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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 218 | Mayo 2000
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Guatemala

A los cien días, un estallido anunciado

"Si queremos una verdadera reconciliación, si no queremos venganza en el futuro, necesitamos destapar la verdad y enfrentar el síndrome de miedo que existe en cada esquina del país." Palabras de Rigoberta Menchú que resultan una clave para entender la gestión del nuevo gobierno y el primer estallido social que ha enfrentado.

Juan Hernández Pico, SJ

Con la muerte de un fotógrafo de prensa y de otros cuatro ciudadanos, entre ellos una mujer vendedora del mercado, terminó la primera gran crisis de la presidencia de Alfonso Portillo. A la hora de tan lamentables hechos, tenía la nueva Presidencia apenas 100 días.

La crisis la provocó la decisión unilateral del Alcalde capitalino, Fritz García-Gallont, del PAN, de aumentar en 25 centavos el precio del pasaje de los autobuses urbanos "convencionales" (pasaron de costar 0.75 de quetzal a 1 quetzal, equivalente a 13 centavos de dólar); y de dejar al mercado el incremento del precio de los buses urbanos "preferenciales", que venían costando 1.10 quetzales y que, no el mercado sino la decisión de los transportistas de no hacerse competencia, ubicó en 1.50. Esta fue la primera responsabilidad en la crisis.

Inmediatamente, el gobierno y, sobre todo, el Presidente del Congreso, General Ríos Montt, y el Vicepresidente en funciones de Presidente, Francisco Reyes López -ambos del FRG-, hicieron todo lo posible por llevar al Alcalde -rival político- hasta el borde del precipicio, olvidando que en Guatemala los aumentos del pasaje en el transporte urbano se vuelven siempre conflictos nacionales que desafían al gobierno central. Fueron así corresponsables de servir al país el plato del estallido social.


Un sistema nada transparente

En 1998, los empresarios del transporte urbano habían recibido 800 autobuses nuevos que la Municipalidad de Guatemala les vendió a plazos. La Municipalidad pudo hacer esta compra, de 50 millones de dólares, auxiliada por un decreto del Legislativo, que constituyó esa cantidad como un fideicomiso para el transporte urbano.

El conflicto surgió cuando los empresarios transportistas informaron a la Municipalidad que no podían cumplir con las letras de cambio para pagar los autobuses sin aumentar las tarifas del pasaje. El Alcalde, sin delegar su poder de decisión en última instancia, encargó a una Comisión Multisectorial que propusiera soluciones. En el camino para establecer tarifas correctas, la Comisión determinó fácilmente los gastos de operación del transporte, pero se estrelló a la hora de determinar los ingresos de los transportistas, fundamentalmente por la falta de transparencia de éstos, pero también porque los pilotos de los autobuses dejan de entregar una cierta cantidad -indeterminada- del precio de los pasajes para complementar así sus propios salarios bajos y para pagar los salarios de sus ayudantes, los "brochas". Pueden hacer todo esto porque no entregan boletos a los pasajeros y porque los autobuses carecen de molinetes que reciban el dinero y cuenten automáticamente los usuarios. Se trata de un sistema lleno de irregularidades que, entre otras cosas, permite a los empresarios mantener pasivos laborales muy inferiores a los que tendrían si tuvieran que pagarle a los pilotos salarios más altos.

El 31 de marzo, no pocos transportistas presionaron al Alcalde bloqueando con sus autobuses el tránsito en las grandes avenidas de la capital que rodean la Municipalidad. La Multisectorial solicitaba al Alcalde de 3 a 6 meses para poder elaborar un informe que sirviera de base a la decisión edilicia. García-Gallont opinó que la Multisectorial estaba actuando con tácticas dilatorias "en un tema altamente explosivo que no podía esperar". El 5 de abril el Alcalde anunció el incremento en las tarifas sin esperar el informe. El día 6 presuntos universitarios encapuchados quemaron el primer autobús.


La historia no siempre es maestra

En la historia reciente de Guatemala el incremento en el precio del transporte urbano capitalino ha sido chispa para reacciones populares encendidas que terminaron en motines o asonadas. (1973, 1978, 1994, 1996). Sólo en 1982, bajo el régimen de facto del General Ríos Montt, con tribunales de fuero especial y fusilamientos, no hubo protestas contra los aumentos de las tarifas.

En este año 2000, el Alcalde afirmó que la negativa del Gobierno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, a subsidiar el transporte no le dejaba otra alternativa que incrementar las tarifas. La realidad es que sólo consideró alternativas entre el mercado... y el mercado.

