ineficiente e inexplicable actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el estallido. Y el 10 de mayo, a quien le cortaron la cabeza fue al ex-juez Baudilio Portillo Merlos, director de la PNC.

También el Vicepresidente Reyes López quedó desprestigiado. No más que el Presidente, quien debía haber estado al timón, pero sí como piloto de repuesto. La prensa publicó una entrevista con él después del desgraciado conflicto, titulando: "No soy prepotente, soy directo". En los medios se comentaba con consternación que Guatemala está a la distancia de un latido fallido del corazón de Portillo para tener a Paco Reyes López como Presidente...

Por supuesto, el Alcalde de Guatemala, Fritz García-Gallont, también sufrió en su prestigio por la crisis del transporte. Fritz fue un buen Ministro de Comunicaciones, sobre todo por lo que toca a la red de carreteras y caminos del país. Electo para la comuna capitalina, es el primer Alcalde enfrentado directamente por el Ejecutivo y por la mayoría del Congreso desde hace 15 años. Sus decisiones en la crisis del transporte urbano estuvieron teñidas de partidismo panista. Desesperó demasiado pronto de la negociación para conseguir un subsidio y de la capacidad de la empresa municipal de transporte para resolver a largo plazo un problema al que aún no se le encuentra solución.

También el Secretario de Análisis Estratégico pagó un precio. Organizaciones progresistas de la sociedad civil le pidieron a Edgard Gutiérrez que diera a conocer el informe que había enviado al Presidente Portillo. Cuando se rehusó, afirmando que caía bajo la confidencialidad de su relación con el Jefe de Estado, sus colegas de antaño en las organizaciones pro derechos humanos le insistieron que precisamente de eso se trata para que avance la transparencia democrática del Estado: de limitar lo que en el terreno de la inteligencia se llama, "secreto de Estado".


Aparece Luis Eduardo Pellecer

A la hora de la sucesión del Director de la Policía se armó un dime y direte. El 26 de mayo, el Presidente Portillo mencionó públicamente a tres candidatos. Entre ellos, Luis Eduardo Pellecer Faena. Tanto los medios como el rumor de boca en boca indicaban que el nombrado sería Pellecer, quien ya había sido candidato a la Secretaría de Análisis Estratégico ocupada por Edgar Gutiérrez. La historia de Pellecer, ex-jesuita y sacerdote, está en la memoria de muchos. El 30 de septiembre de 1981 apareció en la televisión guatemalteca después de haber sido secuestrado y desaparecido meses antes, el 9 de junio. En su discurso, repetido una y otra vez desde entonces -por última vez a fines de julio de 1998 apenas tres meses después del asesinato del obispo Gerardi- alega Pellecer que él fue miembro de la guerrilla del EGP y que su adhesión a la violencia le fue inculcada por la Iglesia de Medellín y Puebla y, más en concreto, por la Compañía de Jesús. Como diciendo sin decirlo y, aunque naturalmente sin mencionar a Gerardi: de qué se queja la Iglesia y la memoria de qué horrores quiere rescatar si ella misma está en el origen de la violencia armada. Estos últimos 19 años, Pellecer trabajó en puestos cercanos a la inteligencia militar, aunque en los gobiernos de Ramiro de León y de Arzú parece haber sido separado de ellos, públicamente al menos. Actualmente, es gerente de un cementerio privado.

Policía nacional ¿civil?

Para un Presidente que desea estar a bien con la Iglesia Católica y con su jerarquía, solamente plantear a Pellecer como candidato a un puesto en su gobierno, resultaba impolítico. Quien parecía menos indignado era el obispo Alvaro Ramazzini. Con mucha mayor indignación se expresaron en los medios miembros de las organizaciones pro derechos humanos, como Helen Mack o Frank La Rue. Apuntaron que el nombramiento de Pellecer supondría un claro y preocupante retroceso al pasado militarista del país: la inteligencia militar seguiría controlando la Policía Nacional Civil. Los medios publicaron que los colaboradores progresistas de Portillo no harían equipo con Pellecer y renunciarían si ese nombramiento se llevaba a cabo. Finalmente, el Presidente, no nombró a ninguno de los tres que había mencionado. Hizo que el Ministro de Gobernación designara a Mario René Cifuentes, ex-viceministro de Gobernación durante un año en el gabinete de Alvaro Arzú. Lo habían retirado de ese puesto cuando apareció como amigo de un contrabandista, aún pendiente de juicio, quien fuera uno de los financiadores de la campaña presidencial que Portillo perdió en 1995-96. ¿De Guatemala a Guatepeor?

