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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 217 | Abril 2000
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Guatemala

75 días de Portillo: mucho ruido y pocas nueces

No es tiempo aún para hacer balances. Sin embargo, ya hay signos que revelan estilos, vicios y futuros conflictos. Muy pronto, el nuevo Presidente ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que la "madre de todas las batallas" de la economía guatemalteca habrá que darla en el terreno fiscal. Difícil guerra en un país donde los ricos se niegan a pagar impuestos.

Juan Hernández Pico, SJ

Muy pocos hechos significativos han ocurrido en los primeros 75 días del gobierno de Alfonso Portillo. La noticia de que el Juez español, Guillermo Ruiz Polanco, de la Audiencia Nacional de Madrid, aceptó encargarse del proceso contra el General Ríos Montt y otros seis protagonistas de los años de barbarie en Guatemala, opacó cualquier otra noticia sobre el nuevo gobierno. Esto resulta revelador y significativo. Significa que la decisión tomada en Madrid es trascendental. Y significa también que el gobierno del Presidente Portillo no ha decidido ninguna acción que indique cuál será su rumbo. Pareciera que, en lugar de gobierno, lo que hay es una administración que realiza sólo las acciones más imprescindibles para que el país no se hunda, mientras busca desesperadamente hacia dónde enrumbar el barco.


Por las puertas que abrió el caso Pinochet

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, presentó en la Audiencia Nacional de Madrid acusaciones de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato extrajudicial y detención ilegal contra un ex-Presidente (Fernando Romeo Lucas García) y dos ex-Jefes de Estado de facto (José Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores), los tres Generales, y contra un civil ex-Ministro de Gobernación (Donaldo Alvarez Ruiz), un ex-Ministro de la Defensa Nacional (Aníbal Guevara), un ex-Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional (Benedicto Lucas García), un ex-Jefe de la Policía Nacional (Germán Chupina Barahona, también general), y un civil ex-Jefe del Comando 6 de la Policía Nacional (Pedro García Arredondo).

El período en que tuvieron poder todos estos personajes se extiende de 1978 a 1985. Es el período que señala la Comisión de Esclarecimiento Histórico como la etapa en que el Estado guatemalteco cometió numerosas y brutales violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en tiempo de guerra. Harta de buscar justicia en Guatemala sin encontrarla, Rigoberta decidió hacer uso de la puerta que el caso Pinochet ha abierto a la jurisprudencia internacional, a la globalización de una sólida conciencia sobre el respeto a los derechos humanos y a la extraterritorialidad en la persecución de los crímenes contra la humanidad. Rigoberta Menchú seleccionó varios casos: el asalto militar e incendio de la Embajada de España -donde murió su padre-, el asesinato con torturas de su madre y dos de sus hermanos, los asesinatos extrajudiciales de tres sacerdotes españoles Misioneros del Corazón de Jesús, y la desaparición de un sacerdote jesuita también español. Todos estos casos ocurrieron a comienzos de los años 80. La respuesta positiva la ha dado el Juez español -según afirma- porque los denunciantes no han acudido a los tribunales españoles "por capricho o frivolidad", sino después de otros intentos, "sin eludir la jurisdicción primigenia" de los tribunales guatemaltecos sobre estos crímenes.

Por su parte, organizaciones de defensa de los derechos humanos lanzarán en mayo ante los tribunales de Guatemala una acusación de genocidio contra el ex-Presidente Lucas García y en septiembre contra el ex-Jefe de Estado Ríos Montt. Y en estos primeros meses de la gestión de Portillo, el Estado guatemalteco aceptó ante la Corte Interamericana de Justicia su responsabilidad, tanto por una de las grandes masacres de aquel período, la de Las Dos Erres -aldea de La Libertad, El Petén-, como por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack en los años 90. Esto significa que deberá hacer todo lo posible para perseguir judicialmente a los autores de estos crímenes y preparar las condiciones para resarcir a las víctimas.


El General Ríos Montt al banquillo

Los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto en Guatemala no incluyeron una ley de punto final. Existe una ley de extinción de responsabilidad penal en contextos políticos, pero de ella están expresamente excluidos los delitos de desaparecimiento, tortura, ejecución extrajudicial, genocidio y todos aquellos crímenes contra la humanidad que aparezcan tipificados en los tratados internacionales a los que Guatemala se ha adherido.