¿Es real el argumento de los empresarios de que sus negocios ya no son rentables? El alegato de la no rentabilidad es altamente dudoso. En pleno estallido, el 26 de abril, el propio portavoz de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, Luis Gómez, al quejarse por los daños sufridos, afirmó que sus pérdidas por el bus incendiado superaban los 70 mil dólares, "esto sin incluir 10 mil quetzales que se llevaron de los pasajes obtenidos el día antes del ataque". Resultó una inesperada información que permitía un primer cálculo de los ingresos diarios de un autobús urbano en la ciudad de Guatemala.


Una pelea de gallos

Al justificar su decisión de no proponer el subsidio al Legislativo, el Presidente del Congreso, General Ríos Montt, opinó que "el problema es haber subsidiado empresas que no son productivas" y añadió que en anteriores ocasiones el Congreso "abusó de su autoridad" al decretar este tipo de subsidio, pues es el resto del país quien acaba pagando con sus impuestos un servicio del que sólo la ciudad capital se beneficia. Es la típica argumentación ríosmonttista, que nunca enfoca los problemas en su totalidad: en la estructura social de Guatemala la capital tiene, para todo el país, una importancia económica mayor que en otros países, además de que los problemas de la capital son los del 23% de los habitantes del país.

Las opiniones del Vicepresidente Reyes López mostraron los verdaderos motivos de le negativa del Legislativo. Respondiendo al Alcalde cuando éste declaró que el gobierno no le dejó otra salida que incrementar las tarifas, Reyes López contraatacó: "Zapatero, a tus zapatos. Si él no se considera capaz de resolver el problema, puede delegar la responsabilidad y volver a sus actividades empresariales en el café y entidades de préstamos." De lo que se trataba en realidad era de usar el problema del transporte para hundir al Alcalde.

Días más tarde se ensañó el Vicepresidente: el Alcalde "debe tomar mejores decisiones y no pensar que cuando meta la pata el Gobierno tenga que sacársela". El colmo llegó en medio de los graves disturbios de la semana de Pascua, cuando el Vicepresidente, actuando ya como Presidente en funciones, se desbordó: "Si el Alcalde de la capital se declara incompetente e incapaz y formalmente solicita la intervención del Gobierno, entonces se evaluará". Declaró que si el Ejecutivo intervenía directamente, estaría violando la autonomía municipal.

Fue evidente que Ejecutivo y Legislativo trataban de manipular un problema, de graves consecuencias para la gente necesitada, usuaria mayoritaria del transporte público, para ganar, como en palenque, una pelea partidaria y humillar al adversario político, apareciendo, llegado el momento, como salvadores de la crisis.

Mayoritariamente, los medios condenaron al Vicepresidente por su sectarismo. Algunos, más clarividentes, le preguntaron si había que esperar los muertos para actuar. El Presidente Portillo se encontraba en Costa Rica y en Nicaragua, tratando de ser catalizador de un movimiento que busca recuperar la integración centroamericana. Era su sexto viaje al exterior en sólo cien días de gobierno. Y había dejado a cargo de la Presidencia, en medio de una crisis que se sabía inminente, a un Vicepresidente que ya había dado muestras de ser sectario y grotesco. ¿No tuvo información estratégica para calibrar la gravedad del momento?¿O quiso quemar a Ríos Montt y a Reyes López para mostrarse después como buen gobernante con soluciones auténticas?


Un estallido anunciado

El Alcalde señaló el lunes de Pascua, 24 de abril, como la fecha en que entraría en vigencia el incremento. La Municipalidad amaneció con varios estudiantes en huelga de hambre a las puertas de la Universidad de San Carlos, a la cabeza de la rebeldía.El 25 las protestas se volvieron violentas. Hubo quema de buses, otros resultaron dañados. Las unidades especiales de la Policía Nacional Civil entraron en acción con gases lacrimógenos y un despliegue de fuerza que pareció excesiva contra manifestantes que, en su gran mayoría, protestaban pacíficamente. El Ejecutivo y la Alcaldía se atrincheraron en su intransigencia. El 26, los universitarios decidieron dar un últimatum al Alcalde. Expiraría el 27 a las 10 de la mañana. La capital aparecía cada vez más desnuda de buses. Entre la gente que protestaba empezaron a mezclarse otros que destruían y saqueaban algunos comercios. Las trabajadoras del Mercado Central unieron sus fuerzas a la protesta encabezada por los universitarios.