No está claro si este as que Portillo se sacó de la manga había sido previsto desde el principio. Y si la mención pública de Pellecer -quien habría sido una carta propuesta por el General Ríos Montt y su gente- la hizo precisamente para quemarlo en el fuego de las airadas protestas que su nombre provocaría.


Portillo después de 100 días

El lunes 22 de mayo, un mes después de cumplirse los primeros 100 días de gobierno del Presidente Portillo, el diario El Periódico publicó la encuesta de Borge, Arroyave & Asociados realizada para evaluar esos primeros 100 días. Ya el 4 de junio, en uno de los programas televisivos de debate más respetados, el Presidente intentó disminuir la importancia de la encuesta aduciendo que sólo cubría la capital. No era cierto, la encuesta tenía alcance nacional y había sido realizada por la misma firma que pronosticó mes tras mes el triunfo de Portillo. Una muestra más de lo proclives que son los Presidentes en toda Centroamérica a mentir públicamente y a intentar tapar el sol con un dedo cuando el sol alumbra demasiado su realidad.

"Portillo prometió que tendría mano dura contra la delincuencia. ¿Cree usted que el Presidente cumplió su palabra?", preguntaba la encuesta. Casi el 81% respondió que no. Sólo el 13.7% dijo que sí. Reuniendo los porcentajes alcanzados por las respuestas que señalaron "la delincuencia" (15.7%), "la violencia" (4.5%), "la seguridad ciudadana" (2.8%) y "la impunidad" (0.3%) como "principal problema del país", el 23.3% de la población encuestada destaca este tipo de temas. Juntando las respuestas de "la economía" (24.2%), "la pobreza" (11.7%), "el desempleo" (7.4%), y "la canasta básica" (5.5%), casi la mitad de la población encuestada (48.8%) señaló estos problemas sociales como "principal problema del país". Otras respuestas: "la educación" (6%), "la salud" (2.8%), "el transporte público" (1.8%) y "la vivienda" (1.1%).

Un 65% de la población encuestada respondió que después de 100 días de gobierno la situación del país sigue igual que antes de Portillo. Cien días después del cambio de gobierno, sólo un 40.6% de la población encuestada responde que está "mejor que con el gobierno del PAN" -un 19 % piensa lo contrario-, mientras que un 40.4% no se atreve a opinar. Sólo un 30.2% dice estar satisfecho con el gobierno de Portillo.

El discurso grandilocuente y populista de Portillo parece no convencer a la mayoría. Un 77% dice que "no es el Presidente de los pobres", un 52.6% afirma que Portillo no ha hecho cambios drásticos como aseguró los haría en sus primeros 100 días -un 38.2% no opina sobre esto- y un 74% afirma que no mantiene informada a la ciudadanía de sus actos. Los discursos "explosivos" del Presidente en giras al interior del país pidiendo apoyo al pueblo para sus decisiones son vistos favorablemente por un 50.3% y desfavorablemente por un 46.7%. Sólo un 3.1% no opina sobre este tema. Una mayoría del 57.5% opina que si las elecciones fueran mañana no volverían a votar por Portillo, un 31.9% piensa lo contrario y un 10.6% no opina.

Hay prácticamente un empate entre quienes consideran a Portillo "un buen Presidente" (20.6%) y quienes lo consideran "un mal Presidente" (22.2%). La mayoría (54.1%) lo considera "un Presidente regular". Sólo un 3.2% no opina. La mayoría de la población encuestada le da aún a Portillo el beneficio de la duda o, por lo menos, no está dispuesta aún a desaprobarlo del todo.