En Guatemala, las reacciones ante este nuevo escenario de lucha contra la impunidad llenaron los medios con todo un espectro de opiniones: desde la de quienes niegan base a la acusación de genocidio o conceden legitimidad a buscar la justicia, pero creen que esto sólo llevará a reabrir heridas, odios y rencores, hasta la de quienes leen este acontecimiento como restaurador de la confianza en los tribunales y avivador de las esperanzas de las víctimas que esperan se les haga justicia. Opinaron también quienes quieren demandar a Rigoberta Menchú por traición a la Patria.

Con todo, lo más importante es lo más obvio. De los ocho acusados, el más relevante es el General Ríos Montt, electo recientemente a diputado y hoy Presidente del Congreso. Antes de poderlo someter a cualquier proceso habría que entablarle un antejuicio para ver si procede retirarle su fuero de inmunidad parlamentaria. Toda la Presidencia de Portillo podría quedar entrampada por las consecuencias de este proceso. Y la voluntad popular, fuente de poder, que eligió a Ríos Montt como diputado, se vería enfrentada con el Poder Judicial, tanto en Guatemala como en la arena internacional.


"Sólo le temo a Dios"

En conferencia de prensa, Ríos Montt afirmó: "Le temo a Dios y no a la Audiencia". La frase hizo el titular de muchos medios: "Ríos Montt: Sólo le temo a Dios." El General aceptó que la denuncia contra él se basa en derecho "de acuerdo con el Derecho español, probablemente". Después de estas primeras declaraciones, pasó a la defensiva y con poca compostura empezó a tildar a los periodistas de "fiscal" o de "señor fiscal", mientras respondía que era en los tribunales nacionales en donde, en todo caso, debería ser juzgado. Finalmente, cuando le preguntaron si la denuncia contra él era política, dijo que no quería responder y que tenía derecho a no hacerlo, aunque indicó que la proliferación de denuncias por delitos del pasado "es una manera de ganar bien, de mantenerse, se deben justificar los gastos. No sé si la economía se vuelve política o viceversa". Se refería a "la economía" de las organizaciones pro derechos humanos. Días después, afirmó que en Guatemala no ha habido ni genocidio "ni masacres", por lo que él no puede ser juzgado, desvirtuando así el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.


La historia real desplaza a la historia oficial

En las mismas fechas en que Ríos Montt era acusado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA responsabilizó al Estado salvadoreño por la impunidad en que se mantiene el caso del asesinato del Arzobispo Romero, 20 años después del crimen. Y la Universidad Centroamericana de El Salvador, dirigida por los jesuitas, pedía a los tribunales salvadoreños reabrir el caso del asesinato de los seis jesuitas y dos mujeres ocurrido en 1989, afirmando que la Ley de Amnistía fue inconstitucional, y acusando directamente a los cinco militares que ya fueron responsabilizados por este crimen por la Comisión de la Verdad en 1993, sumando a ellos al entonces Ministro de Defensa, General Larios, y al entonces Presidente de la República, Alfredo Cristiani, hoy presidente del partido ARENA.

Más allá de Centroamérica, en los Estados Unidos, se volvía a activar el caso del asesinato de Orlando Letelier. Y aunque ya el General Contreras y el Coronel Espinoza fueron condenados en Chile por este crimen, se comenzó a manejar la responsabilidad directa que tuvo en él Augusto Pinochet y la posibilidad de extraditarlo para que rinda cuentas. En Uruguay, el Presidente Batlle reconocía que su Presidencia pasaría a la historia si tan sólo resolviera para siempre los interrogantes sobre las víctimas de los brutales años del militarismo. El caso de los militares argentinos que se apropiaron de niños y niñas de las parejas apresadas y desaparecidas, y en Chile el caso de Pinochet están en pleno auge.

Así, la verdad viene pisándole los talones a quienes violaron los derechos humanos alegando para ello la razón de Estado. La Historia Real está imponiéndose a la Historia Oficial. La justicia está luchando por abrirse camino para darle la razón a las víctimas hasta ahora indefensas de los Estados autoritarios. Y ya sin guerra fría, se desmorona aquella distinción políticamente interesada entre el intolerable "totalitarismo" y el lamentable "autoritarismo", que Jean Kirkpatrick, profesora en Georgetown, Washington, y ex-Consejera de Seguridad Nacional del ex-Presidente Reagan, quiso transformar en un respetable concepto de la teoría política.


Guatemala padece problemas crónicos

Después de postergarlo en dos fechas previas, el Presidente Portillo pasó revista el 8 de marzo al estado de la economía nacional. Afirmó que el país está pasando por una etapa grave, producto de las actuaciones del sector privado, del gobierno y de la sociedad civil durante 50 años. Una valoración tan genérica es discutible: aquello de lo que "todos" resultamos responsables, no es al final responsabilidad de nadie.