El jueves 27, transcurrido el plazo dado al Alcalde para revertir las alzas de las tarifas, el escenario cambió. La protesta pacífica se mezcló con otra, indiscriminadamente violenta y, al parecer, engrosada por maras. Comenzaron los saqueos de almacenes y tiendas, especialmente los de artículos deportivos y de medicinas, se destruyeron cabinas telefónicas tarjeteras y se realizaron otros destrozos al azar: quema de autos privados y de vehículos municipales. Las fuerzas especiales de la policía mostraron incapacidad de detener el vandalismo. Enfrentaron con más intensidad y eficacia a los manifestantes pacíficos que a los pandilleros. En estas circunstancias se produjeron los innecesarios disparos de vigilantes particulares de un almacén, que acabaron con la vida de Roberto Martínez, fotógrafo de "Prensa Libre" y de Josefina Ceballos, vendedora del Mercado Central.


Portillo envaina el machete

El mismo 27 de abril regresó al país el Presidente de la República. El Alcalde dijo que iría a encontrarlo a Casa Presidencial "con toda humildad" para pedirle que se depongan las actitudes partidarias "y nos sentemos como gente seria a resolver los problemas." Señaló que las muertes "eran responsabilidad suya compartida con el gobierno, pues dejaron sola a la Municipalidad en un problema tan grande como el del transporte".

Portillo nunca había hablado del Alcalde en los términos ofensivos, irónicos o hipócritas de otros altos funcionarios. Recibió al Alcalde y esa noche, en cadena, habló a la nación. Aunque empezó resaltando que el Gobierno no era quien había decretado el incremento de las tarifas, desencadenante de la crisis, aceptó que también tenía responsabilidad. "Ya sea por pasividad, falta de acción o de voluntad política, yo mismo me siento responsable por lo que sucedió," dijo. Advirtió a los empresarios que intervendría el transporte si no restablecían totalmente el servicio a mediodía del día siguiente y con las tarifas previas al incremento. Amenazó con aplicar la Ley de Orden Público y decretar un "estado de prevención" si continuaban los desmanes. Y convocó para la mañana del día siguiente a la Comisión Multisectorial en presencia del Ejecutivo, el Legislativo y la Municipalidad para buscar una solución al problema. De esta forma, envainó el machete y puso punto final al estallido.


Una herencia cultural de violencia

El 22 de abril se cumplían los 100 primeros días de gobierno del Presidente Alfonso Portillo. Quedaron ensombrecidos por esta crisis, que ha agudizado la confrontación entre el FRG y el PAN, entre la Alcaldía y el Legislativo y Ejecutivo.

La confrontación es sólo un reflejo de otra crisis más profunda. En Guatemala existe escasa voluntad de superar los conflictos, muy poca capacidad para buscar consensos, muy poca disposición para aprender de la historia, casi nula avenencia para entrar en negociaciones. Por todo esto, la paz está siendo derrotada culturalmente, pues aunque no existen dos fuerzas militares contrapuestas, como en los largos años del conflicto armado interno, la herencia cultural violenta sigue marcando con sangre las confrontaciones sociales. Desgraciadamente, el Pacto de Gobernabilidad, prioritario en la agenda del Presidente y aún lejos de la práctica de gobierno, podría degenerar, en este contexto, en una mayor ingobernabilidad.

Como un primer paso hacia la gobernabilidad, sería necesario promover una auditoría de las contabilidades fantasmas de los empresarios del transporte, para comprobar si los márgenes de ganancia con que sin duda operan -si no, ¿seguirían en ese negocio?- pueden llamarlos "operar con pérdidas". Si está probado que existe una "picaresca de los pilotos" de los autobuses, que se quedan con un alto porcentaje de los ingresos diarios de cada bus, existen empresarios que les exigen un cierto nivel de recaudación y así los obligan a desmadrar a los vehículos y a la gente a velocidades de vértigo en una ciudad congestionada por el tráfico. Los salarios de los pilotos son bajos (900 quetzales, equivalentes a 117 dólares). Los vehículos están destartalados, sucios y contaminan. No les dan el debido mantenimiento. Los propietarios de los buses no reinvierten los subsidios en mejorar el servicio. Hay muy pocos espacios donde proponer que el servicio de transporte urbano sea en verdad público, que sea una empresa municipal la que lo maneje, con un subsidio que paguen quienes tienen vehículos privados, en los que se mueve a menudo una sola persona.