Lo no cumplido

Jean Arnault, mediador de la ONU en las conversaciones de paz y director de MINUGUA en Guatemala, fue trasladado a Burundi. Antes de partir, afirmó que se va con cierta satisfacción porque al finalizar la presidencia de Arzú quedaban sólo dos temas de los acuerdos de paz pendientes de realización: el tema fiscal y el relacionado con el Ejército. Opinó que el tema fiscal está bien encaminado, pero que el del Ejército aún está pendiente. Chocante el notable optimismo de Arnault teniendo en cuenta que la misma MINUGUA publicó un informe sobre lo mucho que está pendiente en la cuestión de la tierra, señalando además que la derrota de las reformas constitucionales en 1999 dejó pendientes muchos otros temas acordados, empezando por el reconocimiento del pluralismo cultural, étnico y lingüístico del país.

Militares: nostalgias y revelaciones

El mes de mayo trajo inquietantes revelaciones sobre la cuestión militar. Ruido de sables en los cuarteles, "pasos de animales grandes", como quiera que se le llame, si existen altos oficiales del Ejército capaces de hablar públicamente con nostalgia de sus vínculos de amistad con quienes fueron comisionados militares y patrulleros, la incertidumbre está justificada. El Coronel César Augusto Ruiz, destituido sorpresivamente, quien expresó esta nostalgia, había contestado así en una entrevista de prensa del 11 de enero a la pregunta de si hay un verdadero plan de modernización del Ejército: "El Ejército tiene una organización arcaica que corresponde a los tiempos en los cuales debería ejercer control sobre la población para la estabilidad del gobierno. Estábamos en proceso de transformar toda esa estructura." Sin embargo, en la ceremonia de su despedida, el Coronel Ruiz llamó a "restablecer contacto con comisionados militares y patrulleros", a no desvincularse de aquella "organización arcaica"...

El mismo Ruiz Morales habló de "compadrazgo y nepotismo" como de "cánceres que enferman al Ejército". Todo el mundo ha oído hablar de la pésima situación del Instituto de Previsión Militar (IPM), a consecuencia, en parte, de que el Banco del Ejército, órgano del IPM, perdió, según se dice en voz baja, decenas de millones de dólares especulando en la descalabrada bolsa rusa. La prensa ha informado que tiene también una cartera morosa de préstamos del 97%. De hecho, es uno de los bancos a los que el Banco de Guatemala ha ayudado, imponiéndole condiciones de no distribuir ganancias y de reducir su cartera morosa al 10% para noviembre del 2002. Resulta interesante que estas informaciones hayan sido destacadas después del discurso del Coronel Ruiz Morales, quien indicó que "cíclicamente gira el compadrazgo entre promociones, paisanos, parientes y amigos" y denunció que "las situaciones del IPM son producto de esa enfermedad institucional". En los últimos tiempos no se había oído a un militar hablar de corrupción en el Ejército tan pública y tan inequívocamente.

Ejército: lucha entre promociones con el General de fondo

La denuncia no parece ser desinteresada. El mismo Ruiz Morales afirma que el Ministro de la Defensa ha nombrado en las jefaturas de los cuarteles y bases más importantes a coroneles miembros de la promoción 73 -la del Ministro-. El nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, Coronel Eduardo Arévalo Lacs, pertenece a la promoción 73. Ruiz Morales afirma que "hay copamiento absoluto de todos los puestos de mando por la 73". Y el Ministro de la Defensa Nacional, Coronel Juan de Dios Estrada, riposta: "Es cierto, algunos oficiales de la 73 están en altos puestos. Llenan los perfiles que exigen los reglamentos y leyes militares. Nuestra promoción ha tenido algún renombre y eso, generalmente, no le gusta a algunos incapaces".

Para hacer más "florentinos" los lazos de la intriga, el Coronel Ruiz Morales tuvo que desmentir que hubiera sido elevado al puesto de Jefe de Estado Mayor por ser allegado al General Ríos Montt y dice que "la noción de que él fuera los ojos y oídos de Ríos Montt" en el Alto Mando del Ejército surgió de "especulaciones por asistir a la misma iglesia" del General, la Iglesia del Verbo.

En el Congreso, presidido por el General, se juega con la idea de reducir a 30 años el período de servicio activo de los oficiales militares. Al reducir el período, tendrían que ser despedidos del Ejército los oficiales de las promociones 72 a 75. ¡No pequeña carga de jubilaciones para el IPM! Con todo -se especula- que con esta disposición el General mataría dos pájaros de un tiro. Primero: se desharía antes de tiempo de los miembros de la 73, que jugó un papel determinante durante el golpe de Estado en su contra en 1983. Segundo: su hijo, el Coronel Enrique Ríos Sosa, hoy Jefe de Finanzas de las Fuerzas Armadas y miembro de la promoción 77, quedaría disponible para llegar al Ministerio de la Defensa. "¿Cómo vamos a querer Comandantes de batallones que anden en silla de ruedas?", dijo el General en una de esas humoradas que siempre ocultan otros propósitos.