"La economía -afirmó Portillo- no se resuelve por arte de magia. El país tiene problemas crónicos. En cuatro años haremos lo que nos corresponde". Reiterando el tema de su discurso inaugural sobre la reforma del Estado, llegó a decir que "no hay Estado en Guatemala que aplique la ley y lo poco que hemos tenido ha sido desmantelado." Probablemente hablaba de un Estado en quiebra y de una larga historia de evasión de impuestos a vista y paciencia del Estado.

Portillo dijo que el Estado sólo dispone de fondos para que los carros funcionen y para pagar el teléfono, la electricidad y los salarios, pues la mayor parte de los ingresos se destina a amortizar la deuda pública. Señaló que en los dos últimos años del gobierno de Arzú (1998-99) se perdió la disciplina fiscal y la deuda interna casi se duplicó, aumentando de 8 mil 900 millones de quetzales a 16 mil 100 millones. Afirmó que lo peor es que se trata de deuda a corto plazo, que el 88% de ella vence y tiene que ser pagada en el 2001. Dijo que no piensa hacerlo, "porque no lo aguantan las finanzas públicas". Anunció la renegociación. A pesar de confesiones tan dramáticas unos días después, el 31 de marzo, causó sensación la noticia de que la Junta Monetaria rescataría de la quiebra a dos bancos, propiedad de Francisco Alvarado Mc Donald, amigo íntimo del Presidente y fiador del contrato de alquiler de su casa. Dos de los hijos de este banquero son secretarios de la Presidencia.


El dedo en la llaga fiscal

El Presidente puso el dedo en la llaga. Afirmó que "para donde quiera que miremos el problema es fiscal" e instó a los guatemaltecos a comprender que "todos debemos pagar impuestos, pagar por la democracia, pagar por la paz". "El gasto -dijo- tiene problemas, pero el problema mayor es el ingreso". En línea con su discurso inaugural, enfatizó que eliminará los privilegios fiscales, que no habrá más amnistías y que no perdonará las multas. Anunció que el manejo de los fondos públicos se hará con transparencia. El Director de la Misión de la ONU en Guatemala (MINUGUA), Jean Arnault, felicitó al Presidente por ubicar el núcleo del problema en el campo fiscal.

El Presidente acusó a los gobiernos anteriores de haber gastado alegremente "sin determinar si el gasto se traducía en bienestar para la población". Esta política -indicó- provocó incertidumbre en el sector productivo, desconfianza en el sistema financiero e inestabilidad en la moneda nacional. Ratificó el recorte de un 10% del presupuesto actual, más de 2 mil millones de quetzales, y anunció que ésta será una "época de vacas flacas y todos nos tenemos que apretar el cincho". Explicó que históricamente fueron los sectores más desposeídos y desorganizados de la sociedad los que pagaron la crisis, pero que ahora todos pagarán por igual. Como en anteriores ocasiones tampoco en este discurso explicó cómo se va a llegar a la equidad que anuncia.


Apuesta por la austeridad

De golpe y porrazo, Portillo cambió la imagen de su Presidencia: de una volcada a las expectativas levantadas en su campaña y en su discurso inaugural a otra centrada en la austeridad: "No voy a dejar un país amarrado para el futuro ni con las generaciones comprometidas financiera y fiscalmente, y por eso quizá no habrá mucha obra, no van a ver al Presidente inaugurando chorros". Al día siguiente del discurso, después de haber aprobado el recorte presupuestario, los diputados de su partido, el FRG, se preparaban para viajar a sus circunscripciones, con el objetivo de desengañar a votantes y a funcionarios, especialmente a los alcaldes, reduciendo las muchas expectativas que habían alimentado en estas primeras semanas del nuevo gobierno.

Portillo propuso como objetivo de su política económica abatir la pobreza y proteger al consumidor. Dijo que en Guatemala el consumidor es esclavo y no rey. La idea parece más la letra de un corrido que la delineación de una política económica. El Presidente afirmó que al gobierno le toca "hacer política macroeconómica", y lo demás, la microeconomía, el empleo, los salarios, los precios, los debe "hacer el sector privado". ¿No estuvo bien, entonces, que el gobierno intentara meterse a decidir en el tema del salario mínimo y tenían la razón los empresarios del CACIF que rechazaron esa "injerencia"?


¿Qué política económica?