Cultura empresarial insensible

En toda la crisis, el Alcalde afirmó que esperaba que el precio de los autobuses preferenciales fuera dejado a la libre competencia del mercado para así favorecer al público. ¿Por qué no proponer que esa competencia a la empresa privada del transporte público la ejerza una empresa municipal fuerte? La historia demuestra que la cultura del gran empresario guatemalteco no privilegia la reinversión capitalista madura sino el gasto ostentoso financiado con sus altos márgenes de ganancia, y hoy tal vez, con sus maniobras en el casino de las inversiones especulativas globales.

Es en este espejo -donde no existe la más mínima sensibilidad social- donde se miran el mediano y el pequeño empresario guatemalteco. ¿Será posible sentarse a negociar cambios a este modelo empresarial sin que sólo proponerlos signifique ser estigmatizado como "un socialista estatizante"? ¿Será posible aplicar al transporte urbano capitalino el principio de subsidiariedad, por el cual los poderes municipales o estatales son responsables de hacer lo que los empresarios privados no hacen? ¿Será posible sacar al mercado de la encerrona de la dogmática neoliberal y discutir qué bienes o qué servicios no quedan suficientemente garantizados por el mercado cuando sólo están en manos privadas?


Logros de los primeros 100 días

En su comparecencia en cadena nacional el 27 de abril, horas después de haber culminado la crisis del transporte, el Presidente Portillo inició sus palabras haciendo un repaso positivo de los primeros 100 días de su gobierno Dejó sentado que no había sido él quien decretó el aumento de las tarifas y recordó que, a comienzos de marzo, cuando el transporte extraurbano dispuso un paro general para presionar por el alza en las tarifas, fue él quien, en un sólo día, solucionó el problema sin incrementos de ninguna clase.

Habló de otros temas. Recordó que el recorte del 10% en el presupuesto del Estado había conseguido contener la inflación y rebajar gastos públicos innecesarios. Señaló otros logros: la estabilidad en la tasa de cambio del quetzal, el aumento salarial en forma de un bono de 200 quetzales para los trabajadores del Estado -en menor proporción, para los trabajadores del sector privado-, la disminución del precio del azúcar, y la importación a precios bajos de grandes cantidades de fertilizantes para el campesinado.

Se limitó a mencionar logros en el campo económico. Podría haber añadido que el Estado ha reconocido sus responsabilidades en varios casos de Derechos Humanos, tanto en la ONU en Ginebra, como en la OEA en Washington. Que el Ejecutivo ha intentado cumplir con algunas de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y que se ha preocupado por reactivar el caso Gerardi. Y que por primera vez se empieza a hacer algo en el sistema penitenciario, entre otras cosas, impidiendo, por vez primera en muchos años, las fugas masivas de las cárceles.


"Amarrados con el pasado"

La opinión pública hace un reiterado balance negativo de la inicial gestión de Portillo. Según los sondeos, el Presidente ha sufrido un desgaste rápido y profundo. El sociólogo René Poitevin, director de FLACSO Guatemala, habla, por ejemplo, del "fin de la luna de miel" mucho antes de los seis o nueve meses que se le conceden a todo nuevo gobierno. Y dice por qué: "muchos frentes simultáneos, poca coherencia y seguimiento de tantos temas, abiertos irreflexivamente, sin capacidad de respuesta de parte del equipo de gobierno, dispar en sus intereses y no bien avenido." El periodista Oscar Clemente Marroquín, ex-candidato a la Presidencia de la República y enemigo jurado del anterior gobierno de Alvaro Arzú, afirma que en el Presidente "destaca la claridad que tiene de la realidad nacional y de las deficiencias que nos impiden despegar, pero la mayor frustración es que, pese a ello, no resuelve la crisis." El también ex-candidato presidencial de la Alianza para una Nueva Nación -la izquierda ex-revolucionaria-, Alvaro Colom, es más duro en su apreciación: "El FRG es del pasado. Quien ganó las elecciones no fue sólo Portillo sino el FRG, y este partido está amarrado con el pasado violento de Guatemala. Los que creyeron que iba a darse un Gobierno de Portillo están soñando y ojalá renunciaran antes de que se los lleven entre las manos."


Portillismo vs Ríosmonttismo

Estos primeros 100 días han mostrado la tensa pugna entre el "portillismo" y el "ríosmonttismo". También en el gobierno anterior se hablaba de los "alvaristas" -gente de izquierda a quien el Presidente habría dado su confianza por su competencia- y los "panistas" -gente de derecha a quienes le preocupaba, por encima de todo, defender intereses partidistas y empresariales-.