Lo más importante de la crisis alrededor del Ejército es que deja al descubierto cuántas intrigas lo atraviesan, cuán vulnerables son algunos de sus miembros a los aires de conspiración y cuánto falta aún para tener un Ejército al servicio de la Constitución y de la democracia.


¿Por qué una violencia tan sádica?

El Congreso dio luz verde para que pequeños contingentes del Ejército de los Estados Unidos vengan a ayudar al DOAN de la Policía guatemalteca en la lucha contra el narcotráfico. El Presidente, agobiado con las protestas por la inseguridad ciudadana, reiteró lo que su antecesor, Alvaro Arzú ya hizo: llamó a constituir patrullas conjuntas de militares y policías para luchar contra la delincuencia. Lo más terrible es que están volviendo a aparecer cadáveres de personas torturadas en lugares inaccesibles o en apartados caminos de la capital. Estas torturas, como todas, plantean lo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico ya planteó: la incidencia en este país de un factor notablemente frecuente de crueldad adicional a la hora de robar, de secuestrar, de extorsionar o de matar. Es imprescindible empezar a investigar qué elementos sicosociales hacen que la violencia en Guatemala resulte tan sádica.


Supervivientes de masacres

El mes de mayo trajo también la acusación por genocidio hecha por indígenas supervivientes de siete masacres ocurridas durante el conflicto armado interno ante el Ministerio Público contra los tres miembros del Alto Mando del Ejército de entonces. Entre los denunciantes había representantes de la gran masacre del 14 de marzo de 1982 en Cuarto Pueblo, Ixcán, Quiché, donde casi 400 personas fueron asesinadas; de la masacre de Santa María Tzejá, también en el Ixcán, Quiché; de la de Río Negro en Baja Verapaz; y la de La Estancia de la Virgen, en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

El Centro de Asistencia Legal para los Derechos Humanos (CALDH) asesorará a los querellantes. Tratándose de una acusación de "genocidio" -lo que supone una planeación estratégica del Ejército para cometer el crimen- se acusa solamente a quienes según la Ley Constitutiva del Ejército conformaban el Alto Mando responsable del crimen.

Esta acción jurídica tiene una enorme importancia. Es la primera de su tipo presentada ante la justicia de Guatemala. La Fundación Rigoberta Menchú había presentado una acusación parecida ante la Audiencia Nacional de Madrid, en donde ya ha declarado Máximo Cajal, embajador de España en Guatemala en el momento de la quema de la embajada española, el 31 de enero de 1980. Después, declaró la diputada Nineth Montenegro, viuda de un desaparecido, cuya muerte y otras condujeron en 1985 a la fundación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) para luchar por el aparecimiento de los desaparecidos. Durante años, Nineth fue la presidenta del GAM.


Ejército: se abren los archivos

Un mes de mayo tan intenso terminó con la llegada a Guatemala de Kate Doyle, miembro del Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), una institución académica de los Estados Unidos que se encarga de recuperar para la investigación histórica los documentos de las seis agencias de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, una vez que la Ley de Libre Acceso a la Información Estatal -una especie de Ley de Habeas Data- la vuelve disponible.

El Archivo Nacional de Seguridad entregó en 1998 esta documentación a la Comisión de Esclarecimiento Histórico creada por las partes negociadoras de los Acuerdos de Paz en 1994. Sin embargo, la CEH se vio impedida estatutariamente para personalizar sus hallazgos. El Archivo Nacional de Seguridad ha elaborado ahora un libro en dos volúmenes, con el título "El Ejército de Guatemala: Lo que Revelan los Archivos de los Estados Unidos", buscando obviar este tipo de limitaciones, que obstaculizan el conocimiento de la historia.