En la penumbra queda si el gobierno de Portillo aspira a devolver al Estado un papel principal en el campo de la economía, tal como parecería oyéndole hablar de que "en Guatemala no hay Estado", o si el nuevo gobierno se va a ajustar a la ortodoxia neoliberal.

¿Qué quiere hacer Portillo con los ingresos del Estado, una vez que dejen de ser el principal problema, si se logra un Pacto Fiscal auténticamente reformador? ¿Qué va a pasar con la educación, la salubridad, la salud, la infraestructura de comunicaciones? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? ¿Hacer solvente al Estado guatemalteco? ¿Reducir el déficit fiscal? Es importante una reforma fiscal, pero ¿para qué? El Presidente no lo dijo.

Portillo dice que su gobierno no va a entrometerse en la autonomía del Banco de Guatemala y que respetará su política monetaria, que va a fortalecer a la Superintendencia de Bancos para que la gente tenga mayor seguridad al ahorrar, que va a abrir la economía de manera que los empresarios puedan competir en el mundo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se van a superar 50 años de falta de inversión productiva, de falta de adquisición de nuevas tecnologías competitivas, de rezagos en el aumento de la productividad empresarial? Cada vez que surge en el horizonte el Tratado de Libre Comercio con México, por ejemplo, los empresarios productores guatemaltecos lanzan el mismo grito: "Dennos un poco de tiempo para hacernos competitivos". Llevan 50 años pidiendo tiempo.


Inaugurar "chorros"

Casi todo suena inconexo en el discurso del Presidente. Como si con ironías se resolvieran las cosas. Dice que no le vamos a ver inaugurar "muchos chorros", pero la realidad es que detrás de los "chorros" está el acceso al agua potable y sana, y con ella a la salud. Esta ironía recuerda la consigna de su campaña -"No se come con cemento"- que pretendía minar los efectos que en la infraestructura de comunicaciones había logrado el gobierno anterior. Ahora no mina a nadie. Sólo evoca al ex-Presidente Ramiro De León -hoy diputado del partido de Portillo-,inaugurando con cierta vanidad "chorros" y "chorros" en sus últimos meses de gobierno, y se cura en salud por no hacerlo él.


Desgaste de otro Presidente enojadizo

El 21 de marzo, en Puerto Quetzal, Portillo cumplía una promesa de campaña, al hacer llegar a los campesinos fertilizantes baratos. Cuando los periodistas le preguntaron sobre su cambio de actitud con la prensa, respondió: "Aquí no ha cambiado absolutamente nada. Los que han cambiado son ustedes y sus dueños. A mí no me han dado ni un descanso, ni el beneficio de la duda, no me han reconocido nada...". Luego, destacó: "He hablado siempre con la verdad, he sido muy abierto, pero realmente el Presidente también tiene que pensar, tomar decisiones, discutir...He estado discutiendo los problemas serios que vienen al país".

La pregunta y la respuesta se referían a que el Presidente ha desaparecido de la escena pública en varias ocasiones durante sus primeros 75 días, a veces hasta por una semana. Y "en este país de Guatebolas" -como diría el fallecido periodista Clemente Marroquín Rojas- todo se escucha: desde que Portillo ha estado realmente pensando sus estrategias porque al Presidente se le ha venido encima Guatemala con muchos más problemas de los que esperaba, hasta que, en algún momento, la "angustia" a la que se refirió en su discurso sobre la economía le llevó a "entrar en órbita", buscando consuelo en mesas de tragos con los amigos. Todo el mundo desea que la primera alternativa sea la verdadera. Portillo dio su propia versión y reveló que la crisis económica del país le había provocado en sus primeros 50 días de gobierno "quebrantos de salud en tres ocasiones".

En Puerto Quetzal, el Presidente salió al paso a los que lo acusan de no haber asumido aún en serio la Presidencia: "Dicen que ando en campaña. ¿Y qué? ¿Y no andan en campaña en contra mía? Pues vamos a ver de a cómo nos toca. Nos vamos a dar duro porque el país avance. Nos vamos a tener que enfrentar a quien nos tengamos que enfrentar." Sus respuestas revelan la misma arrogancia del ex-Presidente Alvaro Arzú, sólo que no al estilo de la oligarquía, sino al de la clase media. O peor, al estilo del matón de barrio.


Salario mínimo: debate con cavernarios

El mes de febrero estuvo marcado por el conflicto entre el gobierno y la empresa privada alrededor del salario mínimo. El Presidente anunció un aumento de 200 quetzales en el salario mínimo de los trabajadores del Estado, y en el de los trabajadores de la empresa privada del campo y la ciudad. La reacción de la empresa privada -o al menos de la que se agrupa en el CACIF- fue predecible. Un aumento obligado por decreto, y no basado en criterios de productividad, estaría destinado a producir desempleo y a ser devorado en su poder adquisitivo por un aumento mecánico en los precios.