En el Congreso ríosmonttista no prosperan las iniciativas portillistas, más acordes con los Acuerdos de Paz o con los Informes "de la verdad". No pasó en el Congreso la ley que declaraba el 26 de abril, fecha del aniversario del asesinato de Monseñor Gerardi, Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas. Tampoco ha pasado la incorporación del Informe REMHI y del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico al pensum escolar. Ni prospera en el Congreso la Ley que suprima el Estado Mayor Presidencial y cree una nueva estructura civil de seguridad para el Presidente. Ni avanza la consideración del proyecto de ley de Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Lo más destacable de esta penosa divergencia es que el Presidente Portillo, supuestamente "portillista", abandona el país tan frecuentemente y deja la Presidencia en manos del Vicepresidente Reyes López, evidentemente "ríosmonttista", tan beligerante y mordazmente confrontativo como para que su arrogancia espante a quienes desearían tantear las posibilidades de aliarse con el nuevo gobierno para hacer esfuerzos conjuntos por el bien común.


Las máscaras del Presidente

¿Qué hay detrás de tanta incoherencia? ¿Un Presidente errático? ¿Un Presidente tribuno, capaz de los mejores y más clarividentes discursos, pero incapaz de aunar fuerzas y de concretar propuestas en planes de gobierno? ¿O, lo que sería peor, un Presidente maniatado por un partido y por su caudillo, que lo habría llevado como candidato como se lleva a un testaferro para hacer un negocio que no se puede hacer en nombre propio? ¿O tenemos que ver en Portillo a un progresista fracasado, que mantiene el discurso de sensibilidad social, pero se ha convertido ya en un arribista sin mayores convicciones y con excesivas ambiciones de ascenso económico y social?

Ciertamente, falta una priorización de objetivos llevados adelante con coherencia y dialogante flexibilidad. Estamos en presencia de un gobernante que dispara en todas las direcciones, sin tener claras las prioridades y con gigantescos vaivenes a la hora de decisiones políticas definitivas.

Una encuesta de CID-Gallup a nivel nacional, publicada por "Prensa Libre" el 2 de abril, destaca la incertidumbre que tiene la población sobre quién manda realmente en Guatemala. El 33% responde que Ríos Montt es "el hombre fuerte". El 32% considera que ese "hombre fuerte" es Portillo. El 33% no sabe o no responde.


Azúcar amarga y oligopólica

El caso del azúcar ha sido significativo para valorar la gestión presidencial. El 24 de marzo se publicó el Acuerdo Gubernativo 121-2000, por el cual se permitía la importación de hasta 218.922 toneladas métricas de azúcar para consumo humano e industrial sin pagar el 20% de aranceles aduanales. La industria azucarera movilizó sus intereses, ocupó las carreteras de la Costa Sur con cientos de tractores y camiones sobre los que ondeaban mantas y posters donde expresaban su indignación, y llenó las páginas de los periódicos de campos pagados de protesta. Incluyeron, como muestra de lo popular de su causa, campos pagados de numerosos dueños de trapiches tradicionales. Es curioso que para presionar al gobierno utilizaran los mismos métodos de los sindicatos y las organizaciones populares que tanto critican.

El 4 de abril, el Presidente Portillo afirmó: "La idea no es pelear con los azucareros, pero si en el mundo podemos conseguir azúcar más barata, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entiendan que no vamos a permitir que persista una estructura oligopólica que siempre hace lo que quiere." Y añadió: "Ahora tienen un Presidente que no está comprometido con ningún grupo de poder".

Comenzó el diálogo. El 11 de abril se publicó en los periódicos el acuerdo: los azucareros se comprometieron a disminuir en 20 centavos de quetzal el precio de la libra de azúcar en el mercado y el gobierno a permitir la importación de tan sólo 5 mil toneladas métricas de azúcar, incrementables año con año según la apertura de los mercados internacionales.

El Presidente negó que se hubiera tratado de un "pulso" con los azucareros. Razonó que sólo si hay reciprocidad en otros mercados se puede proceder a suprimir aranceles para la importación. Y dijo de los azucareros: "Toda la vida, y no es la primera vez que lo digo, he reconocido a los empresarios de Guatemala que invierten aquí y se la juegan con el país." Más aún: "Los azucareros están en la disposición de competir, pero creo que tienen toda la razón de querer hacerlo en igualdad de condiciones y con reciprocidad." Finalmente, y refiréndose al incremento salarial que decretó en febrero, reconoció que "el sector azucarero, desde que salió publicado el decreto, ha pagado el incremento salarial."