En entrevista de prensa, Kate Doyle afirmó que el primer volumen contiene "el perfil de 79 unidades castrenses, donde se incluye al alto mando, estructuras operativas (como zonas militares) y cuerpos de inteligencia". Incluye también el historial de 227 oficiales seleccionados por los puestos que ocuparon y el tiempo en que los ocuparon. En el segundo volumen hay 48 documentos que incluyen "datos del Ejército y sus relaciones con los Estados Unidos", violaciones a los derechos humanos y actos de violencia. El Archivo puede ser visitado en la red: www.gwu.edu/-nsarchiv.

El NSA va a proporcionar también a la Procuraduría de Derechos Humanos, a MINUGUA y a la prensa dos juegos de material con unos dos mil desclasificados en microfichas. "Las Fuerzas Armadas deben adaptar los datos a la transparencia de su propia institución. Es un aporte académico a la discusión del papel del Ejército en una sociedad democrática", concluyó Kate Doyle, quien colaboró también con la Comisión de la Verdad en El Salvador.

Las reacciones ante estas informaciones han sido muy variadas y de tonos diversos. Algunas valientes, pero moderadas. Por ejemplo, la de Helen Mack: "El Ejército no puede seguir negando los hechos cometidos durante la guerra después de la presentación de estos documentos. Ahora, debe abordar el tema y afrontar las responsabilidades que tuvo en el conflicto." O la de Frank La Rue: "¿Cómo es posible que después de tantas pruebas se quiera negar que en el país se practicó el genocidio? Ningún país puede ver su futuro sin conocer plenamente su historia. Todos debemos sentarnos a discutir estos hechos con el Ejército." De otra índole fue la del General retirado Otto Pérez Molina, negociador de los Acuerdos de Paz: "Se deben conocer las fuentes para dar credibilidad al documento. Lo que se presentó puede ser un aporte, pero son medias verdades y medias mentiras. El error del Ejército ha sido permanecer callado después de todos los informes."


Construyeron la estrategia con Estados Unidos

Para el Ejército, la información resulta sencillamente terrible. Los actores de la guerra, sucia y brutal, están vivos. Se sienten traicionados por los Estados Unidos, que los usó para su política y ahora los deja al desnudo sin que nadie pueda llevar a los tribunales a varios Presidentes estadounidenses o a los militares gringos que enseñaron a los guatemaltecos a torturar y a masacrar.

Es evidente, sin embargo, que los militares guatemaltecos no fueron peones, sino colaboradores de una estrategia. En el libro de Jennifer Schirmer, el General Héctor Gramajo casi pone en manos de esta investigadora de Harvard las pruebas que un tribunal requeriría. Y le da estas pruebas porque se siente orgulloso de haber sido constructor estratégico de la derrota militar de la guerrilla y apoyo institucional, desde el Ejército, de la transición democrática.

Refiriéndose a la evolución de la política de "quitarle el agua al pez" para asfixiarlo -propia del régimen de Lucas García- a la política de "conservar el agua que quisiera dejar de ser estanque del pez" -propia del Jefe de Estado Ríos Montt-, Gramajo le cuenta a Schirmer en su libro: "Entonces (en 1982) nosotros teníamos 70 por ciento de frijoles y 30 por ciento de fusiles. O sea, de un 100 por ciento íbamos a darle comida al 70 por ciento. Antes era otra cosa: de 100 por ciento, matábamos al 100 por ciento." Y añade Schirmer en una nota que "luego de ver un borrador de transcripción de la entrevista que se grabara para la Harvard International Review, Gramajo sugirió que se cambiara la palabra ‘matar’ por ‘reprimir violentamente’, y posteriormente que se cambiara por ‘coaccionar’." La importancia de los volúmenes presentados por Kate Doyle es que se da a conocer "quiénes, dónde y cuándo" mataron.

En un foro que el Ejército celebró con la Sociedad Civil en 1987, el General Gramajo, entonces Ministro de la Defensa del primer gobierno de la transición democrática, el de Vinicio Cerezo, acuñó una frase, que le daba vuelta a la famosa frase de Clausewitz: "La política es la continuación de la guerra por otros medios." Es precisamente esta idea la que hay que desterrar del país. Mientras en Guatemala exista el peligro de entender así la transición, nunca será una transición democrática. El asesinato de Monseñor Gerardi, la reacción frente a los informes REMHI y CEH, el ruido de sables en los cuarteles en este mes de mayo o la reacción del General Pérez Molina frente al libro del National Security Archive, indican a las claras que la institucionalidad democrática en el campo político aún no ha sido consolidada.