Rara vez se le ocurre a la empresa privada del CACIF pensar si las tasas de ganancia en que se mueven los empresarios financieros, industriales o comerciantes son capaces de absorber los aumentos salariales "exigidos" por las condiciones angustiosas en que vive la mayoría de las familias trabajadoras. En Guatemala un medicamento ya de por sí carísimo (200 quetzales la cajita de 20 pastillas) puede subir en un mes a más de 300 quetzales sin que nadie pueda protestar.

A esta empresa privada rara vez se le ocurre pensar que la productividad es una magnitud de doble vía. Que se puede hablar tanto de productividad del trabajo asalariado -única de la que ellos hablan- como de productividad empresarial, la que se logra con la reinversión en equipo, en nueva tecnología, en mejor administración, en mejor información, en capacitación laboral, en mercadotecnia... La discusión sobre las relaciones de los factores productivos sigue estancada en Guatemala en la época de las cavernas.


¿Un pulso real o un globo sonda?

Algo tocó Portillo con su anuncio, algo muy sensible. Porque al siguiente día del decreto se inició la peregrinación de los altos personeros del CACIF a Casa Presidencial y al Congreso. Empezaron las discusiones sobre si el aumento debía dejarse totalmente a la buena voluntad de los empresarios. Sobre si debía ser resultado de un consenso dialogado. Sobre si llevaría a la quiebra a un determinado porcentaje de empresas. Los empresarios del CACIF ofrecieron una contrapuesta al Congreso y, tras unos días de silencio, Ríos Montt anunció que la propuesta del CACIF representaba una miseria en comparación con las necesidades vitales de los trabajadores.

A esas alturas del debate, los precios al consumidor habían entrado efectivamente en una espiral alcista, confirmando los presagios de los empresarios. Lo ocurrido no deja duda de que algo hay que reformar en la conciencia ciudadana de tanta gente sencilla dedicada al comercio, muchas de cuyas familias sufren por otros canales los mismos efectos de lo que algunas de ellas desencadenan en el mercado. Finalmente, el Congreso emitió un decreto aumentando el salario mínimo de los trabajadores de la empresa privada en una proporción mayor de la que los empresarios habían ofrecido, aunque menor a la que el Presidente había propuesto y, de hecho, decretado para los empleados del Estado. Al CACIF le faltó tiempo para presentar ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de amparo.

Sea cual sea el dictamen de la Corte, es importante analizar qué significó este pulso del Presidente y del Congreso con los empresarios del CACIF. ¿Fue simplemente un intento coherente de política social sin mayor competencia técnica? Porque de aumentos salariales había hablado ya Berger en su campaña presidencial y Portillo y el FRG lo habían tachado de demagógico. Una vez derrotado Berger, ¿consideró Portillo que era bueno recoger una bandera que al fin y al cabo responde a un anhelo popular? Pero, ¿por qué hacerlo sin estudiar a fondo el modo de enfrentar el problema salarial sin provocar la dinámica alcista en los precios del mercado? Tal vez porque el conflicto sobre el salario mínimo fue sólo un globo sonda para explorar las reacciones que tendrá la empresa privada cuando se inicie el camino que debe conducir al Pacto Fiscal.


Impuestos: el tema tabú

Los personeros del CACIF se mostraron exultantes ante el informe del Presidente sobre la economía. Les pareció valiente su reconocimiento de que "estamos en una crisis nacional, como lo hemos pregonado en los últimos 40 días". "Aceptamos totalmente la responsabilidad que nos toca, estamos listos para competir siempre y cuando haya reciprocidad, que Europa y Estados Unidos hagan lo mismo a nuestros productos", dijeron, afirmando que "el mensaje del Presidente es valiente y correcto en toda su plenitud".

Uno de los medios más importantes del pensamiento conservador guatemalteco, "La Prensa Libre", reaccionó con notable acritud ante la afirmación central del informe del Presidente Portillo sobre la economía: la madre de todos los problemas está en el terreno fiscal. En todos los países del mundo civilizado, excepto en Guatemala, se acepta que sin una estructura fiscal sana, de la cual es parte importante una estructura tributaria seria y equitativa, no hay Estado que funcione, que cumpla con su deber de crear un entorno propicio al mercado y también el necesario contrapeso social a lo que el mercado no puede hacer. En Guatemala no es así. El editorial de "La Prensa Libre" del 11 de marzo advertía: "De las lamentaciones del Presidente Portillo en su discurso acerca del estado de la economía, se trasluce la intención del Gobierno de seguir apretando con los tributos, no sólo a través de cercar la evasión fiscal, sino mediante la creación de otras cargas."