Evidentemente, el diálogo resultó positivo. Pero no es positivo provocarlo con medidas de fuerza que dejan heridas o resquemores. Ni resulta fácil entender el cambio de lenguaje presidencial, en el que desapareció la caracterización crítica del sector azucarero como oligopólico.


Corrupción: sólo denuncias

Peor todavía que estos cambios súbitos de lenguaje y de política son los anuncios de lo que va a hacerse y no acaba de hacerse nunca. Un ejemplo típico es el de la empresa de telecomunicaciones TELGUA. Desde mucho antes de la campaña electoral, Portillo y el FRG levantaron la bandera de la reversión de un negocio supuestamente corrupto en el que el gobierno de Arzú habría vendido la empresa estatal ilegítimamente y con falta de transparencia a la empresa LUCA, en la que la familia Arzú tendría acciones mayoritarias. En marzo del 2000, el gobierno volvió a decir que el negocio fue "lesivo" para el Estado y que la nueva venta de TELGUA a TELMEX no impediría que el gobierno reclamara el replanteamiento de toda la operación.

El problema es que el gobierno ni publica extractos convincentes de la investigación sobre la venta ni emprende públicamente acciones jurídicas para cuestionarla y eventualmente recuperar TELGUA. Como dice Oscar Clemente Marroquín, con TELGUA "al gobierno le ocurre lo de la fábula del pastorcito y el lobo: tanto insistir en que va a hacer algo y al final nos damos cuenta de que todo queda en palabras. Eso nos hace pensar que en el tema de la corrupción, en general, no se pasará de la denuncia."


Fútbol, abono y bancos

Alvaro Colom es mucho más duro: "Los eferregistas son unos magos para el nepotismo, aunque lo que más me ha impresionado es la falta de transparencia, porque ganaron una elección como niños de primera comunión y ahora actúan como viles cabareteras, y ahí está lo de la Plaza de Toros, los fertilizantes, los depósitos en bancos de los amigos." Aunque la adjetivación de Colom no es la más adecuada, es importante el fondo al que apunta.

En la Plaza de Toros se va a construir un Polideportivo para el Mundial de Fútbol de Sala. No se han hecho licitaciones y se ha entregado ya la obra a las constructoras, declarándola de urgencia nacional. Toda la operación ha sido defendida por el Vicepresidente.

Los miles de toneladas de fertilizantes importados baratos a Guatemala para ser entregados baratos a los campesinos fueron embolsados por MAYAFERT, una empresa cuyo propietario, Suhel Turman, fue uno de los que financiaron la campaña de Portillo. El mismo Presidente aclaró así los rumores: "Es uno de los tantos hombres que me apoyaron durante mi campaña y eso no significa que haya asumido algún tipo de compromiso político con él." El Presidente dijo también que el país no se debe preocupar por cosas secundarias: a la población no debe importarle quién trae los fertilizantes, porque lo importante es que los campesinos puedan adquirir abono a precios más razonables que los de mercado. "Yo les aseguro que mi único interés es para con los más pobres y no sólo hacer negocios de beneficio personal," remató Portillo. ¿No sólo, pero sí también? ¿Habrá citado textualmente el periodista al Presidente?

Es difícil evitar la impresión de que estamos ante cierta manga ancha en cuestiones de honestidad. El Banco Metropolitano y el Banco Promotor, en los que Francisco Alvarado, otro de los financistas de la campaña de Portillo y amigo personal suyo, tendría grandes intereses, serían instituciones señaladas en el gobierno como preferenciales para depositar en ellas los fondos estatales. El Presidente Portillo desestimó las críticas sobre esta decisión afirmando que en su gobierno no se favorece depositar fondos "en equis o ye banco". Por otro lado, la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala han impuesto condiciones muy exigentes a estos dos bancos para rescatarlos de turbulentos mares financieros.


Gerardi dos años después

El 26 de abril se cumplieron dos años del asesinato de Monseñor Juan Gerardi. La Iglesia Católica celebró el acontecimiento con un triduo. El 24, una misa en Catedral, con la Conferencia Episcopal y el Nuncio. El 25, una noche cultural en la Plaza de la Constitución, con varias actuaciones, entre ellas la de Luis Enrique Mejía Godoy. El 26, visita a la tumba de Gerardi en la cripta de Catedral durante todo el día y peregrinación desde ella hasta la Parroquia de San Sebastián, donde fue asesinado, con vigilia, campanas y misa a la misma hora del crimen.