El peligro de la remilitarización

Desde el Congreso, el General Ríos Montt y los de su partido intentan la remilitarización del Estado. Los intentos de la Secretaría de Análisis Estratégico y de otras fuerzas progresistas en el gobierno de Portillo van en la dirección contraria. No sabemos quién es más poderoso, quién manda más. A fines de mayo, el gobierno en pleno y los diputados eferregistas fueron convocados por el Presidente Portillo a una reunión de evaluación nada menos que en el Cuartel Mariscal Zavala de la capital. La prensa no fue admitida al debate y tampoco pudo entrevistar a nadie, a pesar de que se trataba de una reunión para coordinar la política gubernamental.

Hay quienes piensan que en realidad no existen diferencias de fondo entre el General y el Presidente. El General ha lanzado la idea de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El Presidente la ha aceptado, aunque reconoció que éste tal vez no sea el momento para reformar la Constitución.

En otro tema, el Presidente ha propuesto que el informe de la CEH sea texto obligatorio de secundaria y en el Congreso hay ya un proyecto de Ley. El General se opone. En la encuesta citada, un 61.3% se expresó a favor de la propuesta de Portillo y el 28% en contra. De igual manera, el Presidente quiere ayudar a financiar las exhumaciones en cementerios clandestinos recomendadas por la CEH. El General retirado Benedicto Lucas afirma que todos esos restos pertenecen a víctimas del terremoto de 1976. En la encuesta, un 51.3% apoya el propósito de Portillo y un 43% está en contra.

Portillo insiste en que lo acusan de ser populista, "pero en realidad soy diferente". Ciertamente, en el camino hacia la transición democrática Guatemala necesita un Presidente "diferente". Porque todos podemos despertarnos cualquier día para ver -como dibujaba un caricaturista- que "el dinosaurio con gorra militar está aún ahí", y porque el país vive en una terrible situación económica que requiere de una acción eficaz en lugar de acciones "casuísticas" orientadas a favorecer intereses partidarios.

El BID desnuda al país

En sus primeros dos meses de gobierno, el Presidente Portillo viajó a New Orleans para asistir a un seminario del BID. Su director, Enrique Iglesias, estaba presente. A mediados de mayo, Iglesias visitó Guatemala y comprometió una ayuda de mil millones de dólares, lo que representó un espaldarazo al gobierno de Portillo. Pero no todo fue apoyo, también hubo reprimenda.

A finales de mayo, el BID publicó el documento "Hacia una estrategia de desarrollo económico y social de Guatemala", basado en hechos elocuentes: cerca del 70% de la población de Guatemala ingresa menos de dos dólares al día. Esta pobreza afecta mucho más a la población indígena: más del 80% sobrevive en esta precaria situación. La diferencia educativa entre hombres y mujeres, desfavorable a las mujeres -y más aún, a las mujeres indígenas- sólo es superada en América Latina y el Caribe por Bolivia. Los no indígenas alcanzan a tener un promedio de casi seis años de educación, mientras los indígenas sólo un promedio de dos. Apenas un 20% de la población guatemalteca cree que el Estado puede resolver los problemas. Sólo la población de Honduras tiene un grado aún menor de confianza en el Estado. La esperanza de vida es de 64 años, la más baja del istmo. La desigualdad entre campo y ciudad es enorme: la pobreza rural alcanza al 76% de su población, mientras la pobreza urbana toca al 24%. Los niveles de desnutrición alcanzan al 46.4% del total de niñas y niños menores de 5 años. El 20% de las familias urbanas y el 80% de las rurales no tienen títulos de propiedad de sus viviendas. Del total de viviendas del país, el 36.4% carece de agua potable, el 65% de electricidad y el 67.4% de drenajes. En el 44.7% de los hogares se vive en situación de hacinamiento.

El BID afirma que toda esta pobreza convive con un crecimiento anual del PIB de casi 4% en la presente década, superior al de Uruguay, Colombia, Perú, Costa Rica, México y Ecuador, entre otros. Asevera el BID que los problemas del país se derivan de "una mala administración del gasto público, una escasa recaudación de impuestos, una débil legislación financiera y poca atención a poblaciones históricamente marginadas".