El tema de los impuestos es tabú para la derecha. La postura "antiimpuestos" es tan agresiva que se llega a decir que "es una insensatez trazarse elevados objetivos en infraestructura o servicios si antes no se garantizan las fuentes que habrán de producir tales recursos". Es decir, cuando los impuestos están en el horizonte, incluso el objetivo liberal del Estado productor de servicios se derrumba. Con este pensamiento, al Pacto Fiscal le esperan días de enorme tensión.


Logros: caso Gerardi y algunos más

Algunos logros ha tenido el gobierno de Portillo en sus primeros 75 días. La Secretaría de Asuntos Estratégicos está depurando a su personal. Según su titular, Edgar Gutiérrez, se está retirando de ella a cualquier funcionario con un historial dudoso en Derechos Humanos y se está tratando de desmilitarizar el oficio de informar al Presidente. El General Otto Pérez Molina pidió la baja del Ejército y proclamó su discrepancia y "la de los que no pueden hablar por estar de alta" con las decisiones del Presidente de dejar al Ejército sin la experiencia de sus oficiales generales.

Bajo el impulso del Presidente, el Ministerio Público, autónomo en sus funciones, reactivó el proceso sobre el asesinato del obispo Juan Gerardi. Dos militares -hijo y padre-, uno de alta en el Estado Mayor Presidencial, y otro de baja del Ejército, están presos. Hace tiempo que numerosos indicios los hacían sospechosos. Otro militar estuvo también preso, pero la jueza encargada del caso aceptó su coartada de que estaba en la cárcel la noche del asesinato.

El fiscal Zeissig sigue tratando de probar que como el régimen carcelario era suave pudo haber tomado parte en el crimen. Tanto el sacerdote Mario Orantes como Margarita López, la cocinera de la casa de Gerardi han vuelto a ser acusados, él de asesinato y ella de complicidad y encubrimiento. La Jueza Flor de María García Villatoro ya decidió que tanto López como Orantes deberán ir a juicio para solventar su culpabilidad o su inocencia. Todos los rumores apuntan a que no se ha llegado a la cumbre de los autores intelectuales, que parecen encontrarse entre militares de alto rango, en activo y en retiro. El Presidente Portillo está comprometido a impulsar la resolución del caso.


Pacto de gobernabilidad

El Ministro de Educación ha anunciado la asignación de 44 millones de dólares para una campaña extraordinaria contra el analfabetismo. El recorte en un 10% del presupuesto parece haber sido una medida valiente, pues sustrae fondos para poder realizar programas que generan gran expectativa popular. El Ministerio de Defensa, el de Comunicaciones, la Universidad de San Carlos, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría de Cuentas, son algunos de los rubros afectados, los tres últimos muy polémicos. Aunque los más polémicos recortes son algunos de los hechos a fondos sociales y a fondos para el aumento de la recaudación tributaria.

La Convocatoria al Pacto de Gobernabilidad, dentro del cual se incluye el Pacto Fiscal, es otro logro muy importante. Se quiere llevar la discusión al nivel de las municipalidades y desde allí traerla al nivel de los Consejos Departamentales de Desarrollo y de ahí al ámbito capitalino de las organizaciones de la sociedad civil. Éstas no están de acuerdo porque piensan que deben participar en el diálogo en la dimensión municipal y desde el comienzo.


Demagogia y modificación de leyes

Hay otros errores y varios pasos negativos. La tendencia del Presidente a actuar demagógicamente podría ser el más grave. Mientras en su discurso inaugural dio como ejemplo del recorte del presidencialismo la presentación desde las bases de candidaturas, sobre todo femeninas, para las gubernaturas, cuando hubo que poner en duda la legalidad de los nombramientos de gobernadores, Portillo acotó: "¿Qué importa? Al cabo, los gobernadores no tienen mucha importancia".

No se han notado avances en la seguridad ciudadana. Ha habido fugas de la penitenciaría de peligrosos delincuentes ya condenados, implicación de policías en actos delincuenciales y, sobre todo, prepotencia de policías contra ciudadanos, terminando algún caso en delitos y muertes. La presencia del Presidente Portillo entre los vendedores ambulantes de una calle de la capital, al día siguiente del homicidio cometido por un policía contra uno de ellos, dijo mucho de su capacidad de transformar un conflicto en un acercamiento al pueblo.