En ninguno de los tres actos, todos nocturnos, hubo más de dos mil personas. Interfirió con ellos la crisis del transporte. La gente tenía recelo de regresar a sus hogares caminando en horas de la noche. El 24, la homilía de Monseñor Julio Cabrera, obispo del Quiché, tuvo gran fuerza religiosa, valentía pastoral y compromiso con las recomendaciones del Informe REMHI y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Al final, el aplauso fue interminable. Cabrera desmintió enfáticamente al General Ríos Montt sin nombrarlo: "En Guatemala sí ha habido masacres." Ese día la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala entregó simbólicamente la versión popular del informe REMHI, titulada "Memoria, Verdad y Esperanza: Guatemala Nunca Más".


El General en su laberinto

Ha continuado su curso el proceso judicial abierto en Madrid al General Ríos Montt y a varios otros personeros de los regímenes de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores. El Fiscal de la Audiencia Nacional española instó a desestimar las acusaciones de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en base a que, con los Acuerdos de Paz, serían "cosa juzgada". Pero el Juez Ruiz Polanco decidió no aceptar la instancia del Fiscal.

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) -fundado en los años 80 para buscar a los desaparecidos- se adhirió a la acusación de Menchú y la amplió, quién sabe si con tino político y jurídico, acusando también al ex-Presidente Vinicio Cerezo y a su ex-Vicepresidente Roberto Carpio, entre otras personalidades. Muchas de las organizaciones pro derechos humanos y organizaciones religiosas de Guatemala han apoyado a Rigoberta Menchú, más todavía cuando un abogado, tradicional aliado de los militares, la ha acusado ante el Ministerio Público por "traición a la Patria".


Ríos Montt: "No lo van a lograr"

El General afirma que todos los señalamientos no le afectan en su vida personal "porque no tengo complejos ni padezco desequilibrio mental y tengo confianza porque cumplí con la ley. "Ya antes había negado que en Guatemala hubo masacres o genocidio. Niega ahora que hubiera una política de "tierra arrasada". Más aún, sostiene que "la tierra arrasada fue un plan de la guerrilla. Nosotros de ninguna manera podíamos hacerlo porque teníamos permanencia y consistencia en la población, no podíamos destruir a los que nos servían. La guerrilla avisaba que llegaría el Ejército, la gente se iba y después ellos quemaban los ranchos. Para mí ese fue el tipo de tierra arrasada." ¿Por qué lo están acusando? El General contesta: "Dicen que Efraín Ríos Montt es el hombre fuerte. Entonces, si rompemos al hombre fuerte se desmorona todo, suponen ellos, pero no lo van a lograr."

El General afirma todo esto con gran aplomo, a pesar de que en varios libros del General Alejandro Gramajo este ex-Ministro de la Defensa de Vinicio Cerezo (1985-90), protagonista de la guerra desde mucho antes, certifica que efectivamente la "tierra arrasada" fue la política del Ejército desde 1980 hasta 1982, siendo después sustituida por la política llamada "Fusiles y Frijoles", implementada bajo Ríos Montt. Fusiles o tierra arrasada y masacres para quienes no cooperaran, y fusiles y frijoles para quienes cooperaran. El estudio de Jenniffer Schirmer, de Harvard, "Intimidades de los Militares en Guatemala" muestra hasta la saciedad, con impresionante acuciosidad y acceso a fuentes, sobre todo del Ejército, la horrenda realidad que el General se empeña hoy en negar.


Posibles testigos en el caso Ríos Montt

Durante todo el mes de abril se ha mantenido destacadamente en los medios el caso abierto por Rigoberta Menchú. La Audiencia Nacional española comienza a indicar que es posible llamar como testigos a la diputada Ninneth Montenegro, viuda de uno de los desaparecidos en los 80; a Alfredo Balsells Tojo, uno de los Comisionados para el Esclarecimiento Histórico; al jesuita Ricardo Falla, antropólogo y autor del libro "Masacres en la Selva"; y a otras personalidades. Quienes pudieran encontrarse ante decisiones difíciles podrían ser otras personas que posiblemente serían llamadas también a testimoniar. Entre ellas algunos de los autores del Informe REMHI, como Edgar Gutiérrez y Ronalth Ochaeta, o del Informe del Esclarecimiento Histórico, como Otilia Lux de Cotí, los tres funcionarios actualmente del gobierno de Portillo.