El representante del Banco Mundial en Guatemala, el salvadoreño José Roberto López-Cálix, al respaldar "diplomáticamente" el plan económico que Portillo propuso, afirmó que en Guatemala falta un plan social y un plan de modernización del Estado. Para añadir: "La clave de la estabilidad y sostenibilidad de la economía está en el Pacto Fiscal". Ese Pacto ha sido firmado recientemente. Será a la hora de afrontar el problema de los ingresos del Estado cuando llegue la hora de la verdad.

La base de la inseguridad ciudadana, de la falta de confianza en el Estado -con la correspondiente baja gobernabilidad-, de la enorme migración del campo a la ciudad y, por consiguiente, del crecimiento constante de la marginalidad urbana, de la altísima tasa de fertilidad, del alto abstencionismo en los procesos electorales y, en una palabra, de las amenazas a la transición democrática, está en este cuadro con el que "el BID desnuda al país".


Los obispos hablan de "las fuerzas ocultas"

El 29 de mayo la Conferencia Episcopal de Guatemala publicó un comunicado en el que los obispos destacan la falta de un plan nacional de desarrollo, la lentitud en el cumplimiento de los acuerdos de paz, el anteponer intereses partidarios a los nacionales -por ejemplo, la reforma del reglamento sobre la no reelegibilidad del Presidente del Congreso, y los despidos de tantos funcionarios capaces, para ceder el puesto a correligionarios-, el anteponer los intereses económicos particulares al bien común, y el mantenimiento de monopolios y privilegios. Denuncian la persistencia de la impunidad ("de las fuerzas fácticas ocultas, junto a grupos paralelos" de poder) y de la acción del crimen organizado (para "obtener dinero rápido"), y el resurgimiento de actividades de "limpieza social".

Manifiestan su preocupación por la amenaza de desestabilización del país, por la posible vulneración de la independencia de los poderes institucionales del Estado, y por el estímulo del fanatismo religioso a manos del liderazgo político. Se dirigen al Presidente Portillo para que continúe el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial y refuerce la institucionalización del Ejército. Hacen un llamado a las diversas agrupaciones de la sociedad civil para que se comprometan con el fortalecimiento de la democracia. También apelan a la comunidad internacional para que vigile el estado de los derechos humanos y el buen uso de las donaciones. Piden a los medios que busquen siempre "ser testigos de la verdad e informen con objetividad, evitando exageraciones, alarmismos y partidismos de cualquier clase". Finalmente, hablan de la reconciliación, que "exige asumir hechos y responsabilidades del pasado, con el fin de proyectar y crear un futuro de paz."

El Presidente de la Conferencia, el arzobispo de Los Altos, dijo: "Quisimos darle un compás de espera al gobierno, pero a causa de los sucesos ocurridos, nos vemos en la obligación moral de pronunciarnos." E insistió: "El gobierno ha hecho muchas promesas y no las cumple". Helen Mack afirma que "se vive un ambiente de conspiración y desestabilización." Y los medios hablan editorialmente "del evidente descontento ante la diferencia entre la realidad y las promesas electorales."

Relámpagos sobre palacio

El 10 de mayo, inmediatamente antes de las destituciones en el Ejército, en primera página, el vespertino La Hora publicó lo que puede llegar a ser una de las fotografías del año: La Plaza de la Constitución, resplandeciente de luz con los reflejos de la lluvia, y un gran relámpago sobre el cielo tormentoso cayendo encima del Palacio Nacional de la Cultura, símbolo del gobierno del país. ¿Premonición?

Entre tantas incertidumbres, el mes terminó con una alegría: la concesión al gran cuentista guatemalteco Tito Monterroso del Premio Príncipe de Asturias de Literatura. Tito, que vivió tantos años en Honduras y en el exilio, dedicó el premio a Centroamérica. Filóchofo, el gran caricaturista de izquierdas que escribe en el derechista Siglo XXI, dibujó al General Ríos Montt, como siempre, con las garras y colmillos aguzados de un vampiro, mientras que "el adulto" le sugería: "¿Por qué no aprovecha usted para ir a felicitar a Tito Monterroso y se da un su colacito por España?"

Si esta libertad de expresión perdura sin que nadie padezca persecución por ella, sería un signo de bonanza democrática en medio del río revuelto en que navega Guatemala.

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