La modificación por el Congreso de leyes con dedicatoria personal no augura nada bueno. El General Efraín Ríos Montt podrá reelegirse en la Presidencia del Congreso tres veces -el reglamento prohibía la reelección-. El Juez Baudilio Portillo puede continuar como jefe de la Policía Nacional Civil porque la modificación aprobada a la ley permite "asimilarlo" como Comisario de Policía. Hay otros ejemplos, siendo el más importante la modificación de la Ley de la Contraloría para destituir antes del final de su período al Contralor, que sin haber hecho un gran trabajo, algo ha hecho. El camino hacia la destitución del Procurador General de la Nación -el abogado del Estado- que conllevó una comparecencia ante el Presidente en funciones, Reyes López, sólo sirvió para mostrar la arrogancia rayana con la patanería de este alto funcionario ríosmontista.


Queda mucho por hacer

El Congreso declaró el 26 de abril, día del asesinato del obispo Juan Gerardi, como Día de la Dignidad de las Víctimas. Mientras, en Joyabaj, al sur de El Quiché, se descubría otro cementerio clandestino, en el interior del convento parroquial donde fue asesinado el P. Faustino Villanueva. La recomendación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de que el Estado colabore a la exhumación de restos en los cementerios clandestinos aún no se está cumpliendo, y en algunos lugares esta actividad sigue siendo muy polémica, porque víctimas y victimarios -miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil- conviven juntos.

El paso a disponibilidad de todos los generales en activo no ha significado necesariamente un cambio estructural en el Ejército. Estos generales han recibido nombramientos en el exterior y cuando el Coronel Juan de Dios Estrada, Ministro de Defensa, sea ascendido, podrán en teoría volver a ocupar puestos de mando.

Mientras, no se ve que avance en el Congreso la nueva Ley Constitutiva del Ejército ni tampoco la que sustituye al Estado Mayor Presidencial por una estructura de corte civil. Más aún, personeros del Gobierno han dicho que esta transformación llevará aún mucho tiempo. El Ejército sigue interviniendo en la seguridad interna del país. Está en las calles junto con la Policía. Nadie puede oponerse a ello con la letra de la Constitución en la mano. Y para colmo, la reforma constitucional que lo podía haber hecho, fue derrotada en mayo del 99 junto con el resto de las reformas constitucionales. Para cumplir con la letra y con el espíritu de los acuerdos de paz bastaría con abstenerse de usar al Ejército en la seguridad interna. El gobierno de Portillo no se está absteniendo. Está demasiado desgarrado por la contradicción entre el FRG de Ríos Montt y Reyes López y el portillismo de Gutiérrez, Calderón, el Chino Reyes, Torres, etc.

Mientras llega la hora del Pacto de Gobernabilidad y del Pacto Fiscal, lo más importante que tiene entre manos el Gobierno está en el Congreso: las Reformas a la Ley Electoral. Los Acuerdos de Paz también las reclaman. Y en el año 99, año electoral, también fracasaron. Acercar las urnas a los votantes según domicilio, unificar en un documento nacional de identidad el acceso al voto, depurar el padrón electoral, poner techos a los costos de las campañas, ofrecer a todos los contendientes el mismo espacio en los medios, desvinculándolo de los favores del monopolio televisivo, son algunas de las medidas para hacer más democráticos los procesos electorales. Frente a ellas, el FRG, el PAN y la ANN se juegan la credibilidad que les queda.


Primera encuesta y el beneficio de la duda

De todas formas, no es aún tiempo para hacer balance. El domingo 27 de febrero, los medios publicaron los resultados de la primera encuesta de opinión hecha por Borge y Asociados en zonas urbanas del Departamento de Guatemala, que incluye la capital. Transcurridos los primeros 45 días del nuevo gobierno, un 70% de los entrevistados dijo que es muy pronto para calificar al gobierno de Portillo, cerca de un 85% afirmó que ni el país ni su situación personal han mejorado, un 43% esperaba cambios en la situación nacional en seis meses y un 32% en un año. Una grave señal: un 38% dijo que Portillo está gobernando mal. Un 57% no estaba de acuerdo con esa afirmación.

Portillo ha pedido el beneficio de la duda. Es justo que se le dé. Pero los análisis señalan que no cuenta con mucho tiempo. Y él es consciente de ello.