El síndrome del miedo

Algunos se preguntan cómo es posible que frente a la acusación de Rigoberta Menchú, se responda con tanto cinismo. No hay que olvidar que la mitad de la población de Guatemala tiene menos de 20 años y no vivió los hechos que en el caso se están aireando. Tampoco hay que olvidar que la batalla contra la verdad se libró hace 20 años, cuando se tendió sobre Guatemala una cortina de silencio y una atmósfera de terror represivo que a nadie aconsejaba ni informar ni preguntar desde la capital lo que estaba sucediendo en el interior del país, mucho menos lo que ocurría en los departamentos fronterizos con México. Es sobre esta operación de silencio sobre la que hoy el General y sus adláteres construyen las negaciones de sus responsabilidades históricas. Mucha gente no quiere creer que en Guatemala se hayan cometido actos de tanta barbarie. Rigoberta ha acertado al decir que "si queremos una verdadera reconciliación, si no queremos venganza en el futuro, necesitamos destapar la verdad y enfrentar el síndrome de miedo que existe en cada esquina del país."

El caso obligó al General Ríos Montt a cambiar planes para sus vacaciones de Semana Santa. Suspendió su anunciado viaje a Francia e informó que descansará en el Caribe guatemalteco. "Había dicho que viajaría al Mediterráneo, pero no al de Europa sino al de América Central", afirmó con sorna, en una más de las típicas "frases cantinflescas, tan propias del ríosmonttismo" , según Oscar Clemente Marroquín. A pesar de que invoca a Dios como "su único abogado", estas frases no pueden ocultar el miedo del General. Está claro que Portillo va a ver entorpecida su gestión si no actúa pronto con gran prudencia y valentía ante la sombra que se cierne sobre el General y su pasado.


Caso gerardi: ¿quedará impune?

En el proceso sobre el asesinato de Monseñor Gerardi, los tres militares acusados por el fiscal, los oficiales Lima -hijo y padre- y el especialista Obdulio Villanueva, han sido careados con los testigos. Especialmente Villanueva, careado con un preso de la cárcel donde se encontraba, quien ha sostenido su testimonio de que Villanueva abandonaba la cárcel con frecuencia, pues gozaba de un régimen de privilegio. Declaró que también la abandonó el día del asesinato de Gerardi, no regresando hasta la mañana siguiente a las 6 de la mañana.

En los próximos días, la Juez Flor de María García Villatoro decidirá si también contra ellos, como contra el sacerdote Orantes y la empleada de Gerardi, Margarita López, se abre un juicio oral.

El Presidente Portillo ha declarado que lo que ha hecho "para esclarecer este crimen, que es una vergüenza nacional, ha sido reconocido internacionalmente". Helen Mack refuta: "No quiero parecer negativa pero no creo que el asesinato de Monseñor Gerardi sea resuelto a cabalidad". Y ello, porque no piensa que haya aún pruebas fuera de toda duda para ligar a los sospechosos con el crimen. Y de eso se trata en un juicio por asesinato: no puede caber dudas de que las pruebas vinculan a los asesinos con la víctima. Por eso, Helen Mack reitera: "Aunque haya sospechosos, creo que al final va a privar la impunidad."

La edición del 2000 del periódico de los Estudiantes Universitarios en la Huelga de Dolores, titulado "No Nos Tientes", publica un extracto de un presunto "Informe Secreto del FBI" sobre el Caso Gerardi. En ese informe el crimen se remonta a noviembre de 1997. Sea lo que sea de su verdad o verosimilitud, el "informe" vuelve a recordar una vez más que la escena del crimen fue irreparablemente contaminada en las horas que transcurrieron entre la del asesinato y la mañana del día 27. Y, aunque a partir de la reconstrucción más de un año después y de algunos testimonios, el fiscal pueda hacer algo, predomina la impresión de que sólo una fuerte presión del Ejecutivo sobre los Jueces logrará una sentencia. Por otro lado, se insiste en que no se ha llegado a los responsables intelectuales del asesinato.

El fiscal Leopoldo Zeissig afirma que hay otros responsables, pero dice que no está aún preparado para revelar sus nombres. El General Ríos Montt dice que "descarta casi por completo el móvil político". "Se me antoja pensar -afirma- que los que pensaban actuar lo hubiesen hecho antes de que se publicara el informe. Por eso, no veo el móvil político." Su hermano, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, Mario Enrique Ríos Montt, afirma, en cambio, que "el poder detrás del trono" ha impedido el esclarecimiento del asesinato, y ubica ese poder en "algunos sectores políticos, económicos, masónicos y militares".

Mientras tanto, la memoria de Gerardi se afianza más y más en la conciencia del país como la de un héroe de la verdad y por las paredes de la capital abundan ya los graffiti que lo recuerdan a gritos.

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