Novedad en la Corte Suprema

Si bien una parte del Estado parece paralizada por una transición no fluida, no sucede lo mismo en la Corte Suprema de Justicia. En octubre se eligió una nueva Corte para un período de cinco años. De sus trece miembros, dos son mujeres. La Comisión que tuvo a su cargo presentar candidaturas al Congreso siguió un proceso novedoso. Trató, según la Fundación Myrna Mack, de "1)descontaminar el proceso de las influencias político-partidarias, 2)imprimir transparencia a la selección y elección de candidatos, y 3) escoger a las personas que llenasen un perfil básico idóneo: legitimidad política y social, honorabilidad, excelencia académica y experiencia profesional."

Al actuar así, la Comisión siguió los lineamientos de la Comisión Nacional para el Fortalecimiento de la Justicia, creada para cumplir con los Acuerdos de Paz en 1997. Esta Comisión sigue hoy actuando a través de su sucesora, la Comisión para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia.


La lucha contra la impunidad

La impunidad que se desencadenó cuando los códigos y las normas que rigen nuestra convivencia y relaciones fueron violadas sin que hubiera ninguna sanción eficaz, pretende hoy ser combatida no sólo desde el Estado sino también desde la sociedad civil.

La Fundación Myrna Mack ha detectado estos "eslabones de la impunidad": "la corrupción, la intimidación a operadores de justicia" (policías, fiscales, abogados, jueces, guardas penitenciarios), "asuntos de orden legislativo y el problema del denominado secreto de Estado." Afirma la Fundación que la lucha contra la impunidad y contra "los Poderes Ocultos y las Estructuras Paralelas" al Estado que intentan sostenerla, no puede ser asunto sólo del mismo Estado sino también de una sociedad civil comprometida con la profundización de la democracia y con un nuevo código de ética inalterable.

La misma Fundación Myrna Mack ha detectado como fuentes de intimidación: a miembros de organismos de la seguridad del Estado y a militares o paramilitares (30%), a personas desconocidas (32%), y a gente relacionada con el crimen organizado (21%). La gravedad de la situación es evidente. Recordemos que sólo en el caso del proceso del obispo Gerardi, un fiscal y un juez tuvieron que exiliarse por intimidaciones contra ellos y sus familias.


Mujeres y campesinos: nuevas voces

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, numerosas representantes de la Coordinadora 8 de Marzo, que aglutina a más de 50 organizaciones pro derechos femeninos, recorrieron las calles de la capital, y se hicieron presentes también en Cobán, San Marcos y Quetzaltenango. A pesar de haber llamado a las puertas de Casa Presidencial, ni el Presidente ni su joven esposa Evelyn las recibieron. Pedían la implementación de la promesa portillista de crear el Instituto Nacional de la Mujer para vigilar el cumplimiento de políticas públicas a favor de las mujeres. En el Congreso, sólo la diputada de ANN, Nineth Montenegro, las recibió. Los altos precios de la canasta básica estaban entre sus principales denuncias. También el Pacto Fiscal estaba entre sus preocupaciones. Destacaba su demanda de aprobación del reglamento de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que va en aumento de la mano de la crisis económica.

Un día después, varias dirigentes de movimientos femeninos denunciaban el avance de los delitos sexuales contra las mujeres. Las mujeres demandan que se aumenten las penas para sancionar estos delitos y se apoye a las mujeres para que rompan el silencio y los denuncien.

El problema de la tierra sigue candente. Más de 10 mil campesinos marcharon sobre la capital el día 31 de marzo, en el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. El 90% de los que marcharon eran indígenas. El resto, ladinos pobres. Según "La Prensa Libre", cuatro de cada diez eran mujeres y uno de cada diez niños y niñas. Fueron recibidos con dignidad y respeto en el Fondo Nacional de Tierras. No fueron recibidos en el Congreso. Y algunos funcionarios los recibieron en Casa Presidencial: Rubén Calderón, secretario de la Paz y Pedro Pablo Palma Lau -ex-Comandante guerrillero-, director de CONTIERRA, organismo dedicado a resolver los conflictos de tierras. De la reunión salieron satisfechos. Su consigna en la marcha fue: "Un campesino sin tierra es un campesino sin paz". La convocatoria la hizo la CONIC, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina.

La voz de las mujeres y la de los campesinos es la voz de la sociedad civil, que empieza a organizarse. Sólo haciendo real la democracia desde una sociedad civil organizada se logrará suplir las ineptitudes y lentitudes de los gobiernos, sea cual sea el signo con el que se identifiquen.